El conflicto con empleados estatales en Chubut, agravado por la trágica muerte de dos trabajadoras de la educación en un accidente de tránsito esta semana, concentró la atención del país y motivó reacciones sindicales a nivel nacional. Con distintos grados de intensidad, la conflictividad se extiende a otras provincias entre estatales, docentes, empleados de la salud, trabajadores municipales y de servicios públicos.
Según un relevamiento realizado por PERFIL, al menos en 15 provincias existen conflictos abiertos de diversa magnitud. Con las elecciones presidenciales como trasfondo y el delicado cuadro económico que atraviesa el país como contexto, gremialistas advierten por un posible efecto dominó.
El pago de salarios, los subsidios y el deterioro marcado del poder adquisitivo, además de problemas puntuales como el incidente vial en Chubut o el ataque contra agentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, amenazan con crispar aún más los ánimos. La pelea nacional por la presidencia y el difícil cuadro político que dejaron las PASO, con un Gobierno debilitado tras la derrota por un margen inesperado, abonan un terreno ya fértil.
Los dos distritos más importantes que pone en juego el oficialismo, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, no son ajenos al “efecto Chubut” pero están lejos por ahora de la intensidad que se registra en otras jurisdicciones. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta enfrenta protestas de agentes de tránsito tras la muerte de Cinthia Choque, embestida por un auto que intentaba escapar del control el 8 de septiembre pasado, que dejó en evidencia la precariedad del mecanismo de contratación de los efectivos –en su mayoría monotributistas– y motivó protestas que continuaron esta semana.
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En la Provincia, en tanto, el gremio de trabajadores estatales ATE prepara para los primeros días de agosto un paro en reclamo del ajuste de sus salarios, según confirmó a PERFIL el titular nacional del sindicato, Hugo Godoy. “Si no se resuelve la situación en Chubut con una acción concertada del gobierno nacional y el provincial, se va a producir un efecto dominó; se transfirieron responsabilidades a las provincias sin los recursos correspondientes y la creciente pobreza impacta en la demanda de servicios, esto hace que en las provincias se agudice la conflictividad y el Estado nacional no se puede desentender”, apuntó el dirigente.
Mapa de conflictos. En varias provincias, la conflictividad se extiende en el sector municipal. En Santa Fe, la federación de municipales (Festram) se declaró en estado de alerta y movilización “en solidaridad y respaldo con los compañeros y compañeras que sufren penurias por la falta de pago en tiempo y forma de sus salarios”, mientras el gobernador Miguel Lifschitz solicita 1.000 millones de pesos al gobierno nacional ante la amenaza de paro por el problema de pago en los salarios, que se repite en varias localidades.
En Catamarca hubo un paro la semana pasada y se abrió una negociación por el bono que los trabajadores demandan. También en Jujuy los municipales que dirige Carlos "Perro" Santillán reclaman un ajuste de sus haberes. Mientras que en Córdoba, una protesta de los trabajadores de la empresa de energía provincial (EPEC) terminó con incidentes. En este caso, la pelea se mezcla con una causa judicial que motivó esta semana el allanamiento de la sede de Luz y Fuerza.
Santa Cruz registra conflictos en las localidades Pico Truncado, Gobernador Gregores y Las Heras; a su vez, ATE impulsa protestas en el Instituto de Energía provincial, en Río Turbio y en el sector de salud.
En Corrientes y Chaco, en tanto, hubo un conflicto con colectiveros que motivó la intervención de las autoridades, además de reclamos salariales en diversos sectores de las administraciones local y provincial. Mientras que en Neuquén y Río
Negro se elevó la tensión por el despliegue de gendarmes en Vaca Muerta, medida que generó una amenaza de paro de la CTA Autónoma.
