La Justicia realizó el jueves un allanamiento a una empresa que está siendo investigada por supuestas irregularidades en un contrato de fotomultas con la Municipalidad de Morón, durante la gestión del exintendente Ramiro Tagliaferro.
El Juzgado de Garantías número 1 de Morón ordenó un operativo policial para requerir a las autoridades de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) documentación sobre el contrato que habían suscripto con el municipio de Morón entre 2018 y 2019. En esos dos años, según reclaman las actuales autoridades municipales, se cobraron multas de forma irregular ya que se había caído el convenio de la cámara con la UTN, universidad con la que se había suscripto el contrato para las fotomultas.
La orden judicial requirió la documentación pertinente sobre la “provisión de equipamientos” y la “recaudación por infracciones de tránsito”, así como “el contrato firmado con la Municipalidad a través de la Universidad Tecnológica Nacional, facultad regional La Plata, desde el año 2018 hasta el corriente año”.
La causa fue iniciada por un vecino de Morón que descubrió una irregularidad en una multa. La Justicia descubrió que el convenio que la Municipalidad había firmado a través de la UTN no estaba vigente, y que la cámara no estaba homologada y la multa era cobrada directamente por la empresa.
Denuncian al ex intendente Tagliaferro por irregularidades en la contratación de fotomultas
El intendente de Morón, Lucas Ghi, apunta contra la responsabilidad de Tagliaferro, su antecesor en el cargo. “No me extrañan los hechos de corrupción que atañen a Tagliaferro. Él tiene que responder por el contrato y esperamos que la Justicia lo cite a declarar”, señaló a Perfil Diego Spina, secretario de Gobierno de Morón.
Mientras el Frente de Todos cuestiona al exintendente de Cambiemos, la Justicia pone la mira en Cecaitra, que tiene contratos con gobiernos municipales y provinciales en varios puntos del país y ya tuvo varios problemas con la Justicia.
Por caso, en Mar del Plata la cámara tuvo denuncias por supuestas irregularidades. A fines de 2019, durante el mandato de Carlos Arroyo, el contrato con la Municipalidad quedó en suspenso. El mes pasado, el bloque de la UCR en el Concejo Deliberante pidió que el Ejecutivo informe el domicilio legal y los responsables administrativos y técnicos de Cecaitra, así como las fotomultas registradas y los motivos por las cuales se ejecutaron a pesar de no contar con el análisis y evaluación de la Comisión de Seguimiento.
Perfil se comunicó con la cámara, pero no quisieron hacer declaraciones al respecto.
