Se espera que en febrero o a más tardar en marzo se llegue a una definición en una de las causas más sensibles relacionadas con la investigación del atentado de la AMIA, el juicio de encubrimiento que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2. Parte de este proceso fue investigado por Alberto Nisman, a pesar de que hoy quienes defienden su figura cuestionan el juicio y sus detractores están entre los principales impulsores de las condenas.
La definición deberá llegar pronto, porque ya se ha concluido con los alegatos y solo falta que algunos de los imputados ejerzan su derecho a una última palabra antes del fallo definitivo. Pero el tribunal maneja los tiempos sin anticipar a las partes, por lo que aún unas cuantas sesiones más habrá luego del final de la feria judicial en febrero.
En el banquillo de los acusados están, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge Alberto Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y los ex fiscales Eamon Muller y José Barbaccia, quienes habían trabajado en la causa a la par de Nisman, hasta que el fallecido fiscal fue puesto como la figura central de la UFI AMIA durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En la causa, las querellas de familiares de Memoria Activa, Apemia y 18F han pedido fuertes condenas para todos los acusados. Mientras que las querellas de AMIA y DAIA han presentado fuertes reparos y pidieron la recusación del fiscal Roberto Salum. El abogado de Memoria Activa en el juicio, Rodrigo Borda, contó a PERFIL que su expectativa es que “haya condena para todos en los términos solicitados, porque está probada la responsabilidad de todos los acusados en delitos gravísimos que impidieron que conozcamos la verdad de lo sucedido el 18 de julio de 1994”.
El proceso apunta a dilucidar dos cuestiones separadas. Por un lado, el pago de 400 mil pesos al desarmador de autos Carlos Telleldín, quien se cree vendió la camioneta Traffic que fue usada en el atentado contra la mutual judía en la calle Pasteur. Lo que deberá definir el veredicto es si este pago realizado con fondos de la ex SIDE tuvo como objetivo crear una falsa pista sobre el involucramiento de los policías bonaerenses que fueron detenidos y luego liberados. Esta parte del juicio se inició en 2000 por una denuncia de Ricardo Gil Lavedra ante la emergencia pública del caso del pago.
Además, se evalúa si existió una operación orquestada desde lo más alto del poder para desviar la investigación sobre la denominada pista siria, que involucra al ciudadano de origen Alberto Kanoore Edul. Los querellantes sostienen que el hermano menor del ex presidente, Munir Menem, intercedió ante el entonces juez Galeano para que no investigara a esta persona emparentada con la entonces familia presidencial. Esta investigación surgió por iniciativa de un trabajo conjunto realizado por Alberto Nisman y el hombre fuerte de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso.
Cómo llegó Nisman a la causa AMIA y por qué acusó luego a Cristina Kirchner
Una interna desatada en Cambiemos
El juicio de encubrimiento es la derivación de la causa AMIA que despertó más problemas internos en el oficialismo. La diputada Elisa Carrió, aliada del presidente Mauricio Macri, apuntó contra el ministro de Justicia Germán Garavano porque lo acusó de una maniobra para que el Estado desista de acusar en este proceso a los ex fiscales Mullen y Barbaccia. El enojo de la líder de la Coalición Cívica se desató cuando despidieron a su abogada Marina Stillman, quien participaba de la querella de la Unidad AMIA (que depende del Ministerio de Justicia) en junio último. La diputada apoyó una denuncia contra el Gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este caso.
También se enfrentó al ministro el ex secretario radical Mario Cimadevilla, designado en la Unidad AMIA (diferente de la fiscalía, denominada UFI AMIA, que no depende del gobierno) con rango de secretario. En su caso, lo acusó ante la Justicia Federal.
