Es probable que el protagonismo de los sindicatos desde la fundación del Partido Justicialista sea la continuidad histórica más fiable para comprender el peso adquirido en su estructuración como fuerza política y la incidencia que tuvieron en la estabilidad del sistema democrático en dos momentos: el 10 de diciembre de 1983 y el del 2015, cuando la expectativa de futuro de la sociedad le fue ajena, tras una experiencia de frustración colectiva bajo su signo.
Los dos casos fueron precedidos por momentos trágicos: el golpe cívico-militar contra el gobierno constitucional de Isabel Perón del 24 de marzo de 1976 y la crisis económica que derivó en la caída del que encabezó Fernando de la Rúa con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001.
A la distancia, era objetivamente lógico que Raúl Alfonsín derrotase a Italo Luder. Confirmado meses antes al frente la UCR, pudo capitalizar su capacidad para procesar el presente político como no supo hacerlo el PJ. El liderazgo indiscutido de Alfonsín en el radicalismo se amplió hacia otros sectores sociales por un hecho clave. La denuncia de un pacto de impunidad recíproca entre militares y dirigentes gremiales para eludir cualquier castigo por lo actuado en la represión ilegal.
La impotencia para desmentir que esa aparente componenda tendría lugar con una victoria peronista terminó de hundir las posibilidades de Luder más que la compañía del sindicalismo que rodeó a Isabelita hasta el final de su gobierno. Eso lo convirtió en uno más de los rostros visibles de Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM y conductor de los gremios afines que orbitaban en las 62 Organizaciones.
Sobrepasado por ese entorno, Luder le había ganado la pulseada a Antonio Cafiero. El más destacado de los economistas de consulta para Miguel. De modo tardío, Cafiero intentó ir por la candidatura a la Gobernación bonaerense que el metalúrgico había acordado con Herminio Iglesias. Con el aval tácito de Miguel, ese antagonismo con Herminio le permitió a Cafiero trabajar en la recreación de un peronismo capaz de competir electoralmente con Alfonsín.
Parece imposible que Alfonsín no supiese que el respaldo a la regeneración institucional que alentaba dependía del éxito del programa económico. “Con la democracia se come, se cura y se educa” sigue siendo la consigna más recordada de su campaña electoral. Fue una expresión de deseos. Insuficiente para controlar a los mercados.
Renovación. Ni tampoco al peronismo que, sin embargo, participó de la defensa de su gobierno contra el alzamiento militar de los “carapintadas” en abril de 1987. A cinco meses de las cruciales elecciones a gobernador en todas las provincias argentinas. La irrupción alrededor de Cafiero de dirigentes entre los que se destacaron José Luis Manzano, Carlos Grosso y José Manuel de la Sota, fue decisiva para ese respaldo a Alfonsín desde la renovación peronista.
Una corriente interna del PJ sustentada en la democracia interna de esa fuerza, los acuerdos parlamentarios y la convivencia con la UCR. Lo que no persuadía tanto a otra, Federalismo y Liberación, acaudillada por Carlos Saúl Menem y a la que se acercaba el intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde, cautivado por el carisma del gobernador riojano.
Igual que José Rodríguez de Smata, Miguel confiaba en que Cafiero no iría con la renovación mucho más lejos que un refresh de caras para convencer a la sociedad que cedían terreno a políticos democráticos. Por eso desconfiaban de Grosso, De la Sota y sus planteos para limitar su injerencia en el PJ.
Entre otras razones, las duras posiciones del cordobés contra Miguel decidió el respaldo de los gremios peronistas a Menem. El 9 de julio de 1988 derrotó a Cafiero en la única oportunidad que el PJ resolvió quién debía ser candidato presidencial por elecciones internas. Ese resultado precipitó un viraje de Cafiero en el gobierno bonaerense expresado en un cambio de gabinete: Rafael Romá y Ginés González García ocuparon los Ministerios de Acción Social y de Salud.
Romá y García respondían a Naldo Brunelli, legendario jefe de la delegación San Nicolás de la UOM que resistió la privatización de Somisa, finalmente adquirida por el grupo Techint. Más tarde se incorporaría al Ministerio de Gobierno, José María Díaz Bancalari, histórico jefe de la obra social de los metalúrgicos en esa localidad.
Fue casi una metáfora del método sindical para resistir el salto tecnológico en el universo de la producción iniciado a fines de los 80: con excepciones, apelaron a una retórica combativa para entregarse con mansedumbre a los cambios derivados de la globalización que negociaron sin propuestas innovadoras de su rol en ese proceso. Y de un nuevo mundo del trabajo alrededor de ese fenómeno económico.
En parte, es lo que explica la aparición en los establecimientos fabriles de una izquierda ligada a las reivindicaciones de nuevas generaciones de asalariados. Entre ellas, la de una representación más genuina de sus intereses a la ejercida por arquetipos de la Tercera Edad perpetuados en sus cargos con procedimientos cuya transparencia siempre deja margen de dudas.
Atracción. El atractivo de las cajas sindicales no basta para explicar la inclinación inercial a que esa experiencia pueda volver a repetirse. Con el clan Moyano detrás de la candidatura presidencial de Felipe Solá. O con Ricardo Pignanelli del Smata bajo la sombra de Daniel Scioli, dispuesto a tentar suerte de nuevo con esa postulación. Apuntalado por Julián Domínguez, tentado también de volver a ir por la de gobernador bonaerense.
Domínguez, claro, es asesor de Pignanelli. Y autorreivindicado amigo del Papa. Los intendentes del Conurbano que predominan en el peronismo bonaerense hacen su aporte con un discurso incomprensible para las nuevas audiencias de la posmodernidad. Sin embargo, el aspecto más incomprensible del retorno a esa matriz es, precisamente, su contravención a la doctrina peronista. Una filosofía de vida que guiaría sus pasos, pero que cuesta reconocer en una forma de organización vencida por el tiempo.
(*) Analista político.
