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Opinión

La hora del Acuerdo Social

El fundamento político del Acuerdo Social es la necesidad de enriquecer la democracia representativa con la democracia social participativa. 16 de octubre, 2020

La historia de un país se escribe a partir de los hechos relevantes de carácter político, social,  económico y cultural. El fenómeno popular ocurrido hace 75 años en la Argentina reúne todas esas  condiciones, de ahí el enorme impacto que tuvo en la vida de nuestro país, más allá de las diversas  valoraciones ideológicas. Políticamente, el empoderamiento del movimiento obrero, génesis del  peronismo, no significó sin embargo su evolución hacia la “dictadura del proletariado”. Por el  contrario, a partir de su concepción filosófica de la “comunidad organizada”, Perón propuso el pacto  social como su política de gobierno, para superar el clásico conflicto entre capital y trabajo. La  tercera posición del justicialismo, como modelo alternativo al capitalismo y al comunismo,  coincidente con la Doctrina Social de la Iglesia, se adelantó cincuenta años a las propuestas de la  tercera vía formuladas a fines del siglo XX. El Pacto Social estuvo presente en el Consejo Nacional de  Posguerra de 1944, en los dos Planes Quinquenales, en el Plan Trienal de Reconstrucción y  Liberación Nacional de 1973, y en el Diálogo Argentino de 2002, con el apoyo de Raúl Alfonsín y el  protagonismo central de la Iglesia.

Las instituciones diseñadas para el diálogo y la concertación social en las democracias  representativas son los Consejos Económicos y Sociales, órganos consultivos compuestos por  representantes de la sociedad civil organizada, sindicatos, empresarios y académicos, cuya finalidad  es orientar e influir con sus opiniones en las políticas públicas, dando mayor viabilidad a las  decisiones del gobierno. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la mayoría de los países que la  integran cuentan con Consejos Económicos y Sociales desde antes y después de la Segunda Guerra  Mundial. En 1946, el primer gobierno peronista crea el Consejo Económico y Social, y en el Modelo  que Perón presenta en 1974 como su testamento político, propone la creación de un Consejo para  el Proyecto Nacional, no solo ya para un acuerdo económico y social de corto plazo, sino para  construir un proyecto consensuado de Nación. Luego de la restauración democrática solo hubo  intentos de concertación de poco alcance y duración, en particular frente a las crisis recurrentes de  nuestra historia reciente: la Mesa de Concertación de 1984, la Conferencia Económica y Social de  1985 y el Diálogo Argentino de 2002. Y en 1994 se perdió la oportunidad de darle categoría  constitucional a un Consejo Económico y Social. Sin embargo, numerosas provincias los han  incorporado en sus Constituciones reformadas a partir de 1986.

Al asumir en 1987 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero afirmaba que  “la riqueza y la diversidad representativa de una sociedad no se agota en los partidos políticos, sino  que requiere de la participación de las entidades y organizaciones del pueblo, que necesitan ser  reconocidas en una estructura de poder como uno de los engranajes básicos de la democracia  moderna”. Considerando que la sociedad debe buscar a través del diálogo los caminos para su  desarrollo integral, incorporó como herramienta de su gobierno a la planificación, pero señalando  que la misma no debe ser ni el puño compulsivo del Estado ni la mano invisible del mercado, “sino  la mano guiada por una planificación indicativa, que tampoco puede quedar simplemente asignada  a las decisiones de la burocracia, sino que tiene que discutirse con los agentes de la producción y del  trabajo, o sea una planificación concertada”. Con tal propósito, se creó el Consejo para el Desarrollo  y la Participación Provincial, integrado por todas las fuerzas protagonistas del quehacer social y económico de la Provincia, los Consejos de Escuela, los Consejos de Seguridad, el Consejo Provincial  de la Mujer, los Consejos Municipales de Salud, y también de manera participativa se construyó el  Plan Trienal de Gobierno, con diversos ámbitos de participación ciudadana. La gestión provincial de  Antonio Cafiero fue un modelo de avanzada en la idea de una democracia deliberativa, donde lo  esencial no es solo la libertad de elegir los gobernantes, sino de opinar, de manifestarse  pacíficamente, de participar en las decisiones que nos afectan, entendiendo a la democracia como  un modo de vida, y no solo como una forma de gobierno.  

En una democracia moderna, el Acuerdo Social debe definirse como una política de Estado,  que haga de la concertación una herramienta central de la gestión política de cualquier gobierno, y  de la participación ciudadana, no solo política sino también social, su principal elemento de control  y de realimentación con la realidad. Esto significa una concepción estratégica de transformación del  Estado, desde un modelo burocrático de poder hegemónico instalado a partir de un triunfo electoral  más o menos mayoritario, a un Estado promotor y articulador de todos los intereses sociales. A  diferencia de la clásica “reforma del Estado”, que siempre fue sinónimo de ajuste, Cafiero propuso la “transformación” hacia un Estado verdaderamente democrático, institucionalizando formas de  democracia participativa en las distintas áreas del Estado provincial.  

Desde el punto de vista político, la gobernabilidad democrática requiere del diálogo social y  formas de decisión colectivas que permitan la participación, la negociación y regulación de los  conflictos entre actores con diferentes intereses. Por eso la dirigencia política no puede hacerlo sin  la participación de los actores sociales reales de la vida económica y social, ya que para alcanzar  acuerdos es necesario a partir del diálogo identificar valores, intereses y necesidades comunes, y  también poner sobre la mesa los inevitables conflictos de intereses, sin negar las diferencias, sino  abordarlas, procesarlas y solucionarlas. Esto significa que la participación social es también un  proceso político, por cuanto significa ejercicio y distribución del poder dentro de una sociedad. Pero  a diferencia de los acuerdos entre partidos políticos, entre oficialismo y oposición, que son difíciles  porque compiten por el poder, el acuerdo social se realiza entre actores sociales con intereses  permanentes que trascienden a los gobiernos.  
El Acuerdo Social debe construirse en el marco de un proceso de planificación estratégica  concertada que contemple ciertos principios éticos irrenunciables para una sociedad democrática:  la libertad, el bienestar y la justicia social. Como dice el Papa Francisco, es necesario recrear una  cultura del encuentro, lo que en materia política se traduce en la evolución hacia una cultura de  diálogo social, de la deliberación, en la búsqueda del acuerdo, del sentimiento de ser parte de un  proyecto colectivo solidario, y no en el debate, en la confrontación, en la competencia por el poder.  
En su mensaje inaugural ante el Congreso, el Presidente Alberto Fernández anunció la  convocatoria a un amplio acuerdo político, económico, social y federal, y la próxima presentación  de un proyecto de Ley para la creación del Consejo Económico y Social, iniciativa que se supone  tendrá el amplio apoyo de todo el espectro político y social, a juzgar por las manifestaciones de  diversos dirigentes empresariales, sindicales y de los partidos políticos, incluso de la oposición.  Frente al desafío de la pandemia el gobierno logró convocar a un acuerdo político inédito, entre el  gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales y municipales, independientemente de su  pertenencia partidaria. Esto demostró que frente a objetivos comunes son posibles los acuerdos  políticos, si se postergan los intereses partidarios para las vísperas electorales. Ahora, el Acuerdo  Social es la herramienta que se requiere hoy más que nunca para la urgente reconstrucción del país en el marco de la pandemia y para la elaboración de un proyecto estratégico nacional de desarrollo para el futuro.

En síntesis, el fundamento político del Acuerdo Social es la necesidad de enriquecer la  democracia representativa con la democracia social participativa. La participación de los grupos  organizados de la sociedad civil a nivel del Estado en las decisiones públicas, sin necesidad de  irrumpir en manifestaciones para hacer valer sus derechos, como tuvieron que hacerlo los obreros  aquel 17 de octubre de 1945, es la base ética y política del Acuerdo Social. La democracia debe  evolucionar, del actual paradigma político basado en la confrontación para alcanzar la  concentración del poder, hacia un nuevo paradigma basado en el diálogo y la concertación, para  lograr una mayor distribución del poder dentro de la sociedad. La verdadera democracia, o sea “el  gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” es aquella donde todos los ciudadanos, y los  grupos sociales, se sienten representados en el poder, participan, deliberan y acuerdan en la  búsqueda del bien común.

(*) Profesor universitario. Miembro del Instituto Antonio Cafiero.
 

Horacio O. Pracilio

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