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Reconstrucción institucional

La justicia: eje central de la agenda

Cualquier lucha contra la corrupción, o contra la delincuencia económica requiere en la descripción de los hechos una base inobjetable de verdad. 14 de abril, 2019

Nadie debería sorprenderse si decimos que estamos en presencia de una de las peores crisis socio políticas desde la restauración democrática. Es más quien recuerde nuestros anhelos esperanzados de la mitad de la década de los 80 reconocerá que esta realidad actual de desilusión y angustia paralizante no era un escenario factible desde aquellas miradas.

Sin embargo, es tiempo de ser responsables y precisos en el análisis: si no reconocemos la gravedad de la situación contribuiremos –sin duda– con nuestra indiferencia, al desgobierno.

Cualquier lucha contra la corrupción, o contra la delincuencia económica requiere en la descripción de los hechos una base inobjetable de verdad, ello genera confianza, ello favorece el pacto social. Máxime cuando a la vista de todos denuncias en la justicia formuladas hace muchos años recién ahora han cobrado virtualidad en el accionar de los responsables de impartirla. Esta parálisis por sí sola les resta legitimidad ética a quienes son responsables del sistema de administración de justicia.

Asistimos a una época con una de descomunal judicialización de la gestión pública y en la cual la falta de control nos sumerge en la sensación de que ya no quedan lugares a los cuales llevar con esperanza nuestros reclamos y nuestros conflictos. El sistema político ha sido incapaz, entre otras cosas, de designar al Defensor del Pueblo de la Nación, acefalía que lleva diez años. En el ámbito judicial, las dificultades del sistema son evidentes y la explicación a esas dificultades se desarrolla mucho más a través del “ojo del ciudadano”, quien debe encontrar en el sistema de justicia un servicio republicano esencial e indelegable por parte del Estado.

Algún memorioso dirá: “bueno, ello ya ha pasado”. La respuesta es que cuando algo parecido sucedió los argentinos terminamos confiando en el periodismo. Hoy lamentablemente, esta crisis de credibilidad comprende también al periodismo que muestra una desorientación deóntica digna de preocupación.

Las exigencias que plantea un Estado de Derecho han puesto en escena nuevos desafíos a la hora de tratar las cuestiones vinculadas al accionar de la justicia. En el proceso de recuperación y consolidación de las reglas de convivencia, el rol de la administración de justicia adquiere fundamental importancia. A la inversa, si ese rol no se cumple con la idoneidad de la dirección correcta, las reglas de convivencia se ven cada vez más lesionadas.

El sistema de justicia ha estado alejado muchos años y en forma sistemática de los requerimientos de la comunidad. Este desencuentro ha tenido como consecuencia, entre otras, mecanismos de nombramientos de jueces sin control por parte de la comunidad. Se eligen jueces a espaldas de la gente, se juzgan jueces a espaldas de la gente y se echan jueces a espaldas de la gente. Nada de ello tiene justificación republicana. Este alejamiento entre el pueblo y el sistema de justicia juntamente con un sobredimensionamiento del papel institucional de los medios de comunicación, ha provocado la intermediación de los periodistas que ahora “acercan la justicia a las personas”, con efectos saludables y otros no tanto. El reclamo de justicia canalizado a través de los medios de comunicación es, sin duda, un valioso avance hacia la profundización de la democracia. Coherentemente, esta demanda por una justicia digna y eficiente, está estrechamente vinculada a la lucha por una ética pública y contra la corrupción. El cuestionamiento de los medios a alguno de los integrantes del Poder Judicial ha provocado el quiebre de la sensación de indemnidad que tradicionalmente existió entre los miembros de la corporación.

Sin embargo, los efectos no han sido sólo positivos, la superposición de las funciones judicial y periodística ha traído un desdibujamiento entre ambas instituciones. Los juicios mediáticos con acusación, defensa y condena incluidas, ha transformado muchas veces a la justicia institucional en una parodia de su original televisivo. Esta superposición trae consecuencias graves, pero la más negativa, quizás, sea la presión que se ejerce sobre el juzgador, a quien prácticamente se le exige resolver de acuerdo de lo dictaminado por la audiencia. Si todo caso de culpabilidad televisiva e inocencia judicial es visto como un fracaso de un sistema judicial ineficiente, nos encontraremos frente a una nueva forma de debilidad institucional. Necesitamos una labor conjunta e idónea de ambas agencias. Mientras los jueces se resistan a las críticas periodísticas o bien se subordinen a ellas y los medios sigan exigiendo a la justicia que asegure condenas de acuerdo a su criterio periodístico, no hay salida posible. Por el contrario, si los jueces aceptan a sus nuevos cancerberos y los periodistas olvidan sus prejuicios e intereses televisivos podrá existir una alternativa de cambio.

Es momento de acciones fundacionales. Es momento de un gran acuerdo entre los argentinos. La totalidad de las fuerzas políticas, los representantes religiosos, los sindicatos, los diferentes colectivos sectoriales, deben suspender sus reivindicaciones legítimas y particulares en favor de un gran acuerdo que nos devuelva la vida ciudadana en paz. Debemos comenzar con la justicia, para lo cual me vienen ideas y/o propuestas necesariamente a debatir para cambiar el estado de cosas; la inconcebible concentración de poder en un ámbito específico de la justicia federal, el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, anulando la intromisión del Congreso en ese órgano autónomo, autárquico e independiente, modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, legislar con precisión sobre la prisión preventiva, establecer reglas claras sobre la ética periodística, etc.

Entiendo que el cambio debe comenzar por encontrarnos a todos en el mismo punto de partida, que no es otro que una evaluación comunitaria de la justicia como un servicio a los hombres y mujeres, como una herramienta del ciudadano para la consagración de las libertades públicas y la calidad de vida en el sentido más amplio posible. Si a la justicia no se la evalúa desde su rol social, más que institucional, la cuestión seguirá girando alrededor de un centro que no representa las preocupaciones de la comunidad.

El premio es esta vez muy grande y el riesgo de no hacer lo que hay que hacer es muy grave.

 

*Doctor en Derecho. Ex Procurador General de la Nación y ex Defensor General de la Nación.

Nicolás Becerra*

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