El Ministerio de Seguridad de la Nación abrió un capítulo para el derecho penal que ha provocado una divisoria de aguas. En el afán de empoderar al poder de policía, la Resolución 956/2018 exceptúa a las Fuerzas Federales de Seguridad de intimar a viva voz el cese de la actividad ilícita para el empleo de armas toda vez que: “se suponga un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.” Desde el Ejecutivo se alega entre otras cuestiones, la necesidad de actualizar los criterios de acción vigentes considerando las pautas y recomendaciones de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Cuba, 1990).
La injerencia del Ejecutivo sobre una potestad propia del Legislativo resulta inconstitucional. Se pretende que una resolución administrativa legisle de facto en materia penal.
Una de las circunstancias que describen el peligro inminente reza: “Art. 5 letra b) Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.” Se habilita el uso de armas sin previo aviso.
La inseguridad continúa siendo materia pendiente para la agenda gubernamental. Aún así, paliarla bajo estos mecanismos no conlleva a feliz término.
Desde la doctrina se plantean distintas Teorías de la Pena. Aquellas que postulan la necesidad de un sistema penitenciario capaz de revertir “malas conductas” y aquellas del tipo ejemplificativas. En este último caso, el encierro es visto como un dispositivo social aleccionador hacia afuera más que hacia el reo. Hoy las cárceles son universidades del delito sumado a la estigmatización social que provoca el certificado de antecedentes penales al momento de emprender una búsqueda laboral sin duda coloca en tela de juicio la eficacia del sistema penal.
Potenciar “malos hábitos” habla de la falla no ya de la clase dirigencial sino también de la sociedad misma. ¿Hasta dónde es plausible el panoptismo benthamiano en la cárcel?
El sujeto ingresa al penal porque es preciso separarlo de la sociedad. Rompió los parámetros de convivencia tradicionales pero sale peor que como entró. ¿Qué ganó la sociedad? Sacarse la lacra social por un tiempo. Cuando pretende reinsertarse es tarde. Está marcado. Sumado a la falta de capacitación no encuentra otra salida que volver a sus andanzas. Esta vez con un mayor resentimiento y perfeccionado en los mecanismos delictuales. Entonces surge el interrogante: ¿es el encierro la solución?
Existen otro tipo de prisiones. Aquéllas que los ojos naturales parecen no ver. Se trata de los muros interiores. Cada sujeto lleva a cuestas su propia prisión. Cárceles espirituales que toman diferentes denominaciones: violencia, rencor, depresión, amargura, soledad, egotismo, falta de perdón.
El delito no se resuelve con la comisión de más actos de violencia. En este sistema existen quienes viven del delito y los otros; quienes delinquen y aquellos que no tendrían razón de existir si no fuera por la industria del delito. El delito como gran mercado persa coadyuva a la confluencia de distintos mercaderes en busca de la mercancía apetecible. Unos venden justicia y seguridad; otros, ofensas y delitos. Una maquinaria donde el mismo servicio penitenciario funciona como pantalla de semejante obra teatral. Bajo el lema reparador del orden social violado y la peligrosa amenaza que representa el delincuente, el sistema enarbola su única bandera: contención y reinserción social. El círculo vicioso de producción del delito se regenera en mecanismos tradicionales de encierro que estigmatizan sujetos no ya moldeando nuevas personas sino repotenciando nuevos delincuentes. Un sistema enfermizo no puede paliar enfermos. El aparato represivo trata lo que se exterioriza, la cáscara; pero no opera corazones, la esencia.
La sociedad cambia cuando quienes conviven en ella mudan su corazón, entonces, la verdad nos habrá hecho libres (Juan 8:32).
