En mayo de 2019 el Senado de la Nación le dio la aprobación definitiva a la Ley de Economía del Conocimiento, que otorga beneficios a las empresas de uno de los sectores con mayor proyección y oportunidades a futuro. Los ventajas para las compañías contempladas en la 27.506 debían entrar en vigencia a partir de enero de este año, pero, sin embargo, el Gobierno decidió frenar por algunos días la puesta en marca de los mismos.
"Suspéndanse los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento presentadas hasta la fecha de emisión de la presente, hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente", señala el artículo 3 de la Resolución 30/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Tras conocerse esta postergación, PERFIL consultó a fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo respecto de si la norma será aplicada en algún momento y la respuesta fue afirmativa: "Estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, filosóficamente es muy buena, ya que es un sector que puede generar empleo en todo el país", explicó un vocero de la cartera que conduce Matías Kulfas.
Las fintech, lejos de empezar con el pie derecho en inclusión
"Más allá de que de estamos a favor, creemos que es necesario delimitar algunas cuestiones que están difusas: cuáles son las empresas que deben acceder a los beneficios, qué tamaño deben tener las mismas", explicaron desde Desarrollo Productivo.
Las fuentes oficiales destacaron que el Gobierno busca impulsar el desarrollo de los sectores vinculados a la innovación y el talento y señalaron que "en unos días" se reglamentará la norma.
Más allá del software también se verían beneficiados la biotecnología, la industria satelital y otras actividades que tengan que ver con el desarrollo científico. A partir de la ley, las compañías que cumplan los requisitos accederían a alícuotas del 15% en el Impuesto a las Ganancias (en lugar del 30%), una reducción en los aportes patronales, entre otras mejoras competitivas.
La primera norma de beneficios a la economía del conocimiento fue sancionada en 2005, en épocas del primer gobierno kirchnerista. La misma fue elogiada y, por ende, el proyecto que se aprobó en 2018 fue presentado como una señal de continuidad con mejoras. Resta ahora ver cómo afina el lápiz el Gobierno para que la 27.506, sancionada durante el macrismo, otorgue un salto cualitiativo que genere más empleos e impulse más exportaciones a partir de las neuronas como principal insumo.
JPA CP
