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CAUSA POR DEFRAUDACION Y LAVADO

Un Mercedes Benz de Catrambone se pagó con cheques del Surrbac

La operación se hizo en diciembre 2017 por $1,7 millones. La mitad de lo abonado fue a través de cheques del gremio. ¿Quién retiró el último que compró este año? 22 de septiembre, 2019

La historia de uno de los autos incautados por la Justicia Federal en la investigación a dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) es digna de ser contada. En el Juzgado Federal Nº1 se analiza documentación que revela cómo Pascual Vicente Catrambone, detenido y uno de los 19 imputados por defraudación, evasión, lavado y usura, compró un Mercedes Benz A45 en la agencia oficial de la marca alemana en Córdoba.

Este vehículo no es uno de los secuestrados este mes, sino uno que se entregó en los primeros meses de este año como parte de pago de otro modelo de la misma marca pero que costó el doble. Al A45 Catrambone lo compró en U$S 80 mil. La operación se facturó el 26 de diciembre de 2017 por un total de $1,7 millones y según testimonios brindados en la causa, Catrambone habría propuesto hacerla en efectivo, pero encontró resistencia por parte de la agencia por la magnitud del monto.

Por esa razón, pactaron el pago con una transferencia desde una cuenta del Banco Macro por $850 mil y 10 cheques de $85.000 cada uno. El dato saliente es que los valores eran del Surrbac.

El listado ya se encuentra en poder del tribunal. Lo que se trata de establecer, ahora, es desde qué cuenta fueron emitidos los cheques: si la del sindicato o la mutual. Es decir que un auto de lujo se pagó con plata del sindicato de recolectores.

El vehículo de alta gama estuvo a nombre de Catrambone solamente un año y dos meses, porque pronto decidió cambiarlo por un modelo superior que costó el doble.

Esta segunda operación se hizo el 22 de marzo. La factura del nuevo Mercedes, un GLE 400, se hizo por $5,79 millones. La concesionaria tomó el A45 como parte de pago -por $2,79 millones- y los tres millones restantes los abonó en efectivo.

Este último vehículo fue secuestrado por la Justicia Federal y se encuentra bajo custodia en un predio del aeropuerto Ambrosio Taravella. Nota al margen merece el problema que significó para las autoridades judiciales la disposición de todos los autos secuestrados en la sede del Surrbac y los domicilios privados de los imputados, la mayoría integrantes de las familias de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Están a la intemperie, sin un techo que los proteja de eventuales fenómenos climáticos que podrían dañarlos. “Son tantos que no hay un lugar acorde donde guarecerlos mejor”, señala una fuente judicial.

Los chasquis. Una de las tareas más importantes para la defensa de Catrambone, en este caso, será justificar la adquisición de autos alta gama y por qué pagó al menos uno de ellos con cheques del gremio. Pero también se tratará de dilucidar por qué usó a personas vinculadas a las empresas para hacer diferentes trámites.

La verificación ante la Policía de Córdoba, previo a la transferencia del A45, fue realizada por Rodrigo Mier, empleado del Ente de Obras y Servicios Públicos (ESOP). Fue Mier quien, luego, acudió a la concesionaria para entregar el auto.

Durante el año en que el A45 estuvo en poder de Catrambone se le realizó el service oficial y un arreglo, aparentemente por un choque. La comanda de reparación tiene escrito como titular del vehículo la palabra ‘Surrbac’. Actualmente, ese vehículo está en la concesionaria en carácter ‘indisponible’ por decisión judicial.

Al comprarlo, Catrambone declaró ser ‘Director de la empresa de residuos públicos’. La sola mención del cargo lo colocó como persona expuesta ante los organismos estatales para justificar el origen de los fondos.

Luego, quien retiró el GLE 400 fue Mauricio Boñanni, según indica la voluminosa documentación que entregó la agencia de autos al tribunal. ¿Quién es Boñanni? El presidente de Higyse, una de las empresas investigadas por la Justicia provincial como proveedoras de servicios al Surrbac. Está acusado por negocios incompatibles con la función pública.


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