Puja entre juzgados por personal paraliza causas de lesa humanidad

“Las causas de lesa humanidad están paralizadas”. Así de lapidario fue el fiscal general federal, Alberto Lozada.

La consulta fue efectuada por PERFIL CORDOBA después de acceder al expediente que se abrió en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, a raíz del pedido del juez N°1, Ricardo Bustos Fierro, para que la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos sea trasladada desde el Juzgado N°3 a su tribunal. Si bien la Cámara, que tiene el poder de Superintendencia, ya rechazó la solicitud a fines de julio, el conflicto pervive porque Bustos Fierro se inhibió de seguir interviniendo en expedientes sobre derechos humanos acusando “falta de personal”.

La decisión –interpretada por algunos como una bravuconada al desaire de la Cámara- causó sorpresa. Intentó pasar las causas a su par N°2, pero Alejandro Sánchez Freytes rechazó los argumentos de su colega indicando que no son razón suficiente para abandonar esa tarea.

El conflicto motivó en la práctica “la paralización de muchas causas nuevas en las cuales se ha formulado requerimiento de instrucción hace bastante tiempo y todavía no se logran encauzar los primeros actos procesales que debería generar el juez federal”, continuó Lozada.

Si bien las imputaciones son formuladas por la fiscal, Graciela López de Filoñuk, el juez debe ordenar las medidas, como el llamado a indagatoria y la recepción de testimonios. “Hace pocos días hubo una reunión en la que se informó a todos los organismos de Derechos Humanos sobre esta situación que se está planteando por el conflicto de los dos juzgados federales”, sostuvo Lozada. No hay juez que firme las resoluciones.

Las fojas. El 24 de mayo pasado, Bustos Fierro pidió el traspaso a su tribunal de la Secretaría de Derechos Humanos, creada en 1998 bajo la órbita del Juzgado Federal N°3, con el consecuente traslado de funcionarios y empleados, recursos materiales y físicos (escritorios, computadoras, despachos). La solicitud ocurrió después de que, en septiembre del año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal apartó a Miguel Hugo Vaca Narvaja de numerosas causas por delitos de lesa humanidad por ser hijo y nieto – respectivamente- de dos víctimas de la dictadura cívico militar en Córdoba.

A partir de aquella decisión –que no está firme- los expedientes, la gran mayoría con procesados detenidos, fueron adjudicados al juez Bustos Fierro.

Continúan investigándose en el juzgado de Vaca Narvaja las causas por sustitución de identidad y apropiación de menores, por la Verdad Histórica. Con el argumento del incremento sustancial en la cantidad de expedientes con personas detenidas, el titular del tribunal 1 pidió los recursos mencionados. Tras no pocas discusiones en el interior de la Cámara Federal, en acordada del 31 de julio, dispuso rechazar la solicitud y confirmó la continuidad de la Secretaría, con su personal y recursos, en el Juzgado de Vaca Narvaja.

Como viene ocurriendo en todas las decisiones, las votaciones se parten en dos y termina desempatando la presidenta, Graciela Montesi, con doble voto.

Ante ello y luego de pedir que se reconsidere la medida, Bustos Fierro comunicó su decisión de apartarse en las causas relacionadas con delitos de Lesa Humanidad “por sobrecarga funcional”. Fue el 23 de octubre.

Así, comenzarán a subir a la Cámara los expedientes para que en salas unipersonales se resuelva si corresponde o no apartar en cada caso a Bustos Fierro en una treintena de causas de lesa humanidad que tiene en su juzgado. Y podría darse la situación de resoluciones disímiles según lo que decida cada camarista.

Hay que agregar que el magistrado desistió de un recurso que podría haber permitido la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para zanjar la controversia. Al primer conflicto por la competencia sobrevino el segundo por la disponibilidad del personal. El efecto colateral es hoy la imposibilidad de avanzar sobre las posibles responsabilidades de hechos aberrantes de nuestra historia.

EXPEDIENTES EN TRAMITE

Según un informe remitido a la Cámara Federal por la secretaria de Derechos Humanos, Mirta Liliana Rubin, en la actualidad se tramitan en el Juzgado Federal Nº3 un total de 21 expedientes.

Pasaron al Juzgado Federal Nº1 otros 32.

Y, además, en la Fiscalía están pendientes de dictamen otras 48 causas. De estas últimas la mitad quedarán en investigación de la Verdad Histórica, son casos de supuestas apropiaciones de menores entre 1975 y 1979; o hechos en los que la prueba no permitiría identificar a los presuntos responsables.