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PANORAMA / INTENDENTES

Revolución productiva

Cambiemos y PJ en alerta por un reclamo bonaerense que afecta a petroleros. Debate por la presión tributaria. 28 de diciembre, 2018

Cuando lo que está en debate es el dinero, las ideologías pasan a segundo plano. Por si hacía falta, los intendentes de Cambiemos y del PJ vuelven a confirmarlo. Los inquieta que sea la Corte Suprema la que ordene un criterio para la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) que cobran los municipios. Es lógico. En promedio, lo que recaudan por ese concepto representa un tercio de sus ingresos. Lo obtienen de gravar la facturación mensual de las firmas con un coeficiente que va del 0,6 al 2,5%.     

Reivindicada por los alcaldes como ejercicio de la autonomía municipal consagrada por la reforma constitucional de 1994, esa disparidad es la clave del reclamo de Axion al Máximo Tribunal: le pide que arbitre los medios para pagar un valor “justo” por la TISH al municipio de Quilmes, que la fijó en un 2%.

Controlada por Pan American Energy Group (PAEG) de los Bulgheroni, capitales chinos y británicos, Axion es la petrolera más importante después de YPF. El 75% del mercado es controlado por ellas. Axion llegó a esta instancia tras fracasar con la efectuada a la Suprema Corte bonaerense. Lo que vuelve interesante el resultado que arroje esta experiencia.

En la Provincia, los jueces siguen resistiendo hacer pública una versión acotada de su declaración jurada de bienes, como ya lo hicieron en la Policía y el Ministerio Público, de acuerdo con la resolución 3880 de la Corte.

Carlos Rozenkrantz no comparte que trascienda la situación patrimonial de los magistrados. Menos que paguen Ganancias. En el gobierno bonaerense se sospecha que el 80% de ellos no tributa Bienes Personales.

Inquieta que la Corte ordene un criterio para la TISH que cobran los municipios

En la audiencia concedida el 22 de noviembre a Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Alberto Descalzo (Ituzaingo), Rozenkrantz les aconsejó presentarse de amicus curiae de la Corte en una causa cuyo fallo podría sentar precedentes.

Jorge Ferraresi no figuró en la delegación que visitó a Rozenkrantz ni entre los que suscribieron esa solicitud el 20 de diciembre. Es comprensible. El intendente de Avellaneda rebajó la TISH a Shell del 0,9 al 0,8%. Un ahorro de entre 500 mil y un millón de pesos mensuales para la compañía, según la actividad en ese período de las refinerías en esa localidad. Pero también una ruptura de Ferraresi con la rigidez doctrinaria en materia fiscal del kirchnerismo.

Cordura. Los ediles de Cambiemos rechazaron esa medida del intendente convalidada este año por el Concejo Deliberante de Avellaneda. ¿La invocará Axion para pedirle cordura al oficialismo? En Quilmes gobierna Martiniano Molina, estrella de Cambiemos en crisis desde que Cristina venció a Esteban Bullrich en su distrito. En el orden local, el chef se impuso por 300 votos. Molina participó del encuentro de intendentes del oficialismo convocado en Tres de Febrero por Mauricio Macri en febrero de 2017.

El Presidente los instó a invertir la proporción de sus gastos y dedicar un 80% a obras y el resto a otros rubros. No predicó con el ejemplo. Dentro de las restricciones del acuerdo con el FMI, el ítem social deja rezagado al de infraestructura en el Presupuesto, con gran presión fiscal a los contribuyentes. Algo a lo que no adhería en el pasado reciente. Es decir, cuando fue electo y la realidad no condicionaba su pensamiento más íntimo: el peso decisivo de la carga tributaria para desalentar la inversión.

Tal vez por la supuesta afinidad con Macri, los intendentes desconfíen de Rozenkrantz y crean que dos de los tres votos de la nueva mayoría en la Corte podrían inclinarse a favor de Quilmes. Computan para eso el pasado de funcionarios públicos en Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además de haber sido convencionales en la reforma constitucional. Igual que Antonio Hernández, abogado patrocinante de los intendentes. Lo que resulta curioso es el reparo de los alcaldes con Ricardo Lorenzetti. ¿Votaría a favor de una petrolera y contra los municipios?

Hay otro argumento que podría explorar Axion y es lo aparentemente irresistible que resulta a los municipios echar mano a los combustibles para financiarse. Luego de una pueblada virtual en las redes, Insaurralde desistió de sumar al de Lomas de Zamora al pelotón de los que ya lo hacen: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Escobar, Ituzaingó, Merlo, Malvinas Argentinas, José C. Paz y General Rodríguez.

Contra todos hay reserva de cargos judiciales en el Tribunal de Cuentas bonaerense. Bastaría que algún ciudadano hiciese valer sus derechos individuales contra un supuesto abuso para activarlos. Las tasas pueden cobrarse solo si el municipio presta un servicio. Fue lo que entendió la Corte bonaerense para declarar inconstitucional la cobrada en la nafta a Walter Wilson Rossi en San Miguel del Monte. En el mismo fallo la Corte limitó sus efectos solo a ese municipio con el argumento de que fue el único aludido por el damnificado.

Niño. Insaurralde pretendía recaudar 40 centavos por litro expendido en estaciones de servicio, puestas en pie de guerra por la amenaza cibernética de los vecinos. Proveerse en los distritos de Lanús, Almirante Brown y Esteban Echeverría. Lejos de calmar los ánimos, el agua sumó irritación el último mes del año. Con la corriente del Niño, Lomas de Zamora fue uno de los partidos más afectados por las precipitaciones. Para justificar su rectificación, Insaurralde les echó la culpa a las políticas de ajuste de Cambiemos.

El intendente logró que el Concejo Deliberante apruebe un aumento del 140% a la tasa por inspección de ascensores: de 2.940 pesos en diciembre a 7 mil en enero. Lomas de Zamora tiene 10 mil ascensores registrados. Unos mil millones al año en un presupuesto de casi 9 mil millones.

Tras la presentación a la Corte, los intendentes emitieron un comunicado. "Del total de ingresos de sectores estatales, el 84,4% corresponden al gobierno federal, el 14,2 a las provincias, y el 1,4 a los más de 2.200 gobiernos municipales, que no pueden ser culpables de la alta presión tributaria". El debate sobre otro sentido para una revolución productiva está en marcha.


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