Hace pocas semanas, en los seminarios de educación Ucema 2019 presenté siete propuestas que contribuirían a enfrentar la crisis educativa que vive hoy nuestro país.
Desarrollaré en profundidad una de ellas. Consiste en una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos, que otorgaría, aun a las familias más humildes, la posibilidad de decidir sobre la escolaridad de sus hijos; es decir, que puedan elegir la escuela adonde quieren ir y no la escuela a la que, por la restricción que sea, hoy “deben” ir. Esta definición, sin duda, ampliaría oportunidades y podría aplicar tanto a instituciones de gestión pública como privada.
No hace falta reinventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras latitudes. En Estados Unidos las denominadas cuentas de ahorro para la educación (ESAs) permiten a los padres que optan por retirar a sus hijos de escuelas públicas recibir un porcentaje de lo que el Estado habría gastado en su educación y, con ello, costear, por ejemplo, un colegio privado, ya sea religioso o laico.
Arizona se convirtió en abril de 2017 en el segundo estado, después de Nevada, en establecerlas. Las cuentas promedian US$ 5.600, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas privadas del estado. El gobernador Doug Ducey expresó al firmar la ley: “Cuando los padres tienen opciones, los niños ganan”.
Es posible encontrar antecedentes de esta clase de propuesta muchos años atrás. En noviembre de 1985 el New York Times publicaba declaraciones del secretario de Educación W. Bennett en defensa de uno de los frustrados intentos de Ronald Reagan de obtener una legislación que otorgase a familias de bajos ingresos un subsidio que les permitiese elegir a qué escuela enviar a sus hijos, entre una variedad de establecimientos públicos y privados. En palabras de Bennett: “Hoy, las familias más ricas ejercen la opción enviando sus hijos a una escuela privada. Los pobres no tienen este tipo de elección”.
Treinta años después que Ronald Reagan se lamentase de no lograr una legislación que otorgase a los padres de familias de bajos ingresos el derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, Donald Trump propuso, como objetivo nacional, proporcionar a los padres de 11 millones de niños en edad escolar, que viven en situación de pobreza el derecho a elegir la escuela a la que concurran sus hijos, ya sea pública o privada.
Es difícil que lo logre dada la férrea oposición de los legisladores demócratas en el Congreso, gestada, entre otras razones, por el importante rol del sindicato docente en el financiamiento del Partido Demócrata; pero es evidentemente un paso de importancia en la dirección correcta.
Retornemos a nuestra realidad. La propuesta es presupuestariamente factible. Al calificar para recibirlas, solamente aplicaría en los estudiantes que satisfagan los criterios establecidos por el Gobierno. Así, el programa no representaría una significativa carga para el Estado y marcaría un cambio de paradigma en la educación argentina.
Ninguna familia puede estar nunca peor por tener la posibilidad de elegir. Al preguntar a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la cual enviar a sus hijos, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública, por ejemplo. Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo; y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente, si así fuere el caso, también podría hacerlo.
¿Quiénes puede tener más derecho que los propios padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos? Les dejo la pregunta, yo no tengo dudas en cuanto a la respuesta.
*Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación.
