La detención del expresidente Michel Temer sacudió a Brasil. Pero es parte de una intensa historia.
Cuando comenzó el Lava Jato, cinco años atrás, hubo quienes advirtieron que la entonces incipiente operación judicial podía "llevarse puesta" a la clase política brasileña. Hoy, unos pocos datos confirman que esa amenaza sigue tan vigente como entonces: 155 condenas que totalizan 2.242 años de prisión; dos expresidentes presos -entre ellos el “intocable” Lula da Silva, el líder más popular que alguna vez haya tenido el país-; otra investigada; el titular de la Cámara de Diputados condenado a 24 años de prisión; decenas de legisladores y exlegisladores presos, procesados o investigados. Y eso sin hablar de la “actividad privada”, donde los más poderosos empresarios, como Marcelo Odebrecht, debieron pasar una temporada en la cárcel.
La razón, dicen los agoreros, es sencilla. Más allá de miserias personales -que las hay, y en abundancia- lo que está siendo juzgado hoy es un sistema, una forma de hacer política. La “experiencia” de Lula da Silva con el famoso mensalao lo dejó muy en claro: no se puede gobernar, aprobar leyes ni impulsar políticas públicas sin “aceitar” esa maquinaria. Y se lo hace de varias maneras: con cargos en las empresas estatales rigurosamente distribuidos según el apoyo político, con exenciones impositivas para amigos que financiarán campañas, con leyes y decretos “a medida” de grandes empresas que luego sabrán retribuir gentilezas con la cartelización de las obras públicas.
La ferocidad de los jueces y fiscales federales que llevan adelante las investigaciones no parece disminuir ante los frecuentes choques con el poder político. No los preocupó que, una vez aplicado el “impeachment” a Dilma Rousseff, se filtraran conversaciones en las que precavidos ministros y legisladores del gobierno de Temer sugirieran que ya era hora de levantar el pie del acelerador. El propio Temer -que enfrenta nada menos que diez causas, fruto de sus más de cuarenta años de vida pública- había expresado semanas atrás el temor a ser detenido. Hoy, ese temor se volvió realidad.
¿Cuándo dejará de sacudir este huracán a Brasil y a su vecinos? Sólo en Perú mandó a la cárcel a dos ex jefes de Estado y tiene procesados a otros dos. Es un misterio que preocupa, porque su barrida no ha provocado el nacimiento de una clase política nueva: ahí está para demostrarlo Jair Bolsonaro, surgido de las mismas entrañas del opaco Congreso, y al cual las balas ya le empiezan a picar cerca con denuncias de dinero sucio en la campaña electoral y asesores truchos de sus hijos para hacer caja.
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A lo mejor su popularidad lo ayuda. Tal vez por eso, olfateando los tiempos, el Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de decidir que los crímenes de lavado de dinero deben ser investigados por la justicia electoral, y no por las penales. Pero que el excapitán no se confíe: Lula da Silva dejó el poder con el 80 por ciento de popularidad...
