Profesor Adjunto Regular, derecho constitucional, UBA.
Titular derecho político USI-Placido Marín.
De repente un virus sacudió el planeta y una palabra de literatura se hizo realidad: “pandemia” y con ella la desigualdad mundial se confirmó a sí misma y en cierto sentido hasta se legitimó ante la comunidad internacional. Lo inmoral puede racionalizarse, lo cual no es nada nuevo, la historia lo sabe.
Durante meses oímos consejos de organismos internacionales que estaban básicamente dirigidos a los países denominados del primer mundo: lavarse las manos y guardar distancia es algo hasta obvio en, digámoslo así, cualquier barrio europeo; sin embargo es literalmente imposible en países pobres donde muchos de sus habitantes no cuentan siquiera con servicios básicos o viviendas acordes para llevar adelante dichas prácticas.
Los países ricos del poderoso norte global se lanzaron raudos a una carrera científica por la vacuna, mientras que desde el sur observábamos esperanzados como el niño a su padre arreglando un juguete o curándole una herida.
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Mientras tanto los otros virus, el de la desigualdad y la pobreza que no dejan de expandirse en nuestra Latinoamérica y el Caribe, en África y Asia continúan destruyendo la dignidad y tornando la vida de millones de seres humanos en una secuencia de momentos desesperantes.
Las personas y los pueblos pobres saben que la vacuna de los derechos humanos y el constitucionalismo a ellos no les toca, ven cómo sus derechos se hunden en el mediterráneo o yacen boca abajo sobre la arena, ven como sus derechos esperan en los campos de refugiados o mueren en las favelas y en los barrios marginales. Ven cómo la selectividad del sistema penal sigue prisionizando la pobreza.
Ven sus derechos y los del planeta incendiarse en el Amazonas y cómo los trivializan muchos medios de comunicación.
En definitiva, la pandemia confirmó la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la jerarquización entre seres humanos, el abandono de pueblos enteros y la racionalización de lo insoportable.
