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Las aguas bajan turbias

27 de junio, 2020

Un peón oprimido en los yerbatales de Misiones llora (arrodillado) porque con todo su salario no puede pagar una bolsa de harina para darle de comer a sus hijos.

Que haya hambre en el granero del mundo deberia, como dijo el Presidente, causar indignación y vergüenza. Sin embargo, no es eso lo que genera indignación en algunos sectores (de negocios), sino que se nacionalice una empresa productora de alimentos que estaba hace bastante tiempo (por ineficacia de la gestión privada) en riesgo de quiebra, recibiendo préstamos millonarios espurios, con la posibilidad de dejar en la calle a miles de empleados y pequeños productores.

Un país que produce alimentos para 500 millones de personas, pero que tiene con hambre a sus hijos, que revuelven la basura para vivir, tiene un desafio estratégico enorme. No se puede construir libertad donde no se construye justicia. Y donde hay hambre, no hay libertad. No hay libertades civiles. Los sectores vulnerados (mal llamados “vulnerables”) en sus derechos, no son libres. Están, con su pobreza, por fuera de la democracia. No tienen libertad.

El conservadorismo que se pretende liberal, de larga tradición en nuestro país, encarna el principal obstáculo que enfrenta la doctrina constitucional latinoamericana.

Roberto Gargarella, un importante profesor de derecho constitucional, respetado en toda la región, con quien tuvimos una discusión hace tiempo cuando Evo Morales fue arbitrariamente detenido en el aeropuerto de Viena (2013), bajo la falsa acusación de transportar a Snowden (nadie dijo una sola palabra sobre la detención ilegal de un presidente indígena, pese a la cantidad de libros escritos sobre constitucionalismo latinoamericano), hace cinco años defendia el derecho de los kelpers, cuestionando la soberania nacional sobre las Islas Malvinas, (reivindicada con razón por el kirchnerismo, Kirchner le dijo a Tony Blair una frase famosa, sabe “yo vengo del sur”) en consonancia con intereses británicos, (que también impugnan la soberania cuando la misma es reclamada por otros países, pero no cuando es sobre sus propios territorios e intereses) que usaban ese mismo argumento colonizador sobre la “autodeterminación” de una población implantada y sostenida militarmente, lejos del derecho internacional y de la posición del comité de des-colonización de la ONU, que apoya hace décadas el reclamo argentino, pero que el gobierno británico continuamente (y sin más argumento que el uso de la fuerza) desoye (solo una de las partes tiene un submarino nuclear, dijo un embajador británico cuando le consultaron sobre el reclamo de Argentina en la ONU); repite ahora de nuevo, nuestro colega, que es improcedente la intervención de la cerealera Vicentin (que recibió préstamos millonarios de parte del Banco Nación, plata de todos los argentinos,  acto de corrupción del anterior gobierno, que por supuesto no se menciona) cuestiona, sí, con Guillermo Moreno, Sabsay y Gil Dominguez, la legalidad de la intervención (“a las trompadas“) del Estado, que defiende la soberania alimentaria de sus hijos con hambre. El Estado nacional quiere salvar a una empresa estratégica pero mal gestionada porque de ella depende el trabajo de miles de familias.

Siempre que un país del “tercer mundo“ nacionaliza recursos estratégicos (ninguno parece más estrategico que la comida), se alzan voces críticas. Lo hizo Vargas Llosa, amigo del rey de España, desde Madrid, para defender a Repsol de la estatización argentina. La disidencia es sana para el debate democrático que los que tenemos la panza llena podemos dar desde la Academia jurídica o la prensa. Más si somos amigos (o voceros) de los sectores con poder, donde los pibes con hambre no llegan y cuya soberania alimentaria (base de su libertad) a nadie le importa.

En 1985, Alfonsín volvió a cambiar el nombre de una avenida céntrica de Buenos Aires. Ese debate –Canning o Scalabrini Ortiz- no está terminado.

 

*Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE).


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