Las energías renovables en la Argentina ya son un hecho, con leyes que avalan y promueven su implementación, así como también con compromisos internacionales asumidos en relación a la reducción de gases de efecto invernadero. Es una rueda que ha comenzado a correr… Frenarla nos desviaría del camino que nos está asemejando a nuestros vecinos y a otros países desarrollados donde lo renovable es parte de la vida cotidiana, no solo por el ahorro económico que suponen, sino también por el cuidado del medioambiente.
A fines de octubre de 2019 eran doce las provincias que habían adherido a la Ley Nacional 27.424 de generación distribuida, varias de las cuales ya están implementando de manera sostenida una serie de políticas ambientales que promueven el uso de las energías renovables tanto para el sector productivo industrial como para el residencial.
En la actualidad si un usuario residencial instala paneles fotovoltaicos en su casa, el excedente de energía que no consume y se inyecta (vende) a la red eléctrica tiene un precio de 1,83 $/kWh mientras que cuando compra la electricidad –generalmente temprano por la mañana y durante la noche, cuando todos los miembros de la familia vuelven al hogar– es de 6,09 $/kWh, valor correspondiente a la empresa distribuidora en la ciudad de Córdoba. La diferencia de precio sumada a la inversión inicial, desmotiva al potencial interesado en instalar un sistema fotovoltaico, ya que el ahorro no es tan inmediato como a priori se imagina o se indica oficialmente. Los usuarios comerciales e industriales no presentan este inconveniente, porque generan la energía en el mismo momento que se utiliza, normalmente entre las 8 h y las 18 h.
Una forma de lograr equiparar las balanzas puede ser la implementación de un sistema de net metering (que en inglés significa balance neto de energía) por un par de años, asegurando así que el usuario pueda recuperar su inversión en un período no mayor a los cinco años. Este procedimiento se aplica por ejemplo en Brasil y en varios países del planeta. Bajo esta modalidad, el usuario y el distribuidor intercambian energía al mismo precio, a diferencia del sistema incorporado en la Ley que es un intercambio de energía, pero a precio diferenciado (net billing). El net metering presenta también algunos inconvenientes para el sistema eléctrico que deben ser considerados.
Conversando con interesados de los distintos sectores residencial, comercial e industrial, mostraron distintas preocupaciones y barreras al momento de tomar la decisión de invertir en un sistema fotovoltaico (FV). Para los primeros es el período de repago y rentabilidad de la inversión, para los restantes la principal barrera radica en la financiación de los equipos.
Estos sistemas requieren una gran inversión inicial y costo operativo muy bajo (principalmente limpieza de los paneles fotovoltaicos). La Ley 27.424 tiene un fondo (Fodis) que actualmente cuenta con $ 500 millones para actividades de incentivos y de financiamiento en la adquisición de equipos. Hoy se encuentra en marcha el proceso de habilitar estos fondos a través de entidades bancarias.
Es estratégico para el país que la gestión pública y privada como son los ministerios, entes reguladores, secretarías y las distribuidoras desarrollen, apuntalen y fomenten políticas y normativas que faciliten realmente la implementación de sistemas renovables para la generación de electricidad. En algunos casos estos sistemas son costo-eficientes, es decir, más económicos que proveerse electricidad mediante sistemas convencionales.
Para los países desarrollados las energías renovables son una realidad, una tecnología muy probada y desarrollada. Para la Argentina todavía se considera innovación, futuro. Hemos comenzado a andar el camino.
*Docente de la Dipl. en Gestión del Desarrollo Sostenible, Universidad Blas Pascal. (UBP).
