El lector Osvaldo Oscar Albano, cuya carta encabeza el Correo de hoy, recuerda la columna del ombudsman publicada una semana atrás, en la que se hacía una referencia a la diversidad de enfoques acerca del éxito o fracaso de la temporada veraniega en las costas argentinas, según fuere el color del cristal con el cual se hiciera el análisis. Por cierto, fue aquella una buena oportunidad para reflotar el concepto de grieta que sigue abismando las posiciones favorables a este gobierno o al anterior.
Es a partir de este último concepto que el corresponsal Albano elabora una crítica fuerte al texto publicado en aquella misma edición por Guido Croxatto, investigador del Conicet y director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social con sede en Perú. El título de su columna fue “Falsa Antinomia” (http://bit.ly/croxatto-falsa-antinomia), y en ella desarrollaba un amplio, pormenorizado y enfático rechazo a la política del Gobierno en materia de seguridad, expuesta con claridad en cuanta oportunidad le fue dada por la ministra del área, Patricia Bullrich. Para el lector, la postura de Croxatto, favorable al llamado “garantismo”, no se corresponde con lo que aquél estima como una exageración “sobre las garantías para los que delinquen, sin aclarar que en nuestra Constitución no existen derechos absolutos”.
Este ombudsman leyó con atención el contenido del artículo y debe señalar que le quedó claro que el columnista fija una postura contraria a la aplicación de la mano dura para reprimir conductas delictivas, considerando que es correcta la línea de entender como “última ratio”, o última opción para el Estado, la respuesta punitiva –penalización, castigo, cárcel– como respuesta a ellas.
Sin optar por una u otra postura –no es la misión de esta columna– debo señalar que la problemática de la seguridad es tema de fuerte debate en todas las sociedades, aun aquellas con mayores avances en la materia. No parecen ser las soluciones más fáciles las que lleven a mejorar la seguridad de la población, por lo visto ya en anteriores ensayos espasmódicos. Solo basta recordar la presión ejercida tras el asesinato de Axel Blumberg por su padre y por no pocos propulsores de la mano dura: la maraña legal que surgió de ambas Cámaras del Congreso, con parches al sistema procesal y penal que no solucionaron la cuestión, lleva a afirmar que es preciso promover y realizar un debate serio y responsable que derive en la aplicación de políticas públicas serias.
Las presiones de Blumberg no aportaron soluciones sino más conflicto
En una columna publicada ayer por Andrea Perinetti, directora de Aldeas Infantiles SOS Argentina (página 32, “Sin Justicia no hay futuro”), la problemática de la delincuencia y su abordaje desde la política refiere lo que está pasando hoy con los delitos cometidos por menores de edad, imputables o no. Queda claro en ese texto que no importa la baja o no de la edad de responsabilidad penal (se insiste desde el Gobierno en bajarla de 16 a 15 años) si no se legisla seriamente sobre un nuevo sistema penal juvenil, que termine con la discrecionalidad de los jueces para determinar sanciones o no sobre los menores.
Esta asignatura pendiente parece una brasa para los dirigentes políticos que tienen responsabilidad en la materia (particularmente los legisladores), que temen trabajar en serio sobre la cuestión porque los desespera perder apoyo del electorado.
Bienvenidas las opiniones diversas. Es responsabilidad de quienes ejercemos este oficio el hacernos eco de las posturas diferentes para alimentar un debate imprescindible.
