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Pese a la "emergencia carcelaria"

El "uso sistemático de la prisión preventiva" incide en la sobrepoblación de cárceles

El último informe estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) dice que más de la mitad de las personas presas en Argentina no tienen condena firme. 14 de enero, 2020

Pese a la “emergencia carcelaria” declarada en marzo de 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, entre julio y septiembre del año pasado la cifra de personas encarceladas en Argentina aumentó a 14.251, lo que implica que un aumento de 16% en la población carcelaria y más de 2.000 personas alojadas por encima de la capacidad informada.

Así lo informó el último documento de estadísticas publicado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que indica que “el uso sistemático de la prisión preventiva empeora la situación”: más de la mitad de las personas presas no tienen condena firme.

El empleo de la prisión preventiva en el sistema federal, situación en la que se encuentran 6 de cada 10 reclusos, no disminuyó pese a que desde diciembre de 2016 el Congreso Nacional aprobó una ley que ordena celebrar un juicio oral y público dentro de las 24 horas de cometido un delito en flagrancia.

Del informe de la PPN se desprende que:

  • En el tercer trimestre de 2019, el sistema penitenciario aloja a 14.251 persona, aumentando un 16% la sobrepoblación.
     
  • Más de 2.000 personas están alojadas en las cárceles argentinas por encima de la capacidad poblacional informada (12.000).
     
  • 6 de cada 10 personas privadas de su libertad no tienen condena firme.
     
  • El sistema penitenciario argentino aloja a 11.543 personas argentinas y 2.708 extranjeras.
     
  • El 97% de los reclusos son adultos y el 3% tiene entre 18 y 21 años.

Según la PPN, la capacidad operativa utilizable del servicio penitenciario federal es de 12.694. En el primer trimestre de 2019 se contabilizaban 13.900 personas detenidas, 414 menos que en el segundo trimestre, pese a que el Gobierno de Macri declaró en marzo de 2019 el estado de emergencia penitenciaria por un plazo de tres años.

Si bien esta decisión fue "un avance en términos declarativos, en los últimos años las tomas de decisiones han sido muy regresivas en términos del fenómeno de la población penal, lo que evidencia que esto tiene que ver con un desarrollo de la política criminal", dijo Bernarda García, coordinadora del grupo de estadísticas de la PPN, entrevistada por Sputnik.

En el total de las cárceles argentinas "sí se invirtió muy leve y contenidamente la distribución de procesados y condenados en los últimos años", dijo Bernarda García. A partir de 2017, “y por primera vez en muchos años, los condenados superaron a los procesados, en un contexto de relativo avance porque se acortaron los juicios en los procesos penales, pero en un contexto donde la población encarcelada no ha dejado de crecer”, puntualizó.

Malos tratos, torturas, muertes y enfermedades

Por otra parte, la PPN registró y documentó en su informe 115 denuncias sobre 367 casos de tortura y malos tratos a lo largo del tercer trimestre del año pasado. “Siempre intentamos hacer énfasis en que los datos de casos de tortura no deben ser leídos como un indicador cuantitativo del fenómeno sino de un piso base, lo que permite dar cuenta de un fenómeno sistemático, estructural, persistente y presente”, advirtió la funcionaria.

Hasta septiembre de 2019 se contabilizaron 40 fallecimientos, la mayoría por enfermedades, aunque también se registraron casos de presos que murieron víctimas de arma blanca y ahorcamiento. La PPN también indica en su informe que detectó que 169 personas llevaron adelante alguna forma de protesta, con una predominancia de la huelga de hambre.

"Todas las muertes ocurridas al interior de las prisiones federales son investigadas por la PPN, con el objetivo de producir una versión propia de las causas y circunstancias de los fallecimientos", explica el documento. "Además, se identifican las responsabilidades estatales e institucionales, lo que permite desentrañar las prácticas penitenciarias y judiciales que explican la producción de muertes en el encierro".

Finalmente, el documento destaca como emergente la temática de salud, un eje que comprende un grado de complejidad alto dentro de la vida en prisión. “Esto es así debido los servicios médicos y la infraestructura de las cárceles no reúnen las condiciones mínimas para poder brindar el tratamiento adecuado y los cuidados básicos para ciertas dolencias”, dice el informe.

"El acceso a la salud de las personas privadas de su libertad es una de las aristas más complejas de la vida en prisión", explica la PPN. "En comparación con las y los ciudadanos de la comunidad libre, las personas encarceladas se caracterizan por presentar altos niveles de prevalencia de problemas de salud asociados a las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que preceden a la experiencia de la prisonización". 

"Dolencias traumatológicas, infecciosas, cuadros agudos y/o prevalentes, y enfermedades crónicas son solo algunas de las situaciones atravesadas por una porción importante de detenidos y detenidas en Argentina", agregan.

D.S.


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