Que los alquileres aumentaron, en los últimos años, por encima de la inflación no es novedad: según un informe de Zonaprop que se conoció esta semana, a nivel nacional, en el total del año pasado los alquileres habían acumulado un 33% de aumento, con una inflación medida oficialmente en el 24,6%. Y según datos estimados por las agrupaciones de inquilinos, para este año la proyección es similar, aunque en algunos casos, como en la ciudad de Buenos Aires, esas cifras pueden trepar hasta el 57% sobre el valor del contrato anterior.
Lo que sí resulta nuevo es que, ante este panorama –y un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado pero aún espera ser tratado en Diputados (ver aparte)–, aumentaron las consultas de aquellos inquilinos que no pueden hacer frente a los aumentos en los contratos vigentes y preguntan cómo rescindirlos antes de tiempo con la menor penalidad posible.
“Las renovaciones de contrato aumentan entre un 30% y un 60%, mientras que el alquiler sube 15% cada seis meses. Haciendo la cuenta, ser inquilino es un 50% más caro por año”, explica a PERFIL Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados (IA), la organización nacional que presentó el proyecto que busca regular los precios de los alquileres en el país. “Las familias llegan llorando porque no pueden pagar. Ya a fines del año pasado empezaron a verse cada vez más casos en los que dejan los departamentos antes de tiempo, y hoy, el 80% de las consultas que recibimos son sobre cómo rescindir el contrato”, agrega.
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María Pérez vive con su pareja en un departamento de dos ambientes en Villa Urquiza y pagan 7 mil pesos por mes. Para mayo tendrán que pagar 11 mil pesos el alquiler, lo que representa una suma cercana al 57% más. “Le pedimos tres meses a la inmobiliaria para poder mudarnos, porque desde octubre venimos preguntándoles si vamos a renovar y no nos contestaban”, cuenta. Por su parte, Micaela Barrios pidió una extensión de dos meses pero le pidieron 15% más, y tuvo que irse.
Panorama. En otras de las ciudades más pobladas del país, se presentan situaciones similares. En Rosario, “muchos inquilinos no pueden afrontar exigencias desmedidas para abandonar la propiedad”, cuenta Ariel Dorazio, referente local de IA. En esa ciudad, en la que el 30% de la población alquila, “las denuncias contra inmobiliarias crecieron un 25% con respecto a 2017”. El aumento promedio es del 32%, y un departamento de dos ambientes en la zona céntrica cuesta $ 8.200, con subas del 15% semestral.
En Mar del Plata, esos aumentos anuales resultan un poco más bajos, y rondan el 30% según las agrupaciones de inquilinos locales. En el verano, sin embargo, quienes alquilan por temporada pueden hasta duplicar los precios que les piden.
Y en Córdoba capital, la tercera ciudad en cantidad de inquilinos después de Buenos Aires y Rosario, se destina en promedio la mitad del sueldo a pagar el alquiler. Según Maximiliano Vittar, referente local, los aumentos rondan el 32% anual, con incrementos mayores en la zona de Nueva Córdoba, donde el 80% de los inquilinos es estudiante. El mayor problema, según Vittar, es que “las inmobiliarias incluyen en los contratos los gastos de expensas extraordinarias”, explica.
La ley, sin fecha para pasar a Diputados, el proyecto tiene media sancion desde 2016.
“La solución que planteamos es que se extienda de dos a tres años el contrato mínimo de alquiler. Segundo, que se regule el precio del aumento con un promedio entre inflación y suba de salario”, cuenta Gervasio Muñoz sobre los puntos más importantes del proyecto de ley que en 2016 fue aprobado por unanimidad en el Senado nacional. La iniciativa fue a la Cámara de Diputados, pero desde ese entonces no hubo avances.
El martes pasado, la diputada Vanesa Siley (FpV-PJ) juntó las tres firmas necesarias para apelar la Resolución 109 y poner en orden del día el tema de la Ley de Alquileres en la Comisión de Legislación General que preside Daniel Lipovetzky (Cambiemos). “La respuesta que recibimos fue negativa y no se trató”, dice Siley. “Si este año no se trata la ley, pierde estado parlamentario y vuelve todo a cero”, agrega la diputada.
Por su parte, Lipovetzky afirma que “nada exige el tratamiento inmediato” de la ley en la Cámara baja. “Los bloques no tienen interés en avanzar en la ley”, asegura. El diputado que preside la comisión asegura que “el proyecto se va a tratar”, aunque no tiene fecha porque “hay que encontrar los consensos”.
