El escenario del sindicalista Hugo Moyano sufrió un revés este jueves con su citación a indagatoria por la justicia federal de Córdoba. Horas después se conoció que el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart procesó a dos directivos de la empresa OCA y a la propia empresa por apropiación indebida de impuestos y retener aportes de seguridad social. En tanto que la investigación por presunto lavado de dinero, que tramita en la justicia federal de Quilmes, que involucra a Hugo y su hijo Pablo, continúa avanzando con el análisis de información y espera el resultado de un peritaje clave que podría comenzar a definir el futuro de los sindicalistas y dirigentes del club Independiente.
Por la mañana se supo que Moyano deberá prestar declaración indagatoria por la denuncia de la compra millonaria de cinco inmuebles en la ciudad de La Falda. La citación la realizó el Juzgado Federal N°2 de la ciudad de Córdoba y Moyano deberá presentarse el 31 de mayo.
Luego por la tarde, se conoció la decisión de López Biscayart, quien investigó la causa que se inició con una denuncia de la AFIP y la UFISES, y alcanzó a Patricio Farcuh, presidente de OCA, y a Jorge Aste, Gerente de Finanzas, como a la firma vinculada al líder de camioneros. El magistrado también trabó embargos de hasta 400 millones de pesos. Los períodos denunciados fueron dos: el primero, entre mayo y diciembre de 2016 y el segundo, entre enero y febrero de 2017.
Farcuh es vinculado a los Moyano a partir de operaciones millonarias con el gremio camioneros y hace menos de un mes resaltó que la empresa podría cerrar en poco tiempo. De los 7000 empleados, OCA tendría unos 6300 que serían afiliados al sindicato liderado por Moyano.
Hace poco tiempo Farcuh presentó dos videos para mostrar el quiebre de su relación con los Moyano y cómo se habría producido una suerte de “golpe” para quedarse con el control de la compañía.
Al momento de defenderse en la indagatoria frente a López Biscayart, Farcuh afirmó que “siempre fue el gerente y “dueño” de Organización Coordinadora Argentina S.R.L, pero que desde los primeros meses del año 2016 hasta el día 13 de mayo de 2017, fue desalojado y apartado por la fuerza de la administración de la empresa y que, en su ausencia “...se contrajeron deudas millonarias, no se pagaron impuestos, cargas etc. ...”, sostuvo.
Y agregó que, durante el período en el que Aste se desempeñó como “administrador de hecho”, se registraron salidas de dinero, “...Por ejemplo unos $75.000.000 hacia el sindicato de camioneros. También hacia la empresa de la esposa de Hugo Moyano que era la firma que proveía los uniformes a OCA. Tengo además una diferencia de caja de más de mil millones de pesos...”.
La vinculación de Moyano con OCA es uno de lo principales problemas judiciales y políticos del líder de camioneros, en la Justicia, aunque desde su entorno lo minimizan.
La causa por lavado espera un peritaje clave
Por estas horas, en la justicia de Quilmes se avanza con el análisis de cheques, documentos y contratos secuestrados en los últimos allanamientos que se hicieron en la AFA, Futbolistas Agremiados y la sede de Independiente. Entre el material que se analiza, están los contratos entre una empresa de la mujer de Moyano, Liliana Zulet, y el club de Avellaneda.
La causa se inició con una extracción de testimonio del barra Juan Pablo “Bebote” Álvarez, quien apuntó tanto a Hugo como a Pablo Moyano, hijo mayor del sindicalista, por maniobras de posible lavado. Fuentes judiciales ratificaron a PERFIL que hasta ahora se van comprobando los dichos de Álvarez, por lo que en el marco de este expediente se esperan los resultados del peritaje sobre las entradas a la cancha de Independiente, que se está haciendo en el juzgado de Gabriel Vitale, quien lleva otra de las causa del club, y que sería una pieza clave en el caso de lavado.
Contraataque de Moyano
La defensa de Moyano presentó la última semana una denuncia en los tribunales de Comodoro Py, por la por presunto “tráfico de influencias y peculado”, ante la sospecha de que funcionarios del gobierno actual podrían haberse juntado con jueces o fiscales para motorizar presentaciones en su contra. La denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González.
