La Oficina Anticorrupción solicitó acceder a los documentos aportados por la comisión de valores de los Estados Unidos que prueban que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ocultó que era accionista de sociedades offshore en Islas Caimán, como reveló el equipo argentino de Paradise Papers. El organismo de control pidió a PERFIL que envíe copia de los documentos de la Securities and Exchange Comission (SEC) de ese país, a fin de colaborar con la investigación interna sobre el caso que compromete al funcionario.
Los documentos fueron obtenidos mediante la FOIA (Freedom of Information Act; o Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos). La OA informó que además requerirá a la SEC “la totalidad de la información oficial obrante en su poder”. Sería por vía diplomática, a través de la embajada de los Estados Unidos, según fuentes del caso.
El organismo a cargo de Laura Alonso dijo que “ha requerido aclaraciones al ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses. Posteriormente, toda la información fue remitida al fiscal interviniente, Carlos Rívolo”. Y agregó que los funcionarios deben declarar su patrimonio al momento de asumir el cargo. Sin embargo, cuando Caputo asumió, en diciembre de 2015, la norma marcaba otra cosa: debía informar su patrimonio del año anterior (2014). Esa diferencia es una de las claves del caso.
Los documentos de la SEC revelaron que Caputo fue, entre agosto de 2009 y julio de 2015, el principal accionista de Princess International Group, radicada en Islas Caimán. Tenía más del 75% de las acciones. A través de Princess, era el dueño de entre el 50% y el 74% de otra offshore: Affinis Partners II, dueña de Noctua, la gerenciadora de fondos de inversión que movió más de US$ 251 millones en 2015. Pero el funcionario omitió consignar esa información en su declaración jurada de diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones de 2014 (según la norma de ese momento). Volvió a ocultarlo en 2016, cuando debió informar su patrimonio al inicio de 2015. La omisión de este tipo de datos puede llegar a configurar un delito con penas de hasta dos años de prisión.
