María Inés Belloni es la mujer detrás del presidente de Boca y operador judicial del macrismo, Daniel “el Tano” Angelici. Se insertó en la función pública a través de la ayuda social que despliega desde tres espacios en paralelo: una ONG creada por ella y un grupo de amigas, Boca Juniors y el Estado porteño. Si bien Belloni trata de mantener el perfil bajo y no mezclar su actividad con la de su marido, su trayectoria lleva las marcas y la influencia de Angelici.
Designada en la Capital como asesora de gabinete de la presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Karina Leguizamón, por estos días Belloni trabaja en el programa “Abrazar”, orientado a fomentar una suerte de padrinazgo en chicos preadolescentes.
“Soy una simpática rubia de 45 años que le gusta sonreír, que confía y quiere ayudar, ser puente”, se autodefinía hace dos años en la página web de la Fundación Unidos para Amar. Se trata de una ONG que fundó junto a la abogada Karina Leguizamón, ex tesorera de ese colectivo, y otras amigas. Belloni, a su vez, colabora en Boca Social, la fundación solidaria del club manejado por su esposo.
Hasta su reciente muerte, el encargado de esa pata solidaria de Boca era Enzo Pagani, quien fue el esposo de Leguizamón y presidía el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, un espacio dominado desde las sombras por Angelici. Pagani cumplía ambas funciones con criterio de lealtad hacia El Tano. Si bien el ascenso de Elisa Carrió dentro de Cambiemos le puso un freno a las ambiciones políticas del Tano, el presidente de Boca sigue tallando sobre el ámbito judicial.
Cargo. En el Estado porteño, Belloni tiene un puesto de asesora de Gabinete de Leguizamón. Dependiente directamente del alcalde Horacio Rodríguez Larreta, el Consejo es uno de los organismos más importantes dedicados a proteger los derechos de los chicos: se ocupa de los trámites vinculadas a las adopciones (inscribe candidatos y los evalúa); busca chicos perdidos; e intenta combatir el maltrato infantil. Tiene unos 700 empleados, y trata unos 25 mil casos anualmente.
En las últimas semanas, Belloni trabajó en un nuevo programa del Consejo llamado “Abrazar”. El plan promueve acuerdos entre adultos que necesiten compañía y chicos que, por ser preadolescentes, cuenten con pocas chances reales de ser adoptados.
Desde septiembre del año pasado, el Consejo amplió su área de injerencia. A partir de un lobby explícito de Leguizamón, los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la ley penal, que hasta ese entonces eran administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), fueron transferidos a la Ciudad y son administrados por el consejo.
Ese traspaso generó algunas fricciones entre funcionarios macristas. Y potenció las críticas en sordina contra Leguizamón y Belloni. “Es una dama de beneficencia, que está ahí sólo gracias al Tano”, afirma una dirigente que no la aprecia.
Sus compañeras de trabajo más cercanas, en cambio, aseguran que trabaja como si fuera una más, sin chapear ni sacar (demasiada) ventaja del poder en las sombras que administra su esposo.
La situación de los menores que delinquen
Unos 1.300 chicos de hasta 18 años están recluidos en los 118 dispositivos penales juveniles que existen en el país, según un informe de Unicef y el Ministerio de Desarrollo Social de 2015. En la Capital hay 240 chicos en una situación de ese tipo, según información del Consejo porteño de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando un menor comete un delito en la Ciudad, llega al Centro de Admisión y Derivación. Ahí no puede quedarse más de 12 horas hasta ser derivado judicialmente. En ese punto, las opciones son: trasladarlo a un centro penal juvenil de régimen cerrado (hay setenta chicos, según datos oficiales); llevarlos a centros socioeducativos privativos de la libertad o a residencias socioeducativas de libertad restringida (hay unos veinte en total); o inscribirlos en un programa de acompañamiento en Ambito Socio-Comunitario de Supervisión y Monitoreo (unos 150). De esos 240 chicos, un 70% cometió delitos contra la propiedad, y sólo un 5% lo hizo en contra de otra persona. A la luz de esas estadísticas, desde el Consejo apoyan la reforma del régimen penal juvenil, pero sin bajar la edad de imputabilidad.
