POLITICA
justicia

La Corte Suprema convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity

Se debate si corresponde a la Provincia de Buenos Aires o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica en territorio bonaerense.

Farmacity. Su dueño estará en la Jefatura de Gabinete.
| Cedoc Perfil

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó una audiencia pública informativa en el marco de la causa en la que se debate si la firma Farmacity S.A., fundada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, puede operar en territorio bonaerense.

El máximo tribunal determinó que la audiencia pública tendrá lugar el próximo 29 de agosto, a las 10 horas. Este proceso se da luego de que Quintana quedara imputado en una causa penal en donde se investigan sus negocios con Farmacity. Los farmacéuticos bonaerenses apuntaron en reiteradas ocasiones a la influencia del funcionario para que el caso prospere. 

Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde a la Provincia de Buenos Aires o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica en territorio bonaerense.

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El expediente lo inició Farmacity con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas, como lo es la compañía.

En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró constitucional el art. 14 de la ley 10.606 e inoficioso pronunciarse acerca del art. 3°. La empresa farmacéutica recurrió ante la Corte Suprema alegando que la norma provincial resulta contraria a las disposiciones de la ley 17.565 y el decreto nacional 2284/1991 de Desregulación Económica, como así también a los artículos 14, 16, 28, 42, 75 inciso 12, 18 y 126 de la Constitución Nacional.

Asimismo solicitó que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito de esa provincia, indicó el CIJ.