El 9 de marzo de 2016, los empleados de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que durante décadas había guardado los secretos financieros de las celebridades mundiales, políticos, empresarios y criminales, hicieron un descubrimiento. Alguien había copiado grandes cantidades de datos de sus computadoras.
Correos electrónicos, contratos, declaraciones bancarias: se habían filtrado 11,5 millones de documentos de los registros de clientes más sensibles de la empresa, unos asombrosos 2,6 terabytes de datos.
De repente, el negocio diario de establecer empresas pantalla en paraísos fiscales ya no era la prioridad. En cambio, los documentos recientemente obtenidos de Mossack Fonseca muestran que los empleados comenzaron a trabajar furiosamente en una nueva misión: descubrir quiénes eran sus clientes.
Como un jugador clave en el mundo de las finanzas offshore, Mossack Fonseca había incumplido durante años las normas que exigían a los abogados y otros proveedores de servicios offshore identificar y verificar a sus clientes, requisitos diseñados para prevenir la actividad delictiva.
Los documentos recientemente filtrados muestran que los empleados de Mossack Fonseca enviaban frenéticamente correos electrónicos a banqueros, contadores y abogados - los intermediarios que habían elegido al estudio panameño para gestionar compañías pantalla para clientes adinerados que deseaban permanecer en el anonimato-, en un intento por frenar las consecuencias de la filtración de sus registros. Esos intermediarios respondieron con pánico y furia.
Beneficiarios desconocidos
"¡El cliente desapareció! ¡No puedo encontrarlo más! ", escribió Nicole Didi, una asesora suiza de gestión patrimonial, en marzo de 2017. Intermediaria de Mossack Fonseca desde hacía tiempo, intervino en 80 empresas creadas por la empresa.
"Esto es ridículo", escribió Eliezer Panell, un abogado de Florida que se exasperó por las múltiples solicitudes de Mossack Fonseca -a veces con solo un día de diferencia- para que obtuviera y enviara documentos de dos propietarios de compañías offshore para probar su identidad. "No podemos volver un día después de pedir documentos para pedir otra cosa", escribió. "Parecemos unos malditos aficionados. Una operación Mickey Mouse”.
Los nuevos documentos revelan que Mossack Fonseca no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de compañías que había registrado en jurisdicciones opacas o baja tributación. Dos meses después de que la firma se enteró de la violación de registros, aún no había podido identificar a los propietarios de más de 70% de las 28.500 compañías activas en las Islas Vírgenes Británicas, el territorio marítimo con más sociedades abiertas por bufete, ni tampoco al 75% de las 10.500 compañías activas en Panamá, según surge del análisis de los registros.
La ignorancia de la empresa sobre quién se benefició de las compañías pantalla que ayudó a establecer representaba un riesgo significativo. El incumplimiento de las reglas de “conozca a su cliente” podría exponer a Mossack Fonseca a demandas judiciales, investigaciones penales, u obligar a la empresa a cerrar las empresas, provocando el caos en sus propios negocios y los de sus clientes.
Los estándares de know-your-client se volvieron cada vez más estrictos a medida que los gobiernos intensificaron sus esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. La indiferencia de Mossack Fonseca ante una obligación legal tan fundamental fue “extraordinaria”, según los expertos.
"No debería ser aceptable que una empresa como esta no conozca al dueño de una compañía pantalla, y mucho menos a miles de ellos", señaló Jack Blum, abogado de los Estados Unidos especializado en fraude fiscal y lavado de dinero. “Que no hubiera registro de quién posee qué, te indica cuán lejos ha llegado el negocio de las compañías pantalla, en términos de ser una farsa. Me parece que no podría ser más loco", agregó.
El impacto mundial de Panama Papers
Este relato de los últimos meses de Mossack Fonseca es el resultado de la segunda filtración de archivos de la empresa. La primera se tradujo en la investigación de Panama Papers y condujo a la ruina al estudio panameño.
En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y más de 100 socios publicaron cientos de historias basadas en la filtración de millones de documentos internos que expusieron el funcionamiento del bufete, desde finales de los años setenta hasta 2015.
La investigación de los Panama Papers convulsionó el mundo de la política, las finanzas y la ley. La lista de personas reacias a la publicidad que usaron los servicios de Mossack Fonseca incluía a miembros del círculo íntimo de Vladimir Putin, al entonces primer ministro de Islandia, y hasta a una compañía sospechosa de tener ganancias de un famoso robo de oro en Londres en 1983.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció luego de que la investigación revelara su participación en una compañía offshore que él y su esposa usaron en secreto para mantener casi US$ 4 millones en bonos en bancos islandeses, incluso cuando su gobierno estaba negociando con los acreedores de los bancos.
Los pakistaníes protestaron en las calles cuando se reveló que los hijos del entonces primer ministro Nawaz Sharif habían comprado compañías pantalla para tener propiedades inmobiliarias multimillonarias en Londres sin ser descubiertos. Sharif dimitió en julio de 2017, luego de que el Tribunal Supremo de Pakistán lo descalificara de su cargo.
La policía allanó las oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador, Perú y Panamá. Para fines de 2016, los gobiernos y empresas de 79 países habían abierto 150 auditorías o investigaciones sobre el estudio panameño, sus intermediarios o clientes.
La nueva filtración ofrece una visión dentro de Mossack Fonseca y el círculo de profesionales con los que hizo negocios en las semanas previas a que se conocieran los Panama Papers, y con posterioridad, cuando la empresa se apresuraba a identificar clientes, y los clientes comenzaron a alejarse. Los documentos -que incluyen correos electrónicos, copias de pasaportes y archivos- datan de principios de 2016 hasta finales de 2017, unos meses antes de que la empresa colapsase.
La información fue obtenida por el mismo periódico alemán que recibió la primera filtración, Süddeutsche Zeitung. Los registros se compartieron con ICIJ y sus socios en más de un centenar de medios de comunicación.
Décadas de secreto hecho trizas
En 1986, Jürgen Mossack, un inmigrante alemán cuyo padre mudó a su familia a Panamá después de servir en las Waffen-SS de Hitler, y Ramón Fonseca, un destacado novelista y abogado panameño, fusionaron sus prácticas legales.
La firma, Mossack Fonseca, desarrolló un nicho que ayudaba a los ricos a ocultar su riqueza en el extranjero. Mossack Fonseca rara vez se comunicaba directamente con los beneficiarios finales de su trabajo. En su lugar, se relacionaba con los intermediarios que actuaban de gestores entre la empresa y los individuos adinerados que buscaban proteger casas de lujo, yates y jets, cuentas bancarias y valiosas colecciones de arte de batallas judiciales imprevisibles, ex cónyuges e inquisitivos inspectores de impuestos. Algunos beneficiarios de los discretos servicios de Mossack Fonseca utilizaron compañías pantalla para sobornar a funcionarios del gobierno y esconder dinero en efectivo.
El acuerdo permitió a Mossack Fonseca operar en gran medida en la oscuridad durante décadas. Luego, alguien se escapó con un vasto tesoro de sus registros más confidenciales, que llegaron a los periodistas.
El estallido de la crisis
A principios de marzo de 2016, las llamadas de los periodistas de ICIJ comenzaron a llegar a Mossack Fonseca y a los intermediarios. Con el descubrimiento de la violación de la computadora, la empresa cambió completamente al modo de crisis.
El día después de confirmada la violación de seguridad, el abogado de Mossack Fonseca solicitó al fiscal general de Panamá iniciar una investigación criminal e "interrogar urgentemente" a periodistas de Francia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos y Alemania que estaban en Panamá filmando documentales para lo que se conocería días después como Panama Papers. “No deben permitir que los periodistas abandonen Panama o su hotel Hilton hasta que revelen cómo obtuvieron los documentos de Mossack Fonseca”, exigió el abogado, sin éxito.
Después de que se publicó la investigación de los Panama Papers el 3 de abril de 2016, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas al bufete de abogados se dispararon. Los empleados de la firma aumentaron el uso de la dirección electrónica CrisisCommittee@mossfon, según surge de los archivos filtrados.
Muchos correos electrónicos se hicieron eco de uno enviado por Charles Hotton, director gerente de una filial de Jersey del Banco de Singapur, que ofrece a los ricos la protección de sus activos. "Urgente ... qué información de documentos / BO se tomó de los archivos y cuándo", preguntó Hotton, refiriéndose a los llamados "beneficiarios finales" de compañías offshore, cuyo propósito puede ser ocultar los últimos "BO" (por “beneficial owner” en inglés).
Cerrud, el coordinador de relaciones con los clientes, intentó contener a Hotton. "Hemos evitado que los hackers saquen información de nuestro sistema de correo electrónico a partir de marzo”, respondió.
Pánico y enojo
En ocasiones, los clientes de alto perfil se apresuraron a demostrarle a Mossack Fonseca que eran, de hecho, clientes.
Ayudantes del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, envió a la asediada firma de abogados una factura de electricidad para demostrar su identidad luego de que las autoridades antilavado de las Islas Vírgenes Británicas exigieran la confirmación de la propiedad de la compañía offshore de Poroshenko.
Los abogados del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, enviaron una carta protegida con contraseña a Mossack Fonseca sobre su pasaporte y los miembros de su familia. Tal prueba le permitiría al monarca seguir siendo propietario y administrador de propiedades en el Reino Unido a través de compañías offshore.
Entre la correspondencia hay 17 correos electrónicos con representantes de la estrella de Hollywood Jackie Chan, un cliente de Mossack Fonseca que proporcionó su pasaporte escaneado y una declaración de American Express en un intento de mantener abiertas las compañías de producción y de películas, y ayudar a Mossack Fonseca a evitar multas por trámites incompletos.
Un abogado que representaba al poderoso presidente del Senado de Nigeria, Bukola Saraki, y su esposa tomaron un vuelo nocturno desde Londres a Panamá.
Y uno de los abogados de más alto perfil de Suiza denunció a la firma en nombre de la familia de Beny Steinmetz, un ejecutivo minero ahora bajo investigación en Israel por supuestos sobornos y corrupción en África. Una portavoz de Steinmetz le dijo a ICIJ que las acusaciones de corrupción y soborno son infundadas.
"La filtración de información de la cual Mossack Fonseca & Co era el guardián, ha causado daños a nuestros clientes, quienes se equivocaron al confiar en usted y creyeron en sus habilidades y rigor profesional", escribió el abogado Marc Bonnant.
Un profesional de las finanzas le dijo a Mossack Fonseca que nunca había dado permiso para que su nombre se escribiera en documentos de empresas extranjeras, y mucho menos para que se hiciera público. "Es basura, y exijo que elimine mi nombre de todos sus archivos", escribió Jean-Yves de Louvigny en un correo electrónico a la oficina de Mossack Fonseca en Luxemburgo. "¡Estoy asombrado por el hecho de que otra persona puede proporcionar mi nombre sin mi consentimiento!", se quejó. El banquero había visto su nombre publicado como parte de los Panama Papers, pero afirmó que nunca había tenido ninguna relación con una compañía offshore. ICIJ buscó comentarios de Louvigny y otros intermediarios nombrados en esta historia, pero ninguno respondió.
Control de daños
En medio de su campaña para identificar a sus clientes, Mossack Fonseca intentó limitar las consecuencias de la filtración.
El estudio panameño dijo a los clientes e intermediarios que había instalado un protector informático para prevenir los ataques informáticos. También que había introducido un sistema para encriptar correos electrónicos y documentos sobre la parte más sensible de la industria offshore: quién posee qué.
La firma contrató a consultores de relaciones públicas con los medios para "dar nuestra versión de los eventos". También contactó a lo que llamaron "embajadores de la industria" para pedirles apoyo público, según muestran los correos electrónicos.
“La protección y seguridad de la información es nuestra prioridad más importante”, dijo el bufete panameño a sus clientes en un anuncio en mayo de 2016 después de la publicación de los Panama Papers. “Una vez más, les pedimos disculpas por la difícil situación que ha creado esta violación ilegal”.
Los registros muestran que a los clientes no los tranquilizaron mucho los intentos de control de daños. Un abogado se impacientó al escuchar la música de espera de un teléfono y se quejó en un correo electrónico en julio de 2016 a Josette Roquebert, directora senior de Mossack Fonseca en Panamá. Otro se frustró cada vez más a medida que pasaban los días sin una respuesta. “Nuestros clientes no son veletas que giran según los deseos de ustedes”, escribió el empleado de una compañía de gestión offshore.
Un intermediario suizo quedó totalmente harto. “Con muchos mensajes, ustedes, Mossack, están intentando convencer a los clientes de que tienen esta increíble situación bajo control”, escribió Félix Chille. El mensaje concluía: “Probablemente este correo electrónico será interceptado como 11.600.000 de los otros documentos. No me importa”.
Otros fueron más comprensivos, pero dejaron en claro que Mossack Fonseca había violado el código de secreto sagrado, aunque no escrito, de la industria offshore. “Sentimos mucho lo que sucedió ... y les deseo lo mejor, pero se ha roto el objetivo principal de este tipo de estructuras: la confidencialidad”, escribió el asesor financiero uruguayo Ignacio Frechou.
“Deficiencias importantes”
El bufete recibió preguntas directas de los reguladores y las autoridades en las semanas y meses posteriores a la publicación de la investigación.
Los gobiernos abrieron investigaciones sobre las empresas establecidas por algunas de las oficinas más concurridas de Mossack Fonseca, incluyendo Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Samoa, las Seychelles y Anguila.
En abril de 2016, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles, que regula a operadores como Mossack Fonseca para garantizar que los vehículos offshore no sean mal utilizados, le solicitó al bufete revelar quiénes eran los dueños de algunas de las 5.379 empresas activas que había registrado en el archipiélago.
Una de las formas en que Mossack Fonseca eludió las estrictas reglas de conocimiento del cliente fue confiando en abogados externos para que avalaran la reputación y la identidad de los propietarios reales de las empresas.
Requerimientos e investigaciones
Una auditoría realizada por la agencia de delitos financieros de las Seychelles meses después, concluyó que la oficina de Mossack Fonseca no monitoreaba regularmente a los clientes políticamente expuestos de alto riesgo, y que había violado seis leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, según muestran los nuevos archivos. “En general, los examinadores encontraron deficiencias importantes en las operaciones de Mossack Fonseca Seychelles”, escribió Phillip Moustache, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, en una carta al bufete.
Los clientes de la firma también estaban siendo investigados. Las autoridades en la India, España, Suecia y Argentina exigieron información de Mossack Fonseca sobre los contribuyentes que poseían compañías offshore a través del bufete, según muestran los nuevos registros filtrados. La policía local allanó la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas en busca de registros como parte de una investigación sobre sobornos que involucró al magnate petrolero de Nigeria, Kolawole Aluko.
Dos meses después de la publicación de los Panama Papers, las autoridades británicas obligaron a Mossack Fonseca a entregar documentos sobre una empresa ficticia administrada por una filial de Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), en aquel momento una empresa minera y de energía que cotizaba en bolsa. En 2013, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido anunció una investigación contra ENRC por presuntos sobornos en Kazajstán y África. La compañía se retiró de la bolsa de Londres posteriormente ese año.
Cofiparinter Ltd., la empresa ficticia de ENRC, estaba siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por corrupción, soborno y lavado de dinero y otros presuntos delitos, según una copia de la orden de registro. La investigación de la compañía no había sido reportada previamente.
“El acuerdo que involucra a Cofiparinter plantea una serie de preguntas sobre quién se beneficiaba de la riqueza natural del Congo”, dijo Anneke van Woudenberg, experta en minería del Congo quien trabaja con la organización sin fines de lucro del Reino Unido Rights and Accountability in Development (RAID). “Una respuesta está clara: no fueron los ciudadanos pobres del Congo”.
Las autoridades británicas se negaron a comentar sobre lo que provocó la investigación de Cofiparinter o a decir si está en curso actualmente.
“Se marchitaría eventualmente”
Al principio, Mossack Fonseca trató de alentar a sus clientes a permanecer leales, a pesar de la furiosa tormenta de relaciones públicas y legales. El bufete redujo las tarifas y ofreció a algunos clientes la opción de cambiar el nombre de sus empresas para que las operaciones comerciales pudieran continuar discretamente.
Mossack Fonseca ayudó a algunos clientes al cambiar su propio nombre comercial para eliminar cualquier referencia obvia a los fundadores panameños en los correos, los paquetes y las facturas.
Otros clientes simplemente trasladaron su negocio a otros proveedores de servicios offshore en paraísos como Guernsey en las Islas del Canal, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre. “Su bufete no es confiable ni creíble……Adiós”, escribió el intermediario con sede en Luxemburgo, Jeffrey Davies.
Los clientes comenzaron a informar que los bancos se rehusaban a aceptar o procesar pagos a Mossack Fonseca.
En mayo de 2016, el bufete les anunció a los clientes que cerraría su oficina en la Isla de Man, un territorio británico en el Mar de Irlanda. Pronto le siguieron los cierres de oficinas en Jersey y Hong Kong.
Más tarde ese año, anunciaron que se retirarían del estudio que habían fundado. Permanecería abierto con una estructura reducida por unos años más para cumplir con las obligaciones existentes, pero “se marchitaría eventualmente”, decía un correo electrónico a los clientes.
En febrero de 2017, la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, alegó que las compañías de Mossack Fonseca habían sido utilizadas para enviar y recibir sobornos en América Latina en relación con el escándalo Lava Jato. La investigación, aún abierta, apunta a docenas de políticos y ejecutivos de la compañía petrolera estatal brasileña, Petrobras, que recibieron millones de dólares en coimas de contratistas a quienes se les otorgaron generosos contratos. Porcell llamó a Mossack Fonseca “una organización criminal que se dedica a ocultar activos monetarios de orígenes sospechosos”. Ordenó que Mossack y Fonseca fueran arrestados por cargos de lavado de dinero. Los fundadores del estudio panameño, quienes negaron haber cometido delito alguno, pasaron varios meses en la cárcel antes de pagar la fianza.
“Los fiscales están tratando de obtener evidencia de un crimen que no existe”, escribió Mossack en un cuaderno desde su celda. “Si esto fuera España en los años oscuros, nos estarían quemando en la hoguera”. Mossack y Fonseca fueron liberados en abril de 2017. Casi año más tarde, el bufete de abogados con sus nombres cerró para siempre.
En mayo de 2018, los fiscales panameños acusaron a otros 10 empleados de Mossack Fonseca de lavado de dinero como parte de las investigaciones sobre el escándalo Lava Jato de Brasil. Mossack sigue bajo investigación por parte de fiscales en Colonia, Alemania, como cómplice de evasión de impuestos, según un comunicado entregado a Süddeutsche Zeitung.
La procuradora general de Panamá no respondió a las preguntas de ICIJ. Las investigaciones en Panamá continúan, según los informes de los medios.
Mossack y Fonseca no respondieron preguntas específicas de ICIJ o sus socios. En junio, los abogados emitieron un comunicado de prensa que decía que el bufete, sus empleados y sus fundadores “nunca estuvieron involucrados en actos ilegales”.
Una última ayuda
La asesora suiza Nicole Didi fue una de las primeras intermediarias en enviar un correo electrónico a Mossack Fonseca después de ser interrogada por periodistas, y continuó escribiéndole al bufete, con creciente frustración, durante los siguientes 19 meses.
Acusó al estudio panameño de extraviar documentos, de identificar erróneamente al dueño de una compañía offshore, y de hacer preguntas en repetidas ocasiones que Didi no podía responder. “¡No puedo creer lo que hacen en su bufete!”, escribió Didi en mayo de 2017.
Finalmente, Makya Villarreal, gerente de la oficina de Mossack Fonseca en Seychelles, le dijo a Didi que ya era hora de que se llevara su negocio a otro lado. “No responderemos a ningún mensaje que envíe, y debe resolver cualquier problema con el nuevo agente con el que elija trabajar”, escribió la gerente. La empleada de Mossack Fonseca le ofreció una última ayuda. Le ofreció a Didi una lista de otros 67 especialistas en compañías offshore con sede en las Seychelles que ofrecían los mismos servicios que Mossack Fonseca.
(*) Del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Traducción para ICIJ: Univision.
