Por proteger a Lázaro Báez

Echegaray procesado: las razones del juez Casanello para avanzar contra el ex titular de la AFIP

Con la decisión del magistrado, el ex titular de la AFIP se convirtió en el primer ex funcionario involucrado en la ruta del dinero K. 13|06|18

El juez Federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez. El magistrado avanzó contra Echegaray al considerarlo autor de los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionarios públicos. En tanto que a Ángel Toninelli, ex responsable de la DGI del organismo, le apuntó cómo coautor de los mismos delitos. A ambos les trabó embargos por 70.412.000 de pesos. "La consecuencia directa de los hechos por los cuales Echegaray y Toninelli son procesados aquí se observan de manera palmaria y el perjuicio ocasionado asciende, como hipótesis de mínima a $70.400.000", sostuvo el magistrado a la hora de citar el monto de la medida. Con la decisión de Casanello, Echegaray se convirtió hoy en el primer ex funcionario involucrado en el caso de Báez.

El empresario santacruceño está detenido desde hace más de dos años, por orden de Casanello, y un importante tramo del caso ya está elevado a juicio oral y público. En tanto que el hecho sobre el que está involucrado Echegaray apunta a los orígenes del lavado de dinero, a través de facturas apócrifas.  

El expediente contra los ex funcionarios de la gestión kirchnerista comenzó tras una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer, quien luego fue aceptada por Casanello como amicus curiae. Stolbizer presentó una serie de notas periodísticas e información de organismos públicos, de los que “se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones S.A. (empresa insignia de Báez) habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos, lo cual le habría permitido a la firma de Lázaro Báez reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

Con el devenir de la investigación se vio cómo se volvió clave el rol de Echegaray y Toninelli para que esas maniobras pudieran ser llevadas a cabo. Hoy, a la hora de resolver la situación de ambos, se consideró que habrían obstruido el avance de las “fiscalizaciones iniciadas entre los meses de mayo y julio del año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A., las cuales al mes de julio del año 2012 presentaban un avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa cuyo beneficiario era, en forma directa o indirecta -dependiendo el caso- la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95%) es Lázaro Antonio Báez”.

Según se consigna en el escrito, al que accedió PERFIL, “las irregularidades detectadas con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”, área que desde entonces pasó a pertenecer a Mar del Plata.

Entre las pruebas recabadas se corroboró que incluso el 1º de noviembre de 2012, Toninelli “realizó un viaje en un vuelo privado que compartió junto con su hijo Federico Toninelli y Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando con destino a la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones S.A., retornando al día siguiente”, explica la resolución. Para Casanello, el hecho "deja en evidencia las conexiones entre los Báez y una de las más altas autoridades de la AFIP, cuya función como titular de la DGI era justamente la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de los impuestos nacionales".

Otro de los elementos detectados por el juez y su equipo fue que un número telefónico, que sería utilizado por Lázaro Báez, “habría mantenido, entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año -periodo en el cual habría ingresado el dinero a SGI-, aproximadamente unas 28 comunicaciones telefónicas con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca”. 

En el escrito, Casanello también se refirió al caso de los sobreseimientos dictados por el renunciado Norberto Oyarbide, respecto de Toninelli y Echegaray, en un expediente que corrió en paralelo a este y que fue cerrado, por el ex magistrado, sin profundizar. “Un somero examen de dichas resoluciones permite afirmar que es difícil comprender qué fue lo que sobreseyó Oyarbide en las causas nº 420 y 2.835, o cuáles fueron los fundamentos que lo llevaron a adoptar esa decisión”, se explica en el escrito Casanello.

“La escasa actividad instructoria desplegada por el director de esos procesos en los que no se llevaron a cabo las medidas de prueba mínimas para corroborar o desechar una hipótesis delictual y la rapidez con la que se sobreseyó, impiden que siquiera a nivel subjetivo los imputados puedan ampararse en la garantía que invocan para neutralizar este proceso”, agregó el magistrado.



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