Cristóbal, libre: en el Gobierno intentaron contener a Carrió

Al interior de Cambiemos, la liberación de Cristóbal López derivó en un nuevo motivo de enojo para Elisa Carrió. En otro de sus cíclicos pases de factura hacia un sector del oficialismo, siempre con hincapié en las sospechas de corrupción, esta vez la diputada le apuntó a la conducción de la AFIP. Sin mencionarlo directamente, desconfió de las intenciones del reemplazante de Alberto Abad, Leandro Cuccioli, un funcionario con experiencia y pasado offshore. Para Lilita y su troupe, la AFIP empieza a tener un trato demasiado amistoso con López, el empresario procesado por evadir unos 8 mil millones de pesos.

Desde el Gobierno, al igual que ante reclamos previos de Carrió, la reacción fue inmediata: se preocuparon por repudiar la decisión de liberar a López, tomada el viernes por la Cámara Federal. La movida judicial incluyó un cambio de carátula que, en la práctica, podría traducirse en un beneficio importante para López: rendir cuentas por evasión ante la Justicia Penal Tributaria, solicitar la adhesión a una moratoria y reducir la deuda con el fisco.

“No tenemos ningún interés en salvarlo. Lo puedo ratificar. Alguna vez se ha mencionado esto y lo hemos rechazado claramente”, afirmó ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Fue un intento de contención casi personalizado a Carrió, quien el viernes había arrancado su intifada contra la nueva jefatura de la Administración Federal de Ingresos Públicos. “Esto se trata de un acuerdo de impunidad, ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP”, tuiteó Lilita el viernes a la tarde. Desde hace años, la Coalición Cívica convirtió en bandera su militancia contra la supuesta trama de corrupción que involucró a López con el gobierno kirchnerista.

Además de Garavano, con quien la socia indomable de Cambiemos mantiene una relación zigzagueante, otros dirigentes del macrismo sentaron posición sobre la liberación de López. El senador Federico Pinedo y el abogado radical Ricardo Gil Lavedra, representante de la AFIP en la causa contra la empresa de López y Fabián de Sousa, Oil Combustibles, también cuestionaron la resolución de la Cámara.

Contratado durante la gestión de Alberto Abad, Gil Lavedra confirmó que la AFIP apelará ante Casación el fallo que benefició al empresario patagónico, cercano al kirchnerismo. De fondo, en el Gobierno existen distintas miradas sobre qué actitud tomar ante el Grupo Indalo: impulsar su quiebra o intentar una suerte de salvataje, que mantenga las numerosas fuentes de trabajo.

La acusación de Carrió iba dirigida contra Cuccioli, hasta hace pocos meses funcionario en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Finanzas. El sucesor electo de Abad tiene acciones en dos fondos de inversión en Caimán y dirigió una compañía inscripta en otro paraíso fiscal: Bermudas.

Cuccioli integró el directorio de El Tejar, uno de los más grandes emprendimientos agropecuarios de la Argentina y el Cono Sur. El Tejar lo conecta con una figura algo enigmática: Ignacio Rosner, egresado del Cardenal Newman, financista que tomó el control de Indalo y mantiene una puja judicial con la AFIP por el futuro del holding de López.

La encargada de blanquear las sospechas de Carrió fue la diputada Paula Oliveto. Mano derecha de Lilita, afirmó que “a Rosner lo puso él (López) con el objetivo de evitar que la Justicia pudiera recuperar esos bienes”. La diputada reclamó la intervención judicial de las empresas y le exigió a la AFIP “una actitud muy activa en el fuero penal económico”. Carrió quiere a López (y también a Rosner) fuera de Indalo.