El jurista brasileño Deltan Dallagnol, Jefe de fiscales de la Operación Lava Jato, se presentó ayer en Buenos Aires, en una conferencia organizada por el Ministerio de Justicia de la Nación. Dallagnol se mostró optimista sobre los avances de las tratativas de la justicia argentina para poder acceder a pruebas en manos de su par de Brasil. “Tengo noticias de que están caminando bien y que tienden a llegar a un buen resultado”, contó a PERFIL.
Dallagnol encabeza desde 2014, cuando comenzó el caso, la investigación de Lava Jato, que marcó un antes y un después en la justicia brasileña. En Argentina tramitan tres casos que involucran a la compañía Odebrecht y los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezan junto al Procurador Interino, Eduardo Casal, los intentos para acceder a la documentación y pruebas, en mano de sus pares brasileños.
Consultado por los detalles de las negociaciones, Dallagnol declinó de hacer comentarios porque sostuvo que no está siendo parte de ellas sino que pasan “por (el área de) Cooperación Internacional”. Sin embargo agregó que tiene “noticias de que están caminando bien y que tienden a llegar a un buen resultado”, agregó. En tanto se mostró entusiasmado con la posibilidad de que Argentina pueda obtener las pruebas para “comenzar a resolver sus investigaciones para buscar responsabilidades y el dinero desviado, por las personas que pagaron coimas vinculadas a la empresa Odebrecht. Sean empresas públicas o privadas”, afirmó.
Los últimos avances a los que llegaron los fiscales argentinos, junto al representante de la Oficina Anticorrupción (OA), Ignacio Irigaray, radican en que, mediante tratados internacionales ya existentes y sin necesidad de reforma legal, Argentina respeta la disposición de no perseguir a los arrepentidos brasileños que aportaron información a la justicia de ese país sobre los pagos a funcionarios argentinos, por lo que ya fueron condenados en su país. Aunque todavía no hay nada firmado, las expectativas son grandes y se tratan del trabajo de varios meses de encuentros y negociaciones.
Consultado sobre la posibilidad de que Brasil reduzca sus exigencias, Dallagnol sostuvo: “las exigencias son las necesarias para el funcionamiento de un sistema de colaboración. La exigencia es que una empresa o persona que colabora no puede terminar al final de un proceso de colaboración, en una situación peor de lo que estaría si no hubiera colaborado. Las personas no pueden terminar peor. Nadie más querría colaborar. Eso es esencial para el instrumento de colaboración”.
En ese sentido agregó que “lo que se busca colocar como exigencia es que las pruebas o informaciones no sean usadas contra los colaboradores, más si contra quienes sino contra todos los que practicaron crímenes en conjunto. Esa exigencia no es solo con Argentina sino contra otros países y Ministerios Públicos. Es una exigencia para el funcionamiento contra la corrupción”.
Los capítulos argentinos. En la Argentina tramitan tres expedientes que involucran a la compañía brasileña Odebrecht, uno por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, otro por la construcción de los gasoductos del norte y del sur, y el tercero, por la construcción de dos plantas de AYSA. Este último, en manos del juez Sebastián Casanello, es el que más avanzó y lo hizo en las dos patas que componen la conexión local: apuntando tanto a la rama de los empresarios argentinos como a la de los funcionarios. A comienzos del mes pasado, el magistrado procesó a 19 personas entre ellas a los empresarios Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner junto a varios funcionarios. Fue por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública. En la misma resolución, Casanello también ordenó recibir declaración indagatoria en las próximas semanas a los ex funcionarios Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta y a Jorge “Corcho” Rodríguez.
En su escrito, el magistrado entendió que hubo “a través de cartelización un reparto irregular de la obra pública”. Y detectó “incrementos presupuestarios injustificados desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA que incorporaban obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas”.
En el expediente del soterramiento, el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria recientemente a De Vido, Baratta y otros funcionarios del ex Ministerio de Planificación, junto al empresario Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, ex dueño de IECSA, y a varios ejecutivos de las empresas que formaron parte de la UTE que intervino en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En el tercero de los casos, el juez Daniel Rafecas procesó, en abril pasado, al ex Ministro de Planificación Federal Julio M. de Vido y el ex Secretario de Energía Daniel Cameron, junto a otros ex funcionarios, por maniobras incompatibles con la función pública, para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN.
