Cada vez que algún juez reclama un desafuero nace el debate sobre qué puede hacer la justicia con un aforado. La Constitución Nacional protege algunas funciones públicas. ¿Para qué? La idea es garantizar la libertad plena de esas personas y evitar que alguien los moleste mientras ejercen sus cargos mediante persecuciones ilegales. La pregunta es si esa protección es un cheque en blanco. La respuesta es no. Veamos el caso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Hasta el año 2000 la justicia interpretaba que ningún legislador podía ser sometido a proceso penal mientras ocupase una banca. Durante aquel año hubo un caso muy famoso. Los “sobornos del Senado”. El juez Carlos Liporaci en un momento determinado solicitó el desafuero de un grupo de senadores para interrogarlos como sospechosos del delito. El Poder Legislativo reaccionó y sancionó la Ley 25320. Todo cambió.
Desde ese momento los jueces pueden someter a proceso a cualquier legislador, como si fuesen ciudadanos comunes. Pueden incluso dictar una sentencia y condenarlos como culpables. Lo que no pueden hacer es meterlos presos. Tampoco pueden allanar sus domicilios o investigar sus comunicaciones. Para esos tres puntos es necesario el desafuero. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la justicia puede investigarla, puede someterla a juicio oral e incluso condenarla. Necesita autorización del Senado para afectar su libertad, domicilio y comunicaciones.
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En ese caso, la Cámara evalúa si autoriza al magistrado. Los senadores son soberanos sobre ese punto. Aunque no pueden proteger a la persona. No se convierten en jueces del caso. Sólo evalúan si ese desafuero no afecta a la función del cuerpo. Los senadores custodian la libertad del senado. El procedimiento parece engorroso. Pero la forma republicana de gobierno es mágica porque su eje vertebrador dice que las repúblicas son un modo de preservar la libertad y si nadie puede hacer lo que quiere no queda otra alternativa que ponerse de acuerdo. Se impone el bien común.
