¿Justicia 2020 o Justicia 1880?

¿Justicia 2020 o Justicia 1880? Esa pregunta fue formulada en la reciente reunión de la Comisión Penal de Justicia 2020, a modo de respuesta a la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez, quien, invocando el Primer Código Penal de 1886, recalcaba la importancia de “no olvidar los derechos humanos de los imputados”. Como si el tiempo se hubiese detenido y cristalizado en una Argentina que poco o nada tiene que ver con la de hoy. Y olvidando, en su reclamo, el clamor de una sociedad victimizada por un Estado inerme donde arrecia la violencia bajo todos sus rostros. Pero tal vez el más reaccionario fue Ricardo Gil Lavedra, el mismo que otrora cumplió un honroso papel en el regreso de la democracia aunque luego hacedor, junto con Zaffaroni, del felizmente abortado Código Penal. Lo cierto es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación difícilmente pueda funcionar orgánicamente cuando hay camaleónicas figuras enquistadas en un poder ya de por sí desacreditado, figuras que insisten en probar recetas cuya ineficacia años de minimalismo y abolicionismo penal mostraron con sangre.

Daños. El ahora coordinador del Programa Justicia 2020 comenzó su alocución aludiendo a cierta “percepción popular extendida” de que la legitimidad de la Justicia “se encuentra dañada”. Y fijó su posición cuando admitió: “Todas las encuestas de opinión colocan a la Justicia argentina en un lugar que creo no merece (sic)”. A confesión de parte, relevo de pruebas del divorcio entre la dirigencia y la gente.
Dando por sentado que “la legitimidad dañada” expresa un capricho de la mala fe popular, se preguntó luego: “¿Cómo recuperar la credibilidad perdida?”. Y reduciendo la credibilidad a una mera cuestión de números, se interrogó: “¿La Argentina gasta mucho o poco en Justicia?”.
De acuerdo a los índices señalados por Gil Lavedra, la Argentina destina el 1% de su PBI, España el 0,32%, Uruguay 0,43%, EE.UU. 0,88%. Es fácil coincidir en que nuestra Justicia dilapida demasiados recursos para tan magros resultados.
Pero tal vez la estadística más inquietante –motivo de orgullo, sin embargo, para los judiciales– es que, mientras en los Estados Unidos hay sólo 11 jueces cada 100 mil habitantes, la Argentina posee una generosa media de 15 jueces. El lego se pregunta: ¿significa acaso que la Justicia funciona mejor en la Argentina que en los Estados Unidos? No. En la Argentina gozamos de un montón de jueces con pilas de expedientes en espera porque, pese a que los tratados internacionales ordenan que un imputado tenga doble sentencia, en nuestro país se apela una y otra vez, en un eterno retorno de lo mismo.
Esta aberración judicial explica el hecho de que, mientras la tasa de detenidos es de 155 en nuestro país, en los Estados Unidos es de casi 600. El lego puede pensar que esta diferencia se debe a que en el país del Norte delinquen más. La cuestión es mucho más prosaica: allí encarcelan a los delincuentes mientras que aquí se los premia.
Enfrentado a este diagnóstico, el sentido común indica entonces que hay que mejorar la administración de justicia. A esta altura de la alocución, el orden argumentativo seguido por Gil Lavedra se perfilaba ya hacia la luz al final del túnel de la que goza el buenismo judicial. Porque a continuación se interrogó: “¿Cuánto cuesta un detenido? Casi 40 mil pesos por mes”, cifra que, a su juicio, debe tenerse en cuenta cuando se “quiere racionalizar” la política penal. El lego se pregunta: ¿qué significa “racionalizar”? Su traducción es que los procesados no ingresen jamás a una cárcel, ya sea estirando al infinito los procesos, “cajoneando” los expedientes o, directamente, dejando prescribir las causas. Sin embargo, si un hospital está abarrotado de pacientes o una escuela de alumnos, se busca ampliar las instalaciones. Y no echarlos del lugar.

Tuerta. Nuestra (in)justicia es una mujer tuerta. Porque si destapamos el otro ojo bajo la misma (y cuestionable por reduccionista) mirada economicista, la consultora estadounidense Rand concluyó que un homicidio le cuesta a la sociedad aproximadamente 5 millones de dólares, que incluyen no sólo los costos directos asociados a una muerte (gastos médicos, de la policía y de la Justicia, el lucro cesante del occiso) sino hasta por la disminución del valor del inmueble y la zona donde ocurrió la muerte violenta.
Pero no hace falta ir a la tan denostada (aquí) Justicia estadounidense. Los países que acunaron el abolicionismo ya abandonado ofrecen una solución: el gobierno holandés sigue el camino trazado por Dinamarca y Alemania e impone a sus presos el pago de 16 euros diarios. “Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y si comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que sus actos no deben ser pagados, desde el punto de vista económico, sólo por el resto de la ciudadanía”, señaló al diario El País de Madrid Johan van Opstel, vocero de Justicia. En Alemania y en Dinamarca pagan sólo aquellos que gozan de regímenes de libertad condicional y tienen empleo. Y no pagan quienes trabajan en la cárcel. ¿Para qué pagan los presos en Alemania, Dinamarca, Noruega, Italia, Portugal, Austria y Suiza, entre otros? Para la reparación de sus víctimas, los gastos judiciales y de la investigación de la causa en su contra. En la Argentina, la Ley 24.660 ordena pagar a los presos por su trabajo y quitarles una cuarta parte del sueldo para costear los gastos del establecimiento. Nada de eso se cumple.
Hace unos días, Juan Bautista Mahíques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, propuso un proyecto de reforma del Servicio Penitenciario que pasará a ser un servicio civil orientado a la reinserción social de violadores y asesinos. Por cierto, los penitenciarios sólo ingresarán con el secundario aprobado. Bienvenido ese requisito para una propuesta que, pese a él, parece más implementable en Finlandia que en el conurbano profundo. Pero una vez más: ¿Justicia 2020 o Justicia 1880? En contrapartida: ¿Argentina o Finlandia?

*Filósofa.