El Estado dejó de ser refugio de familiares directos de los ministros, según anunció esta semana el Ejecutivo, y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el servicio público y los puestos políticos.
Andrés Ibarra, vicejefe de Gobierno de la Nación. |
CEDOC PERFIL
En dos años de gestión de Mauricio Macri, el Estado sólo abrió 300 concursos (sobre 3 mil puestos ejecutivos). La decisión, pese a que el Gobierno hizo del tema uno de los puntos de la campaña, de la mano de la profesionalización del Estado, se tomó recién en agosto, cuando el presidente le pidió al Ministerio de Modernización que agilizara los concursos.
De los 300 concursos, sólo 30 se completaron. El plazo, según señalan en el Gobierno, es marzo. Sin embargo, “el proceso es más largo”, de acuerdo con la explicación de Gonzalo Diéguez, director del programa de gestión pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entidad que esta semana encabezó el T20, la reunión de think tanks del G20.
Diéguez detalla que la mayoría se designa “por excepción” porque no llega a cumplir los requisitos tales como llamar a concurso. La práctica no es nueva. En el gobierno anterior, sólo el 20% de los cargos de director se cubrió por concurso.
El interés del Gobierno no es sólo una lavada de cara para evitar las acusaciones de nepotismo. Si hay concursos y los familiares de los ministros son los más idóneos, podrían entrar. La vara en cuanto a empleo público hoy la sube el intento del Gobierno por formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que entre sus lineamientos sugiere a los Estados adherentes “garantizar la equidad y la transparencia para acceder al empleo público”, por ejemplo.
La OCDE podría empezar a analizar el proceso de adhesión de la Argentina a partir de mediados de este año. En ese momento, el organismo extendería la invitación formal al proceso de adhesión. “A partir de ese momento empieza la revisión por comisiones y finalmente el Consejo toma una decisión en base a esas opiniones. Pero es un proceso que puede tardar años”, explicó la jefa de Estadística del organismo, Martine Durand, que estuvo esta semana en Buenos Aires en el marco de una reunión de especialistas y los 50 años del Indec. Reparto. Sobre el punto de la equidad al que hace referencia la OCDE, los cargos políticos están lejos de cumplir cualquier tipo de cupo: de los 22 ministerios, solo dos están dirigidos por mujeres. En el mejor momento fueron tres, cuando la Cancillería estaba a cargo de Susana Malcorra.
Un estudio del Observatorio de Elites de la Universidad de San Martín (Unsam) a cargo Paula Canelo y Ana Castellani marca que solo el 22,6% de los funcionarios del gobierno nacional son mujeres. El único ministerio donde hay una distribución pareja es el de Desarrollo Social, un área tradicionalmente femenina –a cargo de Carolina Stanley–. En esa cartera, el 56% son mujeres. Detrás está el Ministerio de Salud, con 36,8%. Cancillería, Ambiente, Educación y Cultura tienen un 30% de funcionarias.
En las áreas “duras”, en cambio, las mujeres son las grandes ausentes: hay sólo un 5% en el Banco Central, el 16% en Producción, el 20% en Hacienda y el 14% en Interior. En Defensa y Ciencia y Tecnología, no hay mujeres.
