Según el gobierno nacional, “Trump se comprometió a evaluar su pedido para que la Argentina sea exceptuada de cualquier medida restrictiva”.
El presidente estadounidense anunció que impondrá aranceles del 10% a las importaciones de aluminio y de 25% para las de acero, argumentando una defensa “de la industria local y la seguridad nacional”.
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Los países que podrían ser exceptuados en esta instancia serían Canadá y México, aunque Trump afirmó que pueden ser más. Por eso la Cancillería y la Secretaría de Comercio realizaron gestiones para que Argentina sea incluida en esa lista.
La semana pasada enviaron notas al titular del Departamento de Comercio, así como al Representante de Comercio norteamericano, donde se argumentaba, entre otros puntos, la baja participación que tienen las ventas nacionales en el mercado norteamericano.
“Las exportaciones argentinas representan solo 0,6% del acero y 2,3% del aluminio de todas las importaciones que hace EE.UU. en ambos rubros y por lo tanto Argentina no es causante ni contribuye a las distorsiones que afectan a los mercados mundiales y a los Estados Unidos”, señaló un comunicado de la Cancillería que dirige Jorge Faurie.
“Para Estados Unidos es poco, pero para nosotros es mucho”, señaló Carlos Vaccaro, director ejecutivo de la Cámara del Acero. Los privados esperan la resolución definitiva, en 15 días. Y de todas formas, aclaran que el problema son los “saldos exportables” de los países que sean arancelados.
“Hay que ser muy cuidadosos con las importaciones porque la producción que hoy llega a Estados Unidos, va a buscar nuevos mercados”, indicó Vaccaro. La sobrecapacidad global en aluminio y acero está impulsada por China e India. En el caso de acero, hoy “sobran 700 millones de toneladas: 450 son de China. La Argentina solo produce 5 millones”.
El Ministerio de Comercio de China exigió la revocación de los aranceles y advirtió efectos negativos globales para los metales.
Las dos partes coinciden a grandes rasgos en una “agenda de competitividad” pero no en los tiempos ni las medidas, donde marcan altas tasas para el financiamiento y aumento de costos logísticos.
Los industriales alertaron por el aumento de las importaciones y el Gobierno salió a defenderlas con el argumento de que “no es un problema de importaciones sino de la falta de crecimiento de las exportaciones”, que desconcertó todavía más a los privados.
