En la Corte Suprema aún esperan los informes del Poder Ejecutivo sobre el aumento de tarifas, mientras los jueces comentan con cierto asombro la lentitud del Gobierno frente a un tema que en teoría figura entre sus prioridades. Si bien aún hay tiempo porque la feria judicial corrió los plazos, lo cierto es que algunos integrantes de la Corte Suprema se mostraron extrañados por la falta de urgencia de la administración oficial para explicar la situación. El Gobierno pretendió que un per saltum llevara rápidamente a la Corte Suprema el tema de las tarifas y hasta el ministro de Justicia Germán Garavano intentó apurar al máximo tribunal para una rápida respuesta. Pero la jugada duró poco: la Cámara Federal de La Plata resolvió dictar un fallo frenando el tarifazo, en el que dispuso retrotraer el escenario a marzo pasado y ordenó concentrar todos los amparos, que suman casi medio centenar. El Gobierno reclamó la habilitación de la feria, que fue concedida, pero hasta ahora la Cámara Federal de La Plata no aceptó la apelación para que el caso llegue a la Corte. Mientras tanto, el Gobierno tampoco contesta el reclamo que hicieron los jueces de la Corte pidiendo informes sobre el impacto del aumento de las tarifas en los usuarios, a fin de evaluar en un futuro si se cumplen los derechos de “gradualismo y progresividad” en esas subas. Puntualmente, los ministros pidieron detalles de “los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas”, reclamaron que se especifiquen “las razones que llevaron a establecer el tope” y solicitaron que se “informe cómo operará, sobre qué importes se aplicará y qué incidencia tiene dicho tope sobre el monto final de la factura a pagar por el usuario”. Formalmente el Ejecutivo no incumplió el plazo de diez días para dar cumplimiento a los informes: como los días de feria judicial no cuentan, el plazo final recién se cumpliría el 9 de agosto. Así, diez días judiciales se transformaron mágicamente casi en un mes, lo que le da cierto aire al Gobierno, mientras espera más señales en la Justicia.
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Al terminar la feria judicial, la Cámara Federal de La Plata, que frenó el tarifazo de gas, definirá si eleva las actuaciones a la Corte tal como lo pidió el Gobierno. Lo hará una vez que los denunciantes, el centro Cepis, den su posición. Si eleva el caso a la Corte, puede hacerlo con carácter suspensivo, es decir manteniendo frenado el tarifazo, o puede definir si el hecho de elevar a la Corte las actuaciones implica que hay un efecto de no innovar sobre el fallo de Cámara, o sea si deja de estar firme el amparo: allí el Gobierno podría imponer el tope del 400% para que se vuelva a facturar. Si no elevara las actuaciones a la Corte, el Gobierno va a presentar recurso en queja al Tribunal, que definiría luego qué hacer.
