“Si cae recaudación y hay problemas de crédito, se reprogramarán obras”

Aunque ya nada luce como a principio de año, en el despacho del Ministerio de Finanzas de Córdoba, todavía reina relativa calma. Esto tiene un fundamento: al día miércoles último la recaudación de Ingresos Brutos mostraba un incremento del 30% en mayo respecto de igual mes del año pasado; a su vez, Sellos lograba una evolución similar. A la par, ingresaron unos US$150 millones (de un préstamo por US$300M) concedido por el Banco Mundial.

“Mientras haya plata, todo lo demás es manejable”, dice el ministro Osvaldo Giordano. Sin embargo, tiene bien en claro que esta crisis apenas comenzó a transitarse; presenta enormes retos y también oportunidades por delante. El siguiente es el diálogo que mantuvo con PERFIL Córdoba.

-Al día de hoy ¿cómo está impactando la crisis en los envíos comprometidos por la Nación?

- En materia obra pública, los trabajos con financiamiento compartido vienen sufriendo mucha  demora en los pagos. Por otro lado, tenemos el tema de la Caja de Jubilaciones, donde seguimos renegando para terminar de cerrar los números que den consistencia al financiamiento del déficit.  De todos modos, son demoras que venían de arrastre, no ha habido cambios drásticos a partir de la crisis. Me parece que eso todavía lo están evaluando y no tenemos ninguna señal concreta de por dónde puede venir la cosa. Nadie ha dicho, por lo menos por ahora, que por culpa de la crisis van a dejar de pagar algo.

-Las demoras actuales ¿cuánto significan en pesos?

-En obra pública, los valores van cambiando todos los días, pero ya son más de $3.000 millones. En el caso de la Caja: el año pasado, la Nación terminó aceptando nuestro cálculo y quedaron en darle una revisión final para empezar este año con pagos trimestrales. Ya estamos terminando mayo y no llegamos a una metodología final de cálculo. Por ende, mes a mes se va generando deuda porque están pagando adelantos que deben cubrir no más del 20% de lo que es el déficit total. El año pasado terminamos cerrando por una asistencia de más de $5.000 millones y con lo que ellos nos adelantaron no llegamos a $2.000 millones. Este año estamos generando el mismo problema.

- Bajo un acuerdo con el FMI ¿podrían surgir exigencias para las Cajas provinciales? La extensión de la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años, por ejemplo, como lo sugiere el Artículo 4to. de la Revisión Económica del país, que hicieron en 2016.

-Veo difícil que entren por ese lado, a la luz de lo que pasó con la reforma de la movilidad. Nosotros, en la provincia ya tenemos alineadas las edades al sistema nacional (mujeres, 60 años; varones, 65), de manera que me parece que ese es un tema que tendrían que ver las provincias que todavía no están alineadas.

-Pero, el sistema provincial tiene también regímenes especiales que prevén retiros a menos edad, y a ello se suma la garantía del 82%. ¿Es sostenible todo esto a largo plazo?

-Depende de qué se mire considere como largo plazo.  A 50 años, las proyecciones demográficas demuestran que habrá serias complicacioónes; pero, en el corto plazo es un sistema ordenado, bien administrado y que, en la medida que la Nación cumpla con la parte que le corresponde, cubrimos gran parte del déficit. No veo un problema fiscal. Seguro que hay revisiones que se deberán hacer, pero será de modo gradual.

-Córdoba está impulsando en el Congreso una reducción del IVA en tarifas ¿Han evaluado cómo afectaría esto a los ingresos coparticipables? 

-El tema es el siguiente: nosotros hicimos la proyección de una recaudación con el 24%. Ahora, si la tarifa del gas aumenta un 90% o la electricidad un 60%, la recaudación de IVA y de todos los impuestos que van ligados a las tarifas no va a aumentar un 24%, sino 90% o 60%. Entonces lo que decimos es: no perderíamos, sino que dejaríamos de cobrar algo que no estaba originalmente contemplado. Eso permitiría, no la eliminación del IVA, pero sí una reducción. Además, la Nación se confundió en lo siguiente: ellos dicen que la recaudación de IVA fue de $24.000 millones, pero la mayoría de ese IVA se factura a las empresas y ellas lo usan como pago a cuenta. El consumidor final es, más o menos, un tercio de la recaudación. A su vez, de ese tercio, una parte es tarifa social. En síntesis, se puede reducir el IVA sin perder recaudación respecto a lo que se había presupuestado. Con la misma lógica, los municipios deberían reducir las tasas, tal como lo están haciendo las provincias con Ingresos Brutos. Sincerar tarifas no es nada fácil, pero dentro de lo difícil, esto es lo más sensato.

- A este esfuerzo le tienen que agregar el co-financiamiento de la tarifa social de gas y empezar a reducir la carga impositiva para todos los usuarios de este servicio…

- Así es, ayer me habló Fabián (López, ministro de Obras Públicas), para conversar sobre esto y sí es algo a lo que la Provincia va a adherir, aunque no tenemos todavía el monto que va a significar.

-A esta altura ¿en qué quedó el Presupuesto de Gastos 2018?

-Yo me preocupo más por el lado de los ingresos. Mientras los ingresos no se deterioren en relación  a la inflación, todo lo demás se puede ir arreglando. Hasta ayer (miércoles 23 de mayo) tanto la recaudación propia como la nacional estaban por encima de la inflación. Por ejemplo, la variación de mayo contra mayo de Ingresos Brutos, que es el más ligado a actividad económica, estaba por encima del 30%; Sellos, lo mismo.

-Dónde ve la mayor vulnerabilidad: ¿inflación o dólar?

-El tema más preocupante es la inflación no la devaluación. Los intereses de la deuda implican menos del 2% del gasto total, por más que se dispare el dólar no deja de ser una cifra menor dentro del presupuesto. Mientras que, más de la mitad del gasto es sueldo y jubilaciones y tenemos otro cuarto del gasto que son inversiones en obras. En el caso de los salarios, las cláusulas gatillo son automáticas y en la obra pública, las redeterminaciones de precios  van afectando al presupuesto.

-¿Llegado el caso, cuál será el plan B?

-Si la recaudación sigue funcionando como hasta ahora no habría razones para preocuparse. Pero, si empezamos a tener problemas de recaudación y de acceso al crédito,  seguramente habrá que reprogramar algunas obras. Tenemos en carpeta la emisión de dos títulos con un tope de US$600 millones (US$200 millones en el mercado local y US$400 millones en el internacional). El que está más avanzando es el que se tomaría en el mercado local, pero habrá que analizar si se dan las condiciones objetivas y las tasas que pidan.

-¿Recortarían el gasto si se complica más la situación?

-Yo me inclino más por mejorar el funcionamiento del Estado, tema que trasciende esta crisis. La gente, legítimamente, demanda que cada peso que pone en impuesto vuelva en servicio. No se trata de ajustar sino de administrar mejor. La crisis es un buen motivo para acelerar la modernización del Estado,  para profundizarla y hacer una toma de conciencia de esta necesidad imperiosa de innovar en la gestión, aprovechar las nuevas tecnologías y acortar la brecha entre lo que la gente espera  en base al esfuerzo que hizo de pagar impuestos y lo que el Estado le devuelve.

 

EN CUATRO AÑOS RESIGNAREMOS 12% DE INGRESOS

De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cppes), la disponibilidad de fondos con que cuenta la Provincia –por coparticipación y recaudación propia– creció del 12,2% del PGB en 2005 a 23,5% en 2017. 

-La presión tributaria provincial ya se acerca al 10% y si se agrega la de Nación y Municipio, se convierte en casi 36% ¿Cree que esto es sostenible para el sector privado?

-La presión tributaria, en los últimos diez años, aumentó en todo el país, y el diagnóstico de que se ha ido más allá de lo recomendable lo compartimos todos, así como la decisión de reducirla con el límite de no generar un déficit que sea peor el remedio que la enfermedad. Por este entendimiento es que se firmó el Pacto Fiscal, precisamente; y Córdoba lo viene sobrecumpliendo en función de las metas que se fijaron para el primer año. Cumplimos a rajatabla con los compromisos del Consenso más algunos extras que derivaron de la crisis, como reducciones impositivas en tarifas.

-En números ¿de qué tipo de esfuerzo fiscal hablamos?

-En este primer año significa resignar 2,1% de los ingresos totales para llegar al 2022, cuando finaliza el Consenso, con una pérdida de ingresos de más o menos el 12% de los ingresos totales. Es un compromiso fuerte, y tiene una lógica: ir sacando Ingresos Brutos de las etapas intermedias para que se vaya asimilando más a un Impuesto a las Ventas; además de la reducción de Sellos. Para abordar eso, esperamos que en parte colabore el crecimiento de la actividad económica, pero la mayor parte tendrá que venir de administrar mejor.

-También van a revaluar las tierras…

-Sí, es otro compromiso del Consenso.  Así como estamos bajando impuestos distorsivos, la meta es fortalecer los impuestos patrimoniales  que son mucho más equitativos; dentro de éstos el más importante es el Inmobiliario Rural, para una provincia como Córdoba. Las valuaciones actuales datan de los ’90 y están muy distorsionadas respecto de lo que es la realidad productiva. Esperamos este año tener la valuación de cada uno de los inmuebles  de la provincia a valores más cercanos a los del mercado; luego veremos cómo y cuándo vinculamos ese insumo al cálculo del  impuesto. Las distorsiones son tan grandes que no creo que sea factible  hacerlo de una sola vez.

 

NO ES UN TEMA DE GRADUALISMO, SINO DE SENTIDO ESTRATÉGICO

A la hora de analizar la situación por la que atraviesa el país desde una perspectiva política, el ministro Giordano se hace fuerte en dos frentes que le confieren contundencia a sus opiniones: por un lado, es responsable de una gestión que da superávit; por otro, forma parte de la oposición que, desde las diferencias, busca acuerdos.

“El Estado nacional es deforme. Hace una cantidad de cosas que no debería hacer y a otras, las hace mal. Si se analiza el presupuesto nacional con un sentido estratégico, hay muchas reformas por hacer”, señala.  Y apunta: “Ejerce algunas funciones que le corresponden a las provincias y a los municipios. Tenemos cuassi intendentes que desde Buenos Aires están decidiendo sobre el cordón cuneta  de las ciudades o sobre una placita. Por eso, no hay que hablar de gradualismo sino de sentido estratíegico. Hay mucho gasto público nacional que es burocracia o va en beneficio de población de altos ingresos que vive en la Capital. Ahí hay que meter mano mucho más rápido  y si logramos eso, el Fondo Monetario va a comprar el plan; eso es mucho mejor a no hacer nada”.

-Hay mucha inquietud sobre las exigencias que pueda hacer el FMI…

-No importa lo que pida el Fondo. Lo importante acá es que nosotros tengamos un plan para ordenar esto, porque lo peor que podría pasar es que el FMI diga ‘sigan con todo igual, que de todos modos les presto plata’. Si fuera así, en dos años vamos a tener el problema aumentado porque además le vamos  a deber a ellos. Se impone un ordenamiento estratégico: analizar dónde están los gastos  que no generan contraprestación a la gente y evaluar en profundidad en qué se invierte cada peso. Cómo puede ser que el Estado nacional se haga cargo de los servicios de la Ciudad de Buenos Aires donde vive la gente de más altos ingresos; Puerto Madero tiene seguridad pagada por el Presupuesto Nacional. Entonces, no se trata recortar sin contemplaciones; cosa que, además, va a terminar pasando si seguimos demorándonos en hacer lo que hay que hacer.

- ¿La Nación no tenía plan o lo tenía y perdió tiempo?

-Entiendo que la herencia que recibieron fue compleja, pero ya pasaron dos años.  Si suponían que íbamos a vivir de deuda, la realidad les dijo que ‘no, así no’. Hubo un excesivo triunfalismo tras las elecciones; ahora, el golpe de la realidad les demostró que como veníamos no podíamos seguir. Ojalá después del cimbronazo hagan una lectura sensata, porque del otro lado hay gente que quiere acordar y la oportunidad está.

-¿El sistema político está listo para avanzar en acuerdos?

-Es cierto que el kirchnerismo hizo mucho daño porque fue un esquema autoritario, de apriete y de irracionalidad, pero ahora están dadas las condiciones para dar por cerrada esa etapa y empezar una de dialogo. La prueba es la firma del Consenso Fiscal; yo lo valoro más por eso que por el contenido en sí del acuerdo. Es una prueba de que gente que piensa distinto y con diferentes intereses  es capaz de ponerse de acuerdo en torno a un plan de ordenamiento del Estado. Hay que replicar más experiencias como esas. Existe una oposición que no le apuesta al fracaso del Gobierno nacional; pero, claro, esto requiere también, de parte del Gobierno nacional, una actitud de diálogo, de respeto, de escucha y no de imponer o creer que porque ganaron una elección van a hacer lo que quieren.