Por lobby cordobés, ya se discute la extensión de la Ley de Software

El 26 de abril pasado el gobernador Juan Schiaretti fue el anfitrión de una cumbre del peronismo federal en Córdoba. Además de sentar las bases para una estrategia electoral de cara al 2019, el encuentro estuvo copado por la discusión en torno a los impuestos provinciales en las tarifas, un tema candente por esos días. El encuentro también dio lugar a otras negociaciones, más cercanas a la actividad empresarial y que hoy comienzan a dar sus frutos. Una de ellas fueron los contactos que lograron los empresarios del Córdoba Clúster Technology con referentes y senadores peronistas para alertarlos sobre la importancia de la Ley de Software y el complicado escenario que generaría su vencimiento.

Se trata de un marco legal que otorga a las empresas del sector una serie de beneficios fiscales, como una fuerte reducción en el Impuesto a las Ganancias, y el certificado de no retención de IVA. Según los empresarios del rubro, la Ley 25.922 es uno de los motivos que explican el crecimiento ininterrumpido que exhibe la actividad en los últimos años. ¿El problema? Vence el 31 de diciembre de 2019 y desde principios de año circulan rumores de que el Gobierno nacional la dejaría caer y, de paso, se ahorraría el costo fiscal que suponen sus beneficios.

Exitoso lobby cordobés. En ese contexto, y antes de que se precipitara cualquier decisión de la administración nacional al respecto, el encuentro entre empresarios cordobeses y referentes del peronismo fue clave. Desde el sector privado reconocen que sostener la Ley de Software es uno de los temas más urgentes y prioritarios hoy: “Hasta hace dos, tres meses nadie hablaba del tema y los rumores eran que la ley moría el año que viene. Se empezó a hablar del tema después del encuentro del Peronismo Federal en Córdoba. Logramos juntarnos con Caserio, Llaryora, Pichetto, el hijo de Lavagna y Diego Bossio, y fue muy positivo. Les contamos dónde estábamos parados hace 15 años, dónde estamos ahora y les mostramos que mucho de eso tenía que ver con la Ley. A los 10 días, Pichetto y Caserio presentaron en Senadores un proyecto de extensión al 2030”, cuenta Diego Casali, presidente del Clúster. Cabe recordar que se estima que en Córdoba hay casi 400 firmas vinculadas al software que emplean unas 12 mil personas.

Costos y beneficios. El proyecto para que se mantenga la Ley de Software que firmaron los senadores plantea que “muchas jurisdicciones han generado acuerdos estratégicos con el sector a los efectos de promocionar la industria” y destaca que “en 2016 el empleo en el sector creció 8,9% con 7.000 nuevos puestos de trabajo y las exportaciones llegaron a US$ 807 millones”. En este marco, ¿cuál es el costo fiscal de los beneficios de la Ley? Según los empresarios del sector es bajo en relación a los costados positivos que generan. Ese punto también fue un argumento usado en el proyecto de ley de Caserio y Pichetto. Allí se señala que el gasto tributario total para el año 2018 asciende a $ 1.048 millones.

Asimismo, un informe del propio Clúster cordobés señala que “la amplia mayoría de las empresas manifestó haber mejorado su desempeño a partir de su adhesión a la Ley de Protección del Software, ya sea en cuanto a rentabilidad (94% de las empresas), facturación (84%), exportaciones (82% entre las que exportan regularmente) o empleo (68%)”. Sin la ley se espera una brusca disminución del Margen Neto de Utilidad (MNU) que caerá entre un 36% y 70% dependiendo del margen. “La agenda para el próximo mes y medio es hablar con los senadores que están en la Comisión para sensibilizarlos sobre lo que significa esta industria. Si la ley se mata, la industria no va a desaparecer, ni vamos a salir a quemar gomas, pero no vamos a crecer a las tasas que lo hacemos ni vamos a seguir tomando gente. Sería un crimen”, plantea Casali.

Dividir aguas. Otro punto a tener en cuenta es que, a partir de que la prórroga de la Ley entró en consideración del Gobierno nacional, se analiza una ley más amplia que incluye al software y a los servicios del conocimiento. “No nos oponemos a que haya otros sectores protegidos, pero nosotros somos industria y tenemos valor agregado. Si se mete todo en una ley de servicios del conocimiento entran actividades muy diversas, como la consultoría o la contabilidad. Y ampliar así sí puede generar mayores costos fiscales”, señala Casali.