Para think tanks el déficit fiscal es la madre de todas las batallas

Casi de forma unánime, los principales centros de investigación de la macroeconomía que trabajan en Córdoba advierten que detrás de las principales distorsiones, desequilibrios e i nequ idades del país, hay un factor que opera como motor de base: el déficit fiscal crónico. Ese diagnóstico lo comparten referentes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y el equipo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio (IIE). Desde el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Econó- micas y Sociales (Cippes), en tanto, remarcaron a “la inflación y la dificultad del país de obtener dólares vía el comercio internacional” como males principales. Todos respondieron a PERFIL CORDOBA una serie de consultas sobre el desempeño y evolución de las variables eje del país.

IERAL: “Para inflación de un dígito habrá que esperar al próximo Gobierno” 
“Existen dos grandes problemas entrelazados: el fiscal y el de competitividad. Ambos son heredados y no se han resuelto aún, a pesar que se dieron pasos importantes”, señala Marcelo Capello y ejemplifica: “En materia fiscal, con la suba de tarifas el Gobierno nacional gasta ahora mucho menos en subsidios económicos que en 2015 pero, simultáneamente, subió el gasto previsional y el pago de intereses, de modo que el gasto público bajó muy poco. Con la competitividad cambiaria, la estrategia anti-inflacionaria de tasas altas con déficit fiscal alto termina luego apreciando nuevamente el tipo de cambio”, valora el presidente del Ieral y completa: “Se está mejorando la infraestructura y se trata de disminuir los costos que genera la excesiva burocracia, pero va lenta la mejora en la competitividad estructural”.

Desde la entidad concluyen que “no queda otra que el gradualismo, pero debería acelerarse la reducción del dé- ficit fiscal por otras vías que no sea solo por suba de tarifas, de lo contrario parecerá que al ajuste lo hacen solo los privados, y no el sector público”. En Ieral prevén para este año una inflación en torno al 20 ó 21%: “Para un dígito de inflación habrá que esperar al próximo gobierno, si persiste un plan para bajarla”.

CIPPES: “No vemos políticas direccionadas a una reducción sostenida de la pobreza”
Alfredo Schclarek Curutchet, director académico del Cippes y profesor adjunto en la UNC, remarca que el Gobierno nacional tuvo y tiene un mal diagnóstico acerca de las causas de la inflación, al enfatizar demasiado en la explicación monetarista y sin darle la debida importancia a la explicación de la inflación como un proceso inercial. “Llevó a subestimar la dificultad de bajar la inflación e incluso ha implicado implementar políticas, como la determinación del costo mayorista de la energía, que van en sentido contrario”. El director de Cippes abona por un gradualismo en los ajustes macroeconómicos, pero señala que “el problema es que el Gobierno ha aumentado los precios mayoristas de la energía de manera abrupta, haciendo que el costo mayorista del gas, por ejemplo, sea de entre US$ 5 y US$ 7,5 el millón de BTU, duplicando y triplicando el precio internacional de mercado. Esto ha llevado a subas abruptas de las tarifas”.

Con esos datos Curutchet analiza lo siguiente: “La gran pregunta, que no veo en el debate público, es si realmente se justifica darles a las empresas petroleras precios 200% a 300% más altos a los precios internacionales para que estas inviertan”. Y apunta a una gran deuda por resolver: “La pobreza, y en especial la pobreza infantil, es el principal problema que tiene el país a largo plazo. Desde hace alrededor de 10 años, la tasa de pobreza está fluctuando alrededor de valores de 25%, 30%. Lamentablemente no veo que las políticas y cambios implementados en los últimos años, no solo por el Gobierno nacional actual sino también por el anterior gobierno nacional y los gobiernos provinciales, vayan en la dirección de iniciar un nuevo proceso de reducción sostenida n de la pobreza”.

IIE “La última depreciación del peso dejó la competitividad en niveles confortables” 
Desde el centro de análisis de la Bolsa que dirige Lucas Navarro, remarcan la urgencia por reducir el déficit fiscal ya que es la “causa de grandes desequilibrios”. “Para ello deben disminuirse los gastos y/o aumentar los ingresos”, advierten y señalan que “los gastos se están disminuyendo, a pesar de la dificultad para hacerlo más rápido por los efectos que tiene sobre la actividad y los ingresos de las familias”.

Con relación a otras variables claves, como el tipo de cambio sostienen que “debe ser tal que permita funcionar a los sectores de la economía real. Para ello tienen que tenerse en cuenta los precios internos, los externos, y también los precios de los bienes comercializables. La última depreciación del peso a finales de 2017 y comienzos de este año, entendemos que dejó la competitividad cambiaria en niveles confortables para los sectores productivos, y parece que el Banco Central lo percibe de la misma forma”. Los economistas de la Bolsa entienden que “en países con metas de inflación, el ancla es la tasa de interés y el tipo de cambio fluctúa y se determina de acuerdo a las fuerzas del mercado. En la medida que la política monetaria con metas de inflación se imponga y tenga el efecto deseado en expectativas no nos vamos a preocupar tanto de las variaciones del tipo de cambio sobre la economía”.

IARAF: “Todavía se está a tiempo de trabajar para corregir los problemas fiscales” 
Nadin Argañaraz y Bruno Panighel del Iaraf advierten que uno de los problemas centrales de Argentina es el déficit fiscal, ocasionado por gastos que exceden los ingresos públicos. “Desde que asumió la nueva gestión, el déficit primario viene disminuyendo (de 4% del PIB en 2015, al 3,8% del PIB en 2017) principalmente por el recorte de los subsidios económicos (en 2017 cayeron 37% en términos reales) y al lograr una baja en la presión tributaria efectiva (en términos del PIB: de 26,3% en 2015 a 24,9% en 2017)”, analizan. En ese marco, Argañaraz y Panighel señalan que la estrategia del gradualismo elegida por el Gobierno “es consistente con un esquema donde no se cuenta con amplio apoyo político para aplicar políticas de shock. Hoy no están dadas esas condiciones políticas. Mientras haya déficit fiscal y los precios relativos sigan mostrando un desfasaje, la inflación de un dígito se muestra difícil de alcanzar”, analizan.

Para los economistas, “el déficit primario se encuentra en un sendero de reducción. No sucede lo mismo con el déficit financiero que se mantiene en el mismo nivel, pero con distinta composición. Se avanza en la eliminación de los subsidios económicos, pero es importante que se respete el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece que el gasto crece en igual o menor proporción que la inflación. Todavía se está a tiempo de trabajar para corregir los problemas fiscales”, concluyen desde Iaraf.

CPCE: “Deberían bajar componentes tributarios de las tarifas” 
José Simonella, al frente del equipo de investigación del CPCE, señala que el principal problema del país es el déficit fiscal crónico: “Con esto, lo que se logra es inflación y retraso cambiario”, dice. Al analizar el escenario de descongelamiento del cuadro tarifario, advierte que era necesaria una actualización del esquema tarifario: “Lo que hay que considerar es que las tarifas eran subsidiadas desde la oferta. El Estado subsidiaba no al que lo necesitaba, sino a todo el mundo. Y el que más consume porque tiene más bienes, seguramente no es el que más necesita el subsidio”. Sin embargo, Simonella no ahorra señalamientos: “Primero, el Gobierno debería haber explicado bien el desastre de tarifas que recibió, no lo hizo. Luego debería haber atacado el subsidio concentrándolo por el lado de la demanda, no de la oferta. Deberían definirse subgrupos, los que necesitan siempre un subsidio, la tarifa social; los que no lo necesitaron nunca ni lo van a necesitar; y una franja al medio, con la que hay que ser muy cuidadosos porque son los que están al límite. Pueden afrontar esta tarifa o un poco más, pero no la tarifa actualizada al 100%. Si se les agrega un gasto adicional lo van a extraer de otro lado”. En ese contexto, propone una salida: “Tal vez el Gobierno debería trabajar sobre el componente tributario que tienen las tarifas. Un tercio de la boleta de gas es componente impositivo. Se podría ceder transitoriamente una parte de esa recaudación”.

IDESA: “El gradualismo adoptado por el Gobierno es excesivamente moderado” 
El equipo de Idesa pone el foco en el ritmo en que se gestiona buena parte de la política económica nacional: “Las autoridades econó- micas argumentan que la gradualidad en el ordenamiento de las cuentas públicas es para evitar los costos sociales de un ajuste fiscal más rápido. Sin embargo, posponer decisiones que apunten a dar racionalidad al sector público también genera costos sociales: los ciudadanos deben seguir soportando aumentos de precios muy por encima del observado en los países desarrollados e incluso en los países vecinos, y junto con ello, la mayor incidencia de la pobreza”, valoran. En otro plano, advierten: “Está pendiente una reforma más profunda del sistema previsional, y una revisión de la utilidad y la pertinencia de muchos programas nacionales que los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, Medio Ambiente, entre otros, ejecutan de manera superpuesta con las funciones provinciales”.

En relación al debate por el tono y ritmo de las medidas destacan que “el gradualismo adoptado es excesivamente moderado. Por ejemplo, si bien el déficit primario disminuye en términos de PBI, sigue aumentando en términos nominales (entre el 2016 y el 2017 se incrementó en $60 mil millones). Esto hace que siga aumentando el déficit financiero y, con ello, el peso de la deuda pública que, en esta tendencia, será un problema en el futuro n no lejano”.