No es de exceso de “costo político” que padece el Poder Legislativo provincial, sino de “costo burocrático”. Un 71% del presupuesto se destina a gastos de soporte de la gestión legislativa.
BARATA PERO BUROCRÁTICA. El 71% del total gastado se destina a la burocracia que hace de soporte al propósito fundamental del Poder: construir las leyes que necesita la sociedad. |
CEOP PERFIL
Los grandes números del sector público para el 2018 ya fueron diseñados y según muestra el proyecto de Presupuesto, al Poder Legislativo de Córdoba se le ha asignado algo más de $830 millones (concretamente: $834,0 millones).
Esto significa que dispondrá de recursos por 464% más de lo que tenía en el 2013; sin embargo, desde ese año -en forma consistente- vino cayendo la incidencia del presupuesto legislativo respecto del presupuesto general de la Provincia. En el 2017, fue el 0,52% de los fondos totales que gestionaron los poderes del Estado, y en el 2018 representará el 0,54%. En los últimos seis años, el promedio fue 0,56%.
Esta primera radiografía da cuentas de que la Legislatura de Córdoba es una de las más austeras del país; el recinto legislativo de Santa Fe se lleva el 1,6% del presupuesto total provincial; el de CABA, el 1,5%; Buenos Aires (1,6%) y Mendoza (1%).
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Una de las llaves que asegura cierta racionalidad en el uso de los fondos públicos dentro de esta área es el hecho de que las dietas de los legisladores, desde hace cinco años, está atada estrictamente a los aumentos que define por paritaria el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Con los incrementos que correspondieron a este año, el salario de un legislador cordobés se ubica sobre este final del año en $137.000, pero de bolsillo son alrededor de $89.000, por retención de Ganancias y aportes al sistema jubilatorio y de salud. Para el 2018 se proyecta que tendrán un ajuste atado a la inflación de alrededor del 12%.
Por fuera de la dieta, cada legislador recibe en concepto de pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones un monto mensual de $7.000 aproximadamente. PERFIL Córdoba accedió al sistema de rendición de cuentas de uno de los legisladores y se comprobó el nivel de detalle que exige la Secretaría Administrativa para luego reportar la información al Tribunal de Cuentas.
Aun cuando no todo el universo de legisladores responda al 100% con esta reglamentación, los mecanismos de control están dados. Por disposición del Ministerio de Finanzas, además, a cada legislador se le descuentan las deudas que pudieran tener por impuestos provinciales, antes de cada liquidación de sueldo.
Gastar poco o gastar bien. La austeridad no necesariamente es sinónimo de productividad y eficiencia; esto en materia de gasto público es clave porque impone analizar el retorno de cada peso invertido en términos de bienes sociales. Cuando se mira en detalle el comportamiento de las cuentas de la Legislatura de Córdoba aparecen algunas inconsistencias.
Considerando que la Unicameral tiene 70 legisladores y el total de empleados del Poder Legislativo llega a 1.179 personas (incluidos funcionarios legislativos, planta permanente de soporte de la gestión y asesores) surge una relación de 17 empleados por cada legislador. Se podría decir que cada legislador es una suerte de Pyme.
En 2018, esta masa de 1.179 empleados demandará un costo mensual total de $56,2 millones para su mantenimiento. ¿Todos esos recursos volcados a generar know how para dar calidad, investigación y profundidad a la función legislativa? No necesariamente.
Si bien no existe una normativa que estipule la cantidad de asesores con los que cuenta un legislador, en base a los usos y costumbres cada uno se acompaña de tres asesores parlamentarios (categorías media y alta, de 5 a 7), por un monto total que suele promediar los $60.000. Hay legisladores que optan por tener mayor número de colaboradores, de categorías inferiores. Cuando un legislador finaliza su mandato, estos asesores parten con él.
Si se suman las remuneraciones de estos asesores legislativos directos, más los recursos destinados a asesores eventuales para Comisiones Permanentes y Especiales y fondos adicionales para que tales comisiones cumplan con su tarea legislativa, los gastos son apenas el 11,9% del total que implica el mantenimiento anual de la Legislatura. Más específicamente, son $80,4 millones.
¿Qué quiere decir todo esto? Que el presupuesto legislativo invierte unos $594 millones anuales en gestión puramente administrativa. Esto implica orientar un 71% del total gastado, a la burocracia que hace de soporte al propósito fundamental del Poder, el cual es construir las leyes que necesita la sociedad. La ejecución del presupuesto legislativo corresponde a su autoridad que es el vice gobernador de la Provincia.
Desde esta perspectiva, no es de exceso de “costo político” que padece el Poder Legislativo provincial, sino de “costo burocrático”, una realidad que aparece desdibujada detrás de una Legislatura aparentemente austera.
Calidad institucional. Los magros recursos destinados a los legisladores para que puedan estudiar a fondo los temas sobre los cuales legislan, sumado a una cuestionada dinámica del formato Unicameral, está poniendo en crisis la calidad institucional del Poder Legislativo de Córdoba. Al menos, es lo que creen algunos legisladores de la oposición.
“Muchas cuestiones presupuestarias se manejan desde la presidencia de la Legislatura y desde de la oposición no tenemos mayores injerencias en las decisiones que hacen al presupuesto”, sostiene la legisladora por la UCR, María Elisa Caffaratti. Y ejemplifica: “La importante decisión del traslado y construcción de la nueva sede de la Legislatura fue tomada de manera unilateral y nos enteramos por los medios de comunicación”.
Para el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), “cuando el gobernador De la Sota impulsó la eliminación del sistema de bicameralidad, la excusa fue la reducción de los costos de la política. Quizá, en ese momento –dice Quinteros– el ambiente social general era propicio para que eso cuajara, lo que no se dieron cuenta era que se perdía una gran calidad institucional”.
A juicio de Quinteros, el sistema de unicameralidad “no ha funcionado” porque eliminó la posibilidad del doble control que permite la existencia de dos cámaras y violentó la representatividad territorial. Además, Quinteros enfatiza: “Es tan perverso lo que se ha hecho… hoy suena muy dulce decir que hay que reducir el costo de la política, pero por otro lado ‘se la llevan’ a través de terribles hechos de corrupción como los que hemos visto a lo largo de estos años. Volver a la calidad institucional será difícil”, agrega.
Desde la visión de la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) “no es verdad que la bicameralidad costaba mucho más; por otro lado –dice– la Unicameral no es garantía de que se toquen los temas importantes. La agenda que se aborda es la que define el oficialismo. En seis años me han aprobado sólo una ley importante”.
Desde el oficialismo, el legislador Óscar González (hoy Presidente Provisorio de la Cámara), responde con contundencia: “Es la única Legislatura donde la oposición fija el orden del día; es falso que los pedidos de informe no se respondan, todos los ministerios dan respuestas y no hay forma de eludir el debate. Claro que sí, que la Unicameral ha funcionado”, considera.
Más allá del debate, lo cierto es que de las 3.076 acciones de intervención que hicieron los 70 legisladores a lo largo de este año, sólo el 7% de ellas estuvo destinada a abordar un proyecto de ley.
UNA REFORMA INACABADA
Jorge Horacio Gentile *
La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz que la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro (UDC), que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombró una gran cantidad de empleados.
Por eso, el pueblo de Córdoba, en 2001, votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y lo tienen la mayoría de las provincias argentinas. Ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001.
Ajuste de estructura. Por esta reforma se redujo el número de legisladores de 133 a 70, como así también de empleados y del presupuesto (entonces era de $46,3 millones y se bajó a $11,9 millones). Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto: un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en toda la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para la minorías (del 2%). A la vez, se incorporó el voto de preferencia, aunque nunca se reglamentó, con lo que se podía cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos.
Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987. También se establecieron las elecciones internas abiertas (lo que tampoco fue reglamentado) y el control de los fondos de los partidos (nunca bien implementado).
Asimismo, esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007 14 partidos.
Vulnerabilidades. En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo reclamara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del cupo por sexos al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados sino por sexos, aunque saltearan a otros que estuvieran antes en las nóminas, lo que ya no sólo cambia el orden de las mismas sino que distorsiona la voluntad popular.
Por otro lado, en la Unicameral se aprobó un Reglamento Interno que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el cual los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hace que las iniciativas del Ejecutivo -que siempre tuvo mayoría en la Legislatura- entraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.
Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia, y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX. Así, se frustró el propósito del constituyente de redefinir este esquema para equilibrarlo sobre la base de un criterio regional y teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura y de comunicaciones; además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, quien, en algunos casos, debe atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados (como el de la Capital) y en otros, a una escasa población (como en Pocho y Minas).
A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos, su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que sólo sirven para presentar candidatos en las elecciones o integrar alianzas.
Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.
Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EE.UU. es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.
*Es profesor emérito de las UNC y UCC, fue constituyente provincial en 1987 y 2001 y Diputado de la Nación.
