Crisis en seguridad se da en el marco del mayor presupuesto en seis años

La crisis de seguridad que se desató en Córdoba en las últimas semanas se produce en el marco del mayor presupuesto asignado al área en los últimos seis años de gestión continua de Unión por Córdoba (UPC).

Para el ejercicio 2018, el Gobierno asignó a la partida de Servicios de Seguridad un total de $18.178 millones, lo que significa un incremento del 53% (medido en dólares) respecto del presupuesto que el sector había recibido en 2013 ($4.098 millones).

Las tres subáreas que obtuvieron estos fondos son Seguridad Interior, con $15.230,49 millones; Sistema Penal, con $2.697,40 millones y Administración de Seguridad, con $251,35 millones.

Si se compara la evolución del gasto en Seguridad respecto de la que se registró en otros dos rubros clave que hacen al bienestar de la población, como son Salud y Educación, los porcentajes son indicativos de las prioridades estratégicas que el Gobierno tiene en la asignación de recursos. En efecto, en los últimos seis años los montos destinados a Educación y Cultura crecieron, en pesos, un 327% (5,2% menos que el raid de los gastos en Seguridad), mientras que las erogaciones en Salud tuvieron un aumento del 317% (un ritmo 8,4% menor).

Esta forma de hacer políticas de Estado lleva a que hoy se inviertan en Córdoba $5.184 per cápita en Seguridad, mientras solo se aplican $3.850 en Salud, $3.695 en Educación Inicial y Primaria o $1.934 en Promoción y Asistencia Social.

“El volumen de gastos en esta materia constituye un indicador consistente de la inefectividad de las estrategias desarrolladas a fin de prevenir y contener los hechos de violencia e inseguridad. A su vez, pone en evidencia la sensación o percepción de riesgo e inseguridad que vive nuestra sociedad”, afirma el informe titulado “El costo del miedo: cifras claves respecto de los gastos en seguridad para el caso de la provincia de Córdoba”, elaborado por el colectivo de investigación El Llano en Llamas, integrado por economistas de la UNC y de la Universidad Católica.

La ley, el orden y los resultados. El 84% de los gastos totales en Seguridad de la provincia se destinan a la Seguridad Interior, que de acuerdo a lo definido por el portal de Transparencia del Gobierno, se refiere a las “acciones desarrolladas para el mantenimiento de la ley y el orden y la lucha contra siniestros”.

Todo lo que este año la Provincia recaudará por impuestos Inmobiliario y de Sellos ($12.519 millones) no alcanza para solventar los más de $15.000 millones que se invierten en tales acciones de mantenimiento de la ley y el orden.

En un contexto de alta presión tributaria que recae sobre la actividad privada, cabe preguntar cuál es el récord de resultados que se viene consiguiendo con el uso de los impuestos. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que elabora el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el 2016 la tasa de robos por cada 100.000 habitantes fue en Córdoba de 1.796,4, mientras que ese año Santa Fe registró una tasa de 1.375,0, siendo que la provincia vecina invirtió ese año en Seguridad $10.620 millones, unos $1.065 millones menos que Córdoba.

Este informe del Ministerio de Seguridad de la Nación (que es el más actual publicado por la dependencia) marca también un punto significativo respecto de Córdoba: la existencia de 28.350 de Otros Delitos contra las Personas, “un número excepcionalmente alto que se debería a que Córdoba incluiría allí distintos tipos de hechos y/o denuncias de índole familiar”, sostiene el informe.

Ese extraño cómputo estadístico informado por la Provincia a la Nación otorgó a Córdoba el 50% del total de Otros Delitos contra las Personas cometidos en el país en 2016, que no son homicidios, accidentes, lesiones culposas ni delitos contra la integridad sexual.

En materia de robos agravados por lesiones y/o muerte, Córdoba se ubicó en el tercer lugar, después de Mendoza y Tucumán.

La Encuesta de Victimización 2016 elaborada por Indec es también una referencia significativa de los resultados que tiene la gestión de seguridad en la provincia. Esta fuente indica que la prevalencia de robo o hurto en vivienda fue en Córdoba de 9,1, lo que significó un nivel más alto que Santa Fe (6,7), San Luis (6,5), Provincia de Buenos Aires (6,8) y Entre Ríos (8,9). Solo Mendoza (12,3) la superó en la Región Centro.

En tanto, la población satisfecha o muy satisfecha con la denuncia de delitos contra el hogar fue en la provincia del 36% frente a un promedio nacional del 47%, y solo 34,3% calificó como “honesta” a la Policía de Córdoba.

EL GASTO  PRIVADO, LA CONTRACARA DE LA INSEGURIDAD 

Al tiempo que el presupuesto en Seguridad se consume una buena parte de los impuestos abonados en la provincia, los cordobeses deben realizar un esfuerzo económico adicional para mantener condiciones de seguridad que le permitan vivir con relativa tranquilidad.

Según el informe “El costo del miedo” realizado en 2015, y ajustado por inflación a valores actuales, una familia promedio gasta unos $5.500 mensuales en alarma de vivienda, seguro, seguridad en puesto fijo, mantenimiento de un perro de guardia y el prorrateo de la inversión en alarma comunitaria, videocámaras y rejas. El monto no incluye lo que se gasta en la seguridad del automóvil.

La Encuesta de Victimización, realizada por Indec, muestra que en Córdoba un 78% de los hogares ha adoptado al menos una medida de seguridad.

“El crimen y el miedo al crimen producen reducciones en el bienestar y constituyen una amenaza al desarrollo, distorsionan la asignación de gastos públicos y privados, generan daños y pérdidas irreparables, y alteran nuestras rutinas diarias”, señala la economista del BID Laura Jaitman, en una investigación del 2017 titulada “El delito en Argentina, según sus principales fuentes de datos".

Según Jaitman, el costo del crimen en Argentina se estima en 3% del PIB por año en un escenario conservador. Esto incluye el gasto público en policía, justicia y administración de prisiones, el gasto del sector privado en seguridad, el costo social por victimización (ingreso no percibido de víctimas) y el lucro cesante de los privados de libertad. Aunque este costo está por debajo del promedio regional (3,5% del PIB), es un monto muy significativo, y sería suficiente para aumentar en 50% el gasto en educación.