El Gobierno tiene motivos para brindar por el apoyo electoral recibido hace dos meses. Y algún sorbo se lo debería dedicar a las buenas noticias judiciales que, por causa o efecto, contribuyeron a aumentar la solidez política del oficialismo.
Como suele suceder, Comodoro Py se puso al frente de los aires de cambio. Con la flamante doctrina Irurzun de aplicación de prisión preventiva, los siempre sensibles jueces federales porteños pusieron tras las rejas a la mayoría de los principales referentes de la era kirchnerista. En muchos de esos casos los delitos de los que están acusados son obscenos, por el nivel de desfalco que implican, pero es controversial que sean encarcelados porque pueden obstaculizar investigaciones que llevan años en los juzgados.
Los federales, además, brindaron el servicio de cerrar o aletargar varias causas que involucran a actuales funcionarios e incluso al propio Presidente. El balance, del que PERFIL dio cuenta en su edición de ayer, es muy favorable para Cambiemos y su gabinete, como años atrás lo era para el Frente para la Victoria. Todo cambia. Macri, Michetti, Angelici y Arribas (aunque resta una apelación ante la Corte) han sido algunos de los beneficiados.
Justamente el máximo tribunal tampoco le trajo dolores de cabeza a la Casa Rosada, como sí sucedió en 2016 con el envío de recursos nacionales para varias provincias y los frenos a reajustes tarifarios por falta de audiencias públicas. En 2017, la Corte no se inmiscuyó en temas de coyuntura (más allá del yerro del 2x1 para delitos de lesa humanidad) que afectaran al Gobierno. Y hasta le dio algún guiño por el caso del Fondo del Conurbano. Que es Vidal. O sea, Macri.
También recibió una mano desde el Consejo de la Magistratura, dominado ahora por el oficialismo. Allí se eyectó al camarista Freiler (que no puede justificar sus bienes, como varios en el fuero) y se apuntó a otros magistrados no alineados, mientras se protegió a los serviciales o a los que súbitamente podían (y lo hicieron) prestar un gran servicio.
La frutilla de esta torta es Gils Carbó, la ahora ex procuradora general que decidió por fin darle el gusto al Gobierno y dio un paso al costado. Ya no importa en ningún despacho oficial el rumbo veloz (ya no) de una causa por la compra de un edificio para la Procuración: solo se conocen las intrigas palaciegas por ver quién se queda en ese sillón. Lo define Macri, a cuyos oídos llega el susurro de un puñado de influyentes en esos temas.
Igual, algo puede fallar. El juez que el Gobierno quería que se quedara con todos los amparos de la reforma previsional fue apartado. Y una jueza de Entre Ríos citó a indagatoria al ministro Etchevehere, por presunta estafa antes de ser funcionario. Tampoco hay que festejar la calma de Carrió con Lorenzetti: eso puede volver a explotar en 2018, cuando haya que elegir nuevas autoridades en la Corte. Lo mismo puede pasar con las causas adormecidas de funcionarios. En 2019 hay elecciones y ciertos jueces saben cuándo convertir la manito en puño.
