El lunes 22 de agosto se completó la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hecho no es menor para el sistema político argentino porque la Corte es el único órgano del Poder Judicial de la Nación directamente creado por la Constitución Nacional, al que ésta le otorga una función política de relevante trascendencia.
La Corte no sólo es la cabeza de este poder sino que es el intérprete final de la Constitución. Sus decisiones importan no sólo a los poderes públicos sino al conjunto de los ciudadanos y habitantes de la República, ya que es la que determina en un momento histórico dado cuál es el alcance de los derechos consagrados en la Carta Magna.
En la historia argentina, las decisiones de este órgano judicial han impulsado a los restantes órganos políticos a crear y modificar leyes en defensa de los derechos humanos. Para no remontarme en el tiempo, basta señalar que la llamada “ley de reparación histórica” de los jubilados y pensionados que el Congreso ha sancionado por iniciativa del Poder Ejecutivo, en junio pasado, intenta cumplir una jurisprudencia reciente del máximo tribunal que estableció las inequidades que presentaba el sistema.
Otra importante función de este órgano es controlar la constitucionalidad de leyes y actos de los restantes poderes y de las personas privadas para evitar que éstos violen derechos y principios constitucionales. La sentencia dictada recientemente sobre el denominado “tarifazo” es una demostración de la importancia que adquieren las decisiones de la Corte para la vida cotidiana de quienes habitan en Argentina.
Los cinco integrantes de la Corte actual fueron designados en el presente siglo. El doctor Roberto Maqueda, durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde; los doctores Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, por Néstor Kirchner, y los flamantes Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz, por Mauricio Macri.
En cuanto al origen de su designación, es la Corte más plural de la Argentina posterior a la última dictadura militar, puesto que Raúl Alfonsín, como presidente que inauguró este nuevo ciclo democrático, tuvo la posibilidad de designar a todos los miembros de la Corte; Carlos Menem, como heredaba una Corte del anterior gobierno, decidió aumentar el número de jueces de cinco a nueve y pudo nombrar la mayoría de sus integrantes, y Néstor Kirchner, mediante forzadas renuncias y juicios políticos a los jueces designados durante el menemismo, logró nombrar cuatro jueces en la Corte y reducir el número primero a siete y luego a cinco.
El hecho de que los cinco jueces hayan sido nombrados por tres gobiernos diferentes no asegura por sí mismo la independencia del órgano respecto de los restantes poderes, pero inaugura un ciclo que puede redundar en cambios en la actuación de este importante órgano de gobierno.
La elección presidencial recayó sobre dos juristas de ponderados antecedentes académicos y profesionales, pero no fue prescindente del compromiso político de ambos candidatos con distintas corrientes de las fuerzas partidarias representadas en el Congreso, lo cual indica que el anclaje con la realidad no escapó al criterio de selección.
La normalización en la integración del órgano y la idoneidad técnica de sus actuales miembros posibilitan abrigar la esperanza de que las fuerzas políticas y sociales permitan que la Corte desarrolle sus funciones de controlar a los restantes poderes del Estado y a los particulares para defender los derechos humanos y el orden constitucional, misión para la cual ha sido creada.
*Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales. Reside en Montevideo.
