El Poder Ejecutivo días atrás remitió al Honorable Senado de la Nación un proyecto de ley, con el claro objetivo de fortalecer la Justicia Federal del interior del país, y así, darle mayor respaldo a la tarea que desarrollan dichos tribunales cuya labor se ha incrementado superando sus recursos humanos y materiales para dar un adecuado servicio de Justicia.
No es novedad, lamentablemente, el descreimiento de la ciudadanía en general hacia las instituciones oficiales, no siendo ajeno a ello el Poder Judicial y en particular, la Justicia Federal, que ocupa los primeros lugares de dicho ranking negativo, y esta imagen de desaprobación por sus resultados tiene varios factores, algunos propios y otros ajenos, que por el bien de la República no deben subsistir.
La finalidad de la iniciativa oficial, nombrar 94 jueces, es buena y positiva, y así debe ser receptada, pero no debe quedarse en un título o en discurso, sino que deben extremarse todos los esfuerzos posibles hasta finalizar su pronta implementación, y en este sentido, no deben prevalecer actitudes timoratas, ni renunciamientos a los principios, ni mezquindades, y muchos menos, ceder a manejos de tinte político, a los cuales, desde hace décadas, como sociedad, nos hemos ido acostumbrando a ser pacíficos espectadores, mejor dicho mal acostumbrando, tomándolos como naturales, y por ende, así han sido los magros resultados institucionales obtenidos, y en particular, como se ha dicho, la Justicia no ha sido ajena a ello, haciendo mella en el “Hombre de a Pie”, que es el que los sufre a diario, y que repercute en todos los ámbitos.
Citando al reconocido jurista italiano Francesco Carrara: “Cuando la política entra por la puerta del templo, la Justicia huye asustada por la ventana para regresar al cielo”, podemos colegir que si la política ingresa a los despachos de nuestros tribunales, la Justicia, por ende, se desdibuja, y termina siendo vapuleada como si no existiera.
Por supuesto, todo este panorama negativo es rechazado y criticado, ya que en la mayoría de los procesos que se ventilan en nuestros tribunales no se cumplen con los parámetros constitucionales, ni con los principios procesales que deben reinar en el ámbito judicial, como ser, además de probidad y objetividad, el de celeridad procesal, economía procesal, y sobre todo, también fallan las garantías como el debido proceso y la tutela judicial efectiva, herramientas fundamentales que toda justicia republicana debe proveer, tanto a víctimas como a victimarios.
En buena hora se da este compromiso de optimizar el funcionamiento de los tribunales federales del interior del país, con el noble fin de juzgar los hechos de narcotráfico, los cuales, dada su cantidad, han abarrotado el trabajo de los mismos, pero también a esto hay que sumarle la grave falta de recursos que poseen las distintas fuerzas que son auxiliares de la Justicia, pero en este sentido, también se ha ido mejorando.
No puede dejarse de considerar el flagelo social que provoca el narcotráfico en un país, y por ende, debe ser combatido ya que puede derivar en un narcoterrorismo. Ejemplos de ello, nos sobran y afecta a los componentes de una sociedad organizada, es decir gobiernos, instituciones intermedias, y sobre todo a la población en general, diezmando su educación y la cultura, y los valores que todo núcleo debe sostener incólume, ya que compromete hasta la vida misma, valor supremo si lo hay.
*Abogado especialista en Derecho Penal, Federal, Económico y Tributario. Profesor Ucema.
