En baja. Las mediciones oscilan entre 8 y 12 puntos en la aprobación del Gobierno. |
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Martin Wallach*
El 25 de octubre de 2015 se conocieron los resultados provisorios de la primera vuelta de las elecciones nacionales, y la mayoría de los analistas políticos y expertos en comportamientos electorales dedujeron que Mauricio Macri sería el próximo presidente de la Argentina.
Para un amplio sector de la sociedad, el kirchnerismo y su modelo político y económico estaba agotado tras 12 años desgastantes, y el resultado de la segunda vuelta fue un reflejo de ello. Se esperaba que el ex presidente de Boca encarrilaría fácilmente las variables económicas que acechaban al modelo K, y su mayor desafío radicaba en lograr un consenso político que moldeara los (¿inevitables?) ajustes que la economía doméstica demandaba.
La fragmentación de la oposición fue una inestimable colaboración para cristalizar las transformaciones de la primera mitad de gestión.
Inteligentemente, el Gobierno, a sabiendas de que el resultado electoral no le otorgó un cheque en blanco sino un plazo fijo, tejió acuerdos para lograr sus objetivos y así llegó sin grandes sobresaltos a 2017. Las elecciones de medio término fueron otro cantar. El respaldo electoral a la gestión del Gobierno profundizó las reformas que el Ejecutivo había sugerido hasta octubre pasado: reforma previsional, impositiva y laboral fueron la línea de 3 sobre la que el Gobierno se plantó.
Sin embargo, fue sorpresiva la respuesta de nuestra siempre activa sociedad civil frente a la baja de los haberes jubilatorios. Al oficialismo se le presentó un escollo con el que a priori no contaba y, si bien la reforma finalmente se aprobó, una multitudinaria y tumultuosa movilización cuestionaron el rumbo del Gobierno. Por este motivo las reformas subsiguientes se encuentran en stand by. Además, dos nuevos ingredientes se conjugan al mal momento que atraviesa la relación entre el Gobierno y la opinión pública.
Uno: el error no forzado del ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), desde dos enfoques diferentes. Por un lado, lo que concierne al maltrato a su casera Sandra Heredia, contratada irregularmente; y por otro, su inclusión como “comisaria política” en un sindicato intervenido sin credenciales de idoneidad aparentes. La respuesta del Gobierno mediante el decreto que impide la designación de familiares directos en la función pública parece una reacción correcta para un amplio sector de la sociedad, pero insuficiente y tardía. El daño está hecho.
Dos: el asesinato del delincuente Pablo Kukoc por parte del policía Luis Chocobar y la posterior felicitación del propio presidente trajeron nuevamente a la discusión pública un viejo anhelo de punitivistas: la pena de muerte que de hecho practicó el agente de Avellaneda.
Sobre este punto resulta imprescindible una aclaración frente a las declaraciones del asesor presidencial Duran Barba. La sociedad argentina tiene entre sus preocupaciones principales desde hace más de veinte años la inseguridad, y le exige al Estado (¿a quién si no?) que lo resuelva, lo cual no implica un acuerdo con la pena de muerte. Nuestro país posee un pasado aún reciente de violencia institucional que está tatuado en un sector importante e intenso de nuestra sociedad. Ni la violencia institucional ni la pena de muerte gozan del acuerdo de la mayoría de los argentinos. Ensanchar la grieta con un asunto tan delicado resulta una estrategia audaz, pero temeraria.
Todos estos elementos confluyen e implican una caída en la aprobación de gestión del gobierno nacional que oscila, según las diferentes mediciones, entre 8 y 12 puntos porcentuales. Aun con el beneplácito de los grandes medios, algo inédito para nuestra democracia.
Las primeras fichas del tablero están movidas, la partida es larga y tiene como punto de llegada 2019. Considerando la convulsionada dinámica de la política doméstica y su correlato en la opinión pública, nada está consumado. La reelección de Macri, que hasta hace algunos meses era una Fija, hoy es una apuesta con riesgo creciente.
