La democracia, además de ser el sistema político que tiene por desafío conciliar libertad individual e igualdad de oportunidades para alcanzar su condición plena, supone también un conjunto de reglas básicas que ordenan el comportamiento particular y colectivo. Si esas normas de convivencia no se cumplen la sociedad toda queda a merced de un brote tiránico, cuyas consecuencias resultan trágicas e impredecibles.
Como antídoto, entonces, el diálogo es central. El mismo permite procesar los conflictos y armonizar intereses en tensión. Además, el honesto ejercicio dialéctico de escuchar y exponer argumentos tiene que servir para iluminar la razón. En ese camino de entrega mutua, los interlocutores sensatos pueden cuestionar sus propias ideas, e incluso hasta cambiarlas. Un claro ejemplo lo dieron Graciela Fernández Meijide y Héctor Leis en su intercambio sobre los años 70.
El desafío parte de una premisa: no hay lugar para el agravio y la descalificación.
Lejos de lo deseable, el presente tiene rasgos de agreste banalidad. Va una muestra. Desde un simplismo, hay quienes igualan gobiernos democráticos con experiencias de facto. En su momento, no faltaron sectores desmesurados que tildaron al kirchnerismo de dictadura. Hoy ocurre algo similar con Cambiemos: grupos minúsculos, con poder de acción en la esfera pública y vértice aglutinador con algunos sectores de la oposición, fuerzan un grotesco parangón entre el oficialismo y el período militar 1976-1983.
En este contexto, la docencia histórica se impone como tarea. Para ello es necesario hablar del pasado, contemplando matices y circunstancias. Solo así se podrán desmontar planteos maniqueos que justifican comparaciones absurdas. Frente a tal desafío, en tanto, desde Balcarce 50 emana un discurso de futuro permanente. Esta apuesta, que constituye un error político y un defecto metodológico y argumental, se explica por dos razones. Una: la línea directriz que impone el PRO en la coalición gobernante. Y dos: la estrategia de diferenciación del oficialismo respecto del gobierno anterior, cuya sacralización del setentismo fue un parteaguas total.
Al margen de las valoración que pueda hacerse sobre el gobierno actual, o sobre cualquier período constitucional anterior, la equiparación democracia-dictadura es un síntoma de analfabetismo cívico con evidentes aristas nocivas, a saber: desconoce y menosprecia la legitimidad de origen de un gobierno surgido de comicios libres; banaliza la idea de libertad y la práctica política como motor de transformación. A la vez, trastroca los principios republicanos de debate y legalidad, volviéndolos elementos decorativos de la anomia general. Pero hay algo más: el debate sobre los Derechos Humanos también aparece teñido por esta igualación funesta.
Hace 35 años, la democracia reconcilió a los ciudadanos con la política y la paz. Tras la ajuridicidad de la dictadura, el gobierno de Raúl Alfonsín hizo revivir el Estado de Derecho, las libertades públicas y las nociones de pluralidad, respeto y tolerancia. Hoy, en cambio, mientras la “grieta” se erige en el concepto comodín que todo lo explica, se debilitan la convivencia pacífica y diálogo civilizado. Así la calidad democrática se deprecia día a día. Para modificar esta realidad es necesario que la dirigencia política y la sociedad retomen los valores fundantes de 1983. Revalidar aquel consenso básico perdido sería un buen primer paso para mejorar colectivamente.
*Miembro del Club Político Argentino.
