El uso desproporcionado de la fuerza en la represión de la protesta y los desalojos configura un acto criminal. No es ni legal ni legítimo el homicidio de manifestantes u ocupantes de territorios, máxime allí donde existen extensos conflictos con comunidades originarias. Los desalojos de tierras –como los piquetes, el corte de rutas, la ocupación de inmuebles- tienen estrictos protocolos que deben ser respetados por las fuerzas de seguridad.
La Justicia es la encargada de que las fuerzas respeten los mismos. Preservar la vida de los manifestantes (incluso cuando protestan u ocupan terrenos en forma violenta e ilegítima, vulnerando la propiedad privada) es parte esencial de los mismos. El Estado está para garantizar la integridad de quienes protestan y debe garantizar también la vida de aquellos a quienes desaloja e incluso de quienes delinquen. En un Estado de Derecho no hay zonas grises o liberadas donde las fuerzas de seguridad, autonomizadas y liberadas de todo control judicial o político, puedan usar desproporcionadamente su poder. El fin no justifica los medios. Perseguir manifestantes (mapuches o no) a los tiros o a los piedrazos (como declaró y reconoció la propia Gendarmería tras liberar el corte de ruta en Pu Lof de Cushamen), forzando a muchos manifestantes a refugiarse en una montaña o a escapar cruzando un río gélido (como presumiblemente sucedió con Maldonado, ahogado en el marco de un acto de represión de Gendarmería), configuran no meros “excesos” de las fuerzas de seguridad, sino un plan que empieza a ser sistemático de desproporción en el uso de la fuerza en la respuesta de la protesta social, un plan que comienza a repetirse de modo sistemático, con consecuencias similares: la desaparición o muerte de manifestantes, indígenas o no, en el marco de actos represivos ilegales y desproporcionados de la Gendarmería o la Prefectura.
La ministra Bullrich se equivoca cuando califica la represión desproporcionada (que causa la muerte de manifestantes o indígenas, ocupen territorios o no) como un acto legal y legítimo. Nunca la muerte de una persona por parte de las fuerzas de seguridad puede configurar un acto “legal y legítimo”. Todo lo contrario. Son crímenes. Existe una desproporción en el uso de la fuerza. Y una muy mala ponderación de derechos.
Diversos estudios del sistema interamericano vienen dando cuenta de una escalada autoritaria en América Latina, sobretodo en Centroamérica, donde las fuerzas de seguridad, con sus mal llamados “abusos y excesos”, cometen crímenes que se cobran vidas a diario. La mayoría de las víctimas de esta violencia institucional son siempre los jóvenes, en general pobres. Es lo que algunos califican como un “genocidio por goteo”. Otros hablan de un “genocidio cultural” contra las comunidades originarias. Una de las más visibles expresiones de las tendencias autoritarias que se está profundizado en un gran número de países de nuestra región, es la respuesta de las autoridades públicas frente a las manifestaciones pacíficas, la cual se caracteriza por (a) el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de policías y militares; (b) inexistencia de control respecto al uso de la fuerza con el objetivo de castigar a quienes participan en las manifestaciones; (c) la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza; y (d) la persecución penal de las personas manifestantes encasillando sus conductas dentro de tipos penales que no cumplen con los principios más básicos del derecho penal liberal. Es decir: se criminaliza la protesta social, apelando al derecho penal de autor (y no de acto, apelando al derecho penal del enemigo), criminalizando a quienes se manifiestan, indígenas o no, por sus derechos. La represión brutal de Gendarmería a los indígenas y a quienes los apoyan (jóvenes como Maldonado) no es un camino aceptable en una democracia. Es persistir en el camino que produce –y agrava- la violencia. Aunque sean "grupos violentos que no respetan la ley", como alega la Ministra, no deben por eso ser asesinados por el Estado. En una democracia, los crímenes (de Estado) no se pueden justificar criminalizando a la víctima, haya delinquido o no.
(*) UBA-Conicet. Becario de la OEA . Profesor.
