La Constitución argentina, tanto la originaria como la reformada en 1994, sólo crea un órgano judicial: la Corte Suprema. Sin embargo, no es ésta el único integrante del Poder Judicial sino su cabeza. Los restantes tribunales son creados por ley del Congreso y quedan subordinados a la Corte. Esta decisión constitucional no es menor, puesto que demuestra el rol político central que se le otorgó a este tribunal desde el origen de la organización nacional. Este rol político que tiene la Corte no está vinculado con las luchas partidarias sino con la interpretación de la ley y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes.
El fallo dictado aplicando el beneficio del 2x1 a un detenido por delitos de lesa humanidad, impactó en la sociedad argentina y provocó un hecho político que no registra antecedentes similares en la historia del tribunal. Nunca una decisión provocó un rechazo social y una convocatoria pública que reuniera una multitud como sucedió el pasado 10 de mayo.
Resulta notable que los indultos del presidente Menem, dictados en 1989 y 1990, sin duda los actos a favor de la impunidad de los delitos de lesa humanidad y sedición de más trascendencia, no causaron una reacción social de la misma proporción. El diario El País de España del 10 de septiembre de 1989 titula una nota sobre el tema de la siguiente forma: 200 mil argentinos en contra del indulto, luego aclara que esa cifra fue la que manifestó en todo el país, pero en la Capital Federal alcanzó 150 mil adherentes. Muchos de los dirigentes del Partido Justicialista que aprobaron explícitamente o con su silencio ese ignominioso acto, se abroquelaron hoy para rechazar la decisión de la Corte. Las mayores columnas de rechazo al indulto provenían de las organizaciones de derechos humanos y de la Unión Cívica Radical, partido de oposición con mayor representación parlamentaria en el Congreso y que había llevado adelante el histórico juicio a las Juntas Militares.
Es difícil creer que la Corte desconozca el cambio de la sensibilidad social respecto de los derechos humanos que se operó desde 1989/90 hasta el presente. Los discutibles argumentos jurídicos en los que se funda la decisión de la mayoría no fueron contrastados por los magistrados con esta atmósfera cultural respecto del tema. Parece ingenuo pensar que juristas con experiencia en su ciencia y también en la política –uno de ellos ocupó importantes cargos políticos en la administración del presidente Néstor Kirchner–, no hayan medido la reacción social que provocaban con esta decisión.
El fallo –tomado el término en su doble significado de decisión judicial pero también de error– logró asestar al Gobierno uno de sus mayores golpes. Creó la desconfianza sobre su ausencia de responsabilidad en el dictado, alejó a socios estratégicos, enfureció aún más a sus enemigos y, sobre todo, por la torpeza comunicacional que caracteriza a esta administración produjo un mayor desasosiego sobre sus objetivos.
Fundamentalmente, es difícil hallar el motivo por el cual se dicta una decisión que no podía escapar del conocimiento del tribunal el impacto que iba a ocasionar en la castigada sociedad argentina, cuando todavía no lo ha hecho en temas en que la sociedad pide respuestas. Ni los casos de Nisman o Milagro Salas han obtenido una decisión del tribunal que aclare a nivel nacional e internacional ambos casos. Las innumerables causas de corrupción que no producen ninguna decisión judicial definitiva en instancias inferiores tampoco provocaron la acción del tribunal para responder a casos de indudable interés social.
La Corte decidió por mayoría en un caso discutible desde el punto de vista jurídico, como lo demuestran los votos en minoría y tomó el peor camino para afianzar las lábiles estructuras institucionales del país. Fue protagonista de la historia por un fallo que debilitó aún más los lazos institucionales y que crean una desconfianza pública en el máximo tribunal, por la división de sus miembros y por las sospechas incomprobables de su decisión.
Un tribunal integrado por jueces que no sólo fueron propuestos por presidentes determinados (Duhalde, Kirchner y Macri) sino que contaron con un aval de la sociedad civil a través de las audiencias públicas que impone el decreto 2002/03 y un Senado con mayoría peronista en todos los casos, aparece hoy ante la sociedad como un órgano que no mide la resonancia que sus decisiones pueden ocasionar y agrede el consenso social sobre un tema esencial para la convivencia democrática como lo son la memoria y la Justicia en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
*Prof. D. Constitucional. Autor del libro: Corte Suprema Argentina. Luces y sombras.
