“No lo escuché a Aranguren pero sé lo que hizo, que fue dejar su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas”. Con su particular dialéctica, el Presidente salió el Viernes Santo a defender a su ministro de Energía, quien había declarado que recién iba a repatriar sus inversiones en el exterior a medida que se vaya recuperando la confianza en el país.
El nuevo sincericidio de Aranguren (un hombre poco apegado al doble discurso, lo que le genera varios dolores de cabeza) podría dar para abarcar la totalidad de esta columna. Sin embargo, ese árbol con formato de reacción personal no debe obturar ver el bosque: la defensa presidencial ejemplifica una autoindulgente mirada que el Gobierno tiene sobre su moral.
Las palabras de Mauricio Macri respecto de su ministro no son producto de una respuesta espontánea, sino de un convencimiento. Amén de que, empezando por el Presidente, son varios los funcionarios que declaran ahorros en el exterior (y un puñado tiene afuera mucho más que lo que tiene en el país), el mensaje es que en la administración macrista hay mucha gente que le está haciendo un favor a la patria al trabajar en el Gobierno.
Esta suerte de liviana superioridad moral ya fue manifestada en anteriores oportunidades, no solo por Macri. Por ejemplo, hace apenas un mes, Marcos Peña respaldó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, luego de que PERFIL y un grupo de investigadores periodísticos revelara que tenía acciones sin declarar en offshores. “El es un orgullo para este país y para el Gobierno. Dejó todo lo que estaba haciendo para venir a la Argentina. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B, eh. Y dejó todo para venir a jugársela por su país”, sostuvo el jefe de Gabinete.
Concedamos que algo de razón le puede asistir al argumento del aparente “renunciamiento” de la comodidad corporativa, si se toma en cuenta que venimos de casi tres décadas con funcionarios que llegaron pobres a la actividad estatal y se enriquecieron a niveles asombrosos. El kirchnerismo elevó esa lógica al paroxismo.
Tiene su mérito ser exitoso en el sector privado, claro. Sin embargo, ello no necesariamente se traslada a la función pública ni otorga pátina de santidad ante situaciones sospechadas de falta de transparencia.
Allí Cambiemos puso la vara alta. Pero flexibilizó la medición. A Aranguren y Caputo (como al renunciante Díaz Guilligan, ¿se acuerdan?) no se les endilga apropiarse de fondos públicos o de hacer negocios particulares desde sus cargos. Se les achaca posibles conflictos de interés al no declarar todo lo que hicieron o acumularon antes de ser funcionarios, lo que viola la Ley de Etica Pública.
Resulta obvio que al lado de los bolsos de José López y de la cleptocracia K estas cuestiones parecen resultar menores. Esta justificación comparativa ya fue ensayada por el propio Peña hace dos semanas, en la Cámara de Diputados, para resguardar a Caputo. Lo consiguió a medias: ahora será el ministro el que deberá dar sus explicaciones ante una comisión bicameral el miércoles 4.
Antes de ello, el ministro de Finanzas ya había presentado sus argumentos puertas adentro del Gobierno, a través de un personaje de oficialismo más influyente que visible. Allí aclaró que aunque la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) mostró que él figuraba como propietario de offshores (como documentó este diario), en realidad era el fiduciario de acciones ajenas, por lo que no debía declararlas al ingresar a la gestión macrista. El Presidente y el jefe de Gabinete se dieron por satisfechos. Otros ministros, en cambio, creen que a la cúspide del Poder Ejecutivo la calma llegó más por necesidad que por convencimiento.
Idéntica esencia, la de la necesidad, es lo que mantuvo en el cargo a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo que tenía contratada de manera irregular a una empleada casera, a la que encima designó en un gremio intervenido por su cartera. Otra muestra de que la superioridad moral macrista a veces es más que leve.
