La hora de la ‘Justicia Ferpecta’

Vayamos de lo más simple a lo más complejo, siguiendo el método de Descartes. El kirchnerismo representó muchas cosas en la historia argentina, una fue la corporización pornográfica de la corrupción a través de funcionarios de tercera, segunda y primerísima línea. Similar a la del menemismo, sólo que el latrocinio no estuvo centrado en torno a las privatizaciones sino a la obra pública. Aunque hubo de todo.

Por eso, cualquier funcionario de peso que haya pasado por esas dos administraciones peronistas (la de la Alianza tampoco estuvo exenta de corrupción) después no puede mostrarse sorprendido. Cuando quienes ocuparon cargos relevantes durante el kirchnerismo hoy dicen “yo no sabía”, en realidad deberían decir “yo no quería saber”. A muchos medios les toca lo mismo. A una parte importante de la sociedad también.

Porque el robo sucedía a la vista de todos. Lo evidenciaban los repentinos enriquecimientos, lo sabían los empresarios que recibían presiones y en especial los que pagaban las coimas, y lo sufrían las autoridades y los políticos honestos que se lo contaban a los periodistas que querían escuchar.

 Desde los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner las tapas de Noticias colgaban de los kioscos con esa información. Dos años después se sumarían las de este diario (la primera portada de PERFIL llevó de título: “El ex ministro de Justicia de Kirchner renunció para no firmar una licitación con sobreprecios”. Ese ex ministro era el actual juez de la Corte, Horacio Rosatti. El denunciado era el actual preso Julio De Vido).

Sobreactuación. Sobreactuar también es actuar por lo que no se actuó antes, exagerar para disimular culpas frente a los demás y frente a nuestra propia conciencia.

La reciente auditoría realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sobre el trabajo de los jueces federales revela el alto nivel de inacción de algunos durante esos gobiernos. Años de causas cajoneadas, con denuncias fiscales y sin siquiera una persona citada a indagatoria.

Todo eso es lo más simple, siempre estuvo claro y ahora lo reproducen los medios y una mayoría lo da por cierto: hubo corrupción en el kirchnerismo desde el día cero. Y hubo jueces que desde ese día miraron para otro lado.

Vayamos a lo más complejo. El problema es cómo los jueces imparten ahora justicia después de tanta lentitud manifiesta. El problema es cómo ese sector social, que hoy es mayoría, pasó de criticar a quienes denunciaban al kirchnerismo a dudar más tarde, y hoy, con la certeza de los conversos, celebran ante cada nuevo encarcelado K con fervor deportivo.

Estamos inmersos en un vértigo parajudicial caricaturesco. De años en que las causas que tenían como protagonistas a los jefes kirchneristas eran sobreseídas en semanas se pasó a prisiones exprés para todos ellos. Es una “Justicia Ferpecta”, una dislexia institucional, lo contrario de la perfección.

Si uno fuera mal pensado, se diría que los mismos jueces que llegaron a sus cargos de la mano del peronismo hoy intentan devolverle una mano a ese peronismo actuando al borde de la legalidad para que luego otros jueces anulen lo actuado y los corruptos terminen convirtiéndose en víctimas y queden libres, como héroes.

Esta mirada conspirativa es fantasiosa, porque las personas se dejan guiar más por conveniencias coyunturales que por estrategias maquiavélicas. Pero, en los hechos, es lo que podría suceder.

Temeridades jurídicas. Las detenciones de un kirchnerista clave como Zannini y de personajes marginales de aquellos gobiernos se suman a las de otros ex funcionarios que aún no recibieron condenas y, en algunos casos, ni siquiera habían sido llamados a declarar.

Siguen la línea fijada el último 17 de octubre por la sala presidida por Martín Irurzun: una persona debe ir presa aunque no esté condenada, ante el riesgo de escapar o de interferir en una investigación. Los mismos referentes judiciales del Gobierno califican a estas preventivas de “temeridad jurídica”. De hecho, en el Ministerio de Justicia trabajan en un proyecto que limite esa facultad para decidir sobre la libertad de las personas. La intención es que los jueces deban exhibir pruebas concretas que demuestren intenciones de fuga o acciones tendientes a ensuciar una causa.

La lógica usada por los magistrados de que gente que hoy está lejos del poder pueda interferir en las causas y cuando eran los dueños del poder, no (al menos nadie pedía su detención), despierta la sospecha y preocupación del oficialismo: “El día de mañana, con más razón podrían encarcelar a cualquiera de nosotros, ya que un funcionario en actividad, si quisiera, tendría más posibilidades de interferir en la Justicia”.

Ejemplifican con el propio Presidente: siguiendo esta doctrina un juez podría haber ordenado su detención cuando fue investigado por los Panamá Papers (y meses después lo habría liberado al fallar que era inocente).

La riesgosa discrecionalidad de los jueces para encarcelar a personas no condenadas presenta un peligro adicional: si esa persona pasa dos o tres años en prisión esperando el juicio, ¿esa situación no generaría una presión sobre el tribunal que deba dictar la sentencia, sabiendo que declarándolo inocente daría paso a un escándalo público y a un escarnio judicial?

En el caso de los últimos detenidos K se agrega una polémica más, porque la figura de traición a la patria que usa Bonadio suele estar referida al levantamiento armado contra un gobierno o a la colaboración con un enemigo externo. El juez entiende que eso es lo que habrían hecho estos detenidos, al catalogar a Irán como país agresor y a estas personas como sus colaboradores.

Pero aun así surge la duda de si el memorándum de entendimiento con Irán (que se proclamaba como “un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la AMIA” y nunca se aplicó) fue un controvertido acto de gobierno, que contó con aprobación legislativa (y que fue denunciado por PERFIL bajo la pluma de Pepe Eliaschev), o fue un crimen que merece la prisión de todos los que intervinieron, directa o indirectamente.

¿Espectáculo o Justicia? En riguroso off, un alto funcionario de Justicia habla sin piedad sobre Bonadio: “Es una vendetta personal suya, no tiene brújula, no habla con el Gobierno, no avisa nada y emputece el clima político en el Congreso”. Jura que se enteraron de las prisiones por los medios.

Desde el sector político oficial los desvela que la propia Cristina termine presa. O es lo que dicen: “Puede tener consecuencias impredecibles.” Piensan en 2019.  

Desde el área económica aluden a ciertas preocupaciones de inversores extranjeros. Es que a quien va a invertir su dinero le interesan reglas claras y no pagar sobrecostos derivados de la corrupción. Aunque al mismo tiempo la volatilidad de los jueces para acomodarse a los climas políticos y la liviandad con la que se manejan las libertades de las personas, más que confianza les infunden preocupación.

El espectáculo de la Justicia puede generar rating, beneficios políticos, vendettas personales y exculpaciones colectivas.

Pero la Justicia es otra cosa.