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PUNTO DE INFLEXION

¿Era en abril?

El Gobierno siente que la realidad empieza a sonreírle. Y saca cuentas.

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DURA LEX SED LEX Ricardo Lorenzetti | PABLO TEMES

La etimología es esquiva sólo con uno de los doce meses del año: abril, sobre cuyo origen no existe un consenso unánime. Algunos sostienen que su nombre proviene de aprilis, en latín abrir, en relación con que es la época del año en que surgen los brotes y se abren las flores (en Roma y en el resto del hemisferio norte: lejos de esta periferia). Otros aseguran que deriva de Afrodita, diosa griega de la reproducción. En cualquiera de los dos casos, el origen del nombre del cuarto mes del año parece venir como anillo al dedo para Cambiemos. ¿Está acaso más cerca el comienzo de la esperada recuperación económica? ¿Habrá de sentirse justito antes de las primarias del 13 de agosto, y más contundentemente en las legislativas del 22 de octubre? Prudencia: muchos pensaron que ese oasis llegaría en el último tramo del año pasado. ¿Habrán equivocado la primavera boreal con la septentrional? ¿Confundido el segundo semestre de 2016 con el segundo trimestre de 2017? Posibles imprecisiones de la carta astral de este programa de estabilización económica, que aún no tiene nombre (descarten Primavera).


El concepto de “punto de inflexión” es caro a muchos funcionarios de este gobierno. Esto se ratificó en la estrategia de comunicación desplegada en el Mini Davos celebrado en Puerto Madero. La mejor forma de olvidar un par de meses ciertamente muy complejos y plagados de errores no forzados es mirar para adelante y suponer que todo tiempo pasado fue peor. Sobre todo, cuando los adversarios parecen equivocarse más que uno.


 La ola de radicalización que vivimos en marzo culminó de forma inesperada: una masiva convocatoria el 1A; un paro general con acatamiento dispar y cuyo protagonismo quedó sesgado a grupúsculos de ultraizquierda que desplegaron tácticas más propias de los rebeldes primitivos de la Edad Media que de los críticos globalifóbicos de esta sociedad posindustrial; el consecuente debilitamiento de una conducción colegiada de la CGT; una mínima muestra de profesionalismo y contundencia en el accionar de la Gendarmería evitando y disolviendo piquetes, que representa el regreso del Estado para garantizar el orden público, y el abrupto final del conflicto docente, con una victoria sin condiciones para María Eugenia Vidal (que parece ir por la vida convirtiendo en morsas a quienes se enfrentan con ella). En el ínterin, si alguien pensó que algún juez podría sentirse amedrentado por el “vamos a volver…”, ocurrió todo lo contrario: Claudio Bonadio procesó a toda la familia Kirchner y su red de amigos y entenados por asociación ilícita en la causa Los Sauces.


Pero no todo lo que brilla es oro, ni siquiera potenciales votos. Es cierto que abril empezó con mucha gente manifestando no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino en diferentes puntos del país a favor de la democracia y de muchas medidas y figuras del oficialismo. Una lectura más punzante puede identificar en esas demandas por una mejor calidad institucional una velada crítica a una administración que desplegó hasta ahora una agenda tan minimalista como decepcionante. En efecto, tan sólo una frustrada modificación en el sistema de votación (la malograda boleta única electrónica) en 16 meses de gobierno constituye un magro balance. Peor aún, el Gobierno ni siquiera incorpora promesas de reforma política en su discurso de campaña.


Macri revivió recientemente la doctrina K sobre política pública: las diferencias deben dirimirse en las urnas. ¿La democracia deliberativa? ¿Dialogar, debatir, intercambiar ideas de forma respetuosa y reconociendo los intereses y las demandas de los actores económicos, políticos y sociales?


Tanta gente de clase media y media alta expresando sus preferencias políticas al día siguiente del fin del blanqueo más exitoso de la historia obliga a preguntarse si detrás de ese genuino reclamo a favor de la democracia no yacía, consciente o inconscientemente, una preocupación bastante más egoísta aunque no menos legítima y sensata por sus activos ahora exteriorizados, información que finalmente quedó registrada en la AFIP. Que por ahora está en manos de gente responsable. ¿Y en el futuro? El eventual retorno de gobiernos populistas con poco apego a los derechos de propiedad podría generar un entendible terror entre quienes ya no pueden proteger sus ahorros en el exterior de la mano visible, inflacionaria y expropiadora de un Estado capturado por elites depredadoras. En este sentido, el 1A parece emparentarse con otro reclamo masivo y otoñal ocurrido hace nueve años, cuando la Resolución 125 disparó la primera revuelta fiscal de la historia argentina.


En Cambiemos también apuestan a que una masiva inversión en obra pública permita capturar en los grandes centros urbanos un porcentaje de votos significativo, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Es cierto que los planes son muy ambiciosos, en particular la inversión en ferrocarriles, cloacas y agua potable. Infraestructura física elemental, que Argentina descuidó durante largas décadas de desidia, corrupción y restricciones financieras. Ahora bien, ¿cuántos de esos proyectos van a estar terminados antes de las legislativas de octubre? Un experimentado funcionario me explicó esta semana que lo más importante es el efecto que tiene en el ciudadano promedio que reside en localidades mal gestionadas la mera presencia del Estado y un avance parcial en obras percibidas como claves.


¿La promesa puede ser más importante que la realidad? No tanto: pero a falta de logros palpables, la expectativa de mejora en la calidad de vida puede influir en las conductas electorales. Tal vez esto explique el hecho de que mucha de la maquinaria recientemente adquirida para desarrollar estos grandes proyectos esté prolijamente estacionada al costado de las rutas.


Todavía no se mueve, pero al menos se ve. Está. Si a esto se le suma la presencia del SAME distribuido estratégicamente en puntos neurálgicos del GBA, el oficialismo puede tener razón en que no parece tan complejo superar el 40% del voto en el principal distrito electoral: pretende lograr la mitad de los votos en el interior (20% del total provincial) y un poco más de un tercio en el frenético cinturón urbano que rodea a la Capital (otro tanto).