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El Síndrome Caputo acosa al gabinete

El Presidente argumentó en dos sentidos para defender a su ministro. 25|03|18

Por primera vez desde que se conoció la relación de Luis Caputo con fondos offshore, Macri aceptó extenderse sobre el caso. No fue en un ciclo político sino en El diario de Mariana, el programa de variedades de El Trece. En ese punto, el reportaje fue revelador, aunque pasó desapercibido entre otros temas.

El Presidente argumentó en dos sentidos para defender a su ministro.

Primero, lo formal: “Es mentira como quiere instalar el kirchnerismo que una offshore es ilegal, es ilegal si no la declarás y no pagás impuestos. Pero es un instrumento jurídico que se usa para organizar inversiones y empresas.”

Tiene razón, aunque en el imaginario social (y periodístico) las cuentas offshore sean sinónimo excluyente de paraísos fiscales en los que se esconde dinero no declarado.

El cuestionamiento en este caso, como le apuntó Diego Leuco en la entrevista, es que justamente se investiga por qué el ministro de Hacienda no declaró las offshore que manejaba y en las que aparece como accionista. Macri atinó a decir que confía en él, y que ya lo va a aclarar en el Congreso el próximo 4 de abril.

Paranoia. Lo segundo que intentó explicar es el problema de los hombres de negocios cuando deciden ingresar a la administración pública: el escaneo social, mediático, fiscal y jurídico de su vida y obra.

Para este gobierno es un tema esencial, porque la mayoría de los funcionarios, empezando por el jefe de Estado, viene de ese mundo.

Macri dijo: “Si el que entra a la política debe explicar su vida, con quién se asoció, con quién no, los tipos enloquecen, porque hay instrumentos del mundo de los negocios que usan todos.”

Esa es la queja que escucha a diario de sus funcionarios de mayor confianza. Cuando Macri habla de “instrumentos” hay que entender que no se refiere solo a los que están dentro de cualquier norma legal (eso sería obvio) sino a los que están al borde de la legalidad (el límite por ejemplo entre elusión y evasión). No se sabe si también habla de los que directamente no pasarían un escrutinio ni en público ni en Tribunales.

El caso Caputo terminó de desatar en sectores del Gobierno, la paranoia de que cualquiera puede ser el próximo. Convertirse en el nuevo Triaca, por haber tenido un empleado en negro o un empleado al que se le contestó mal. En un Etchevehere, por haber recibido un inusual bono al dejar un grupo privado. En un Díaz Gilligan, por una cuenta no declarada en el exterior. O en un Arribas, por recibir transferencias bancarias de personas investigadas.

Uno de estos hombres del poder, en off the record, lo traduce así: “La verdad es que venimos de un mundo en el que se intenta maximizar ganancias utilizando todos los resortes legales posibles. Si se lo hace bien, mejorás la rentabilidad y no se tienen problemas con el fisco. Si actuás mal pagarás multas o tendrás problemas judiciales. Pero ahora, al ser funcionarios nos cambiaron las reglas, porque lo que antes era correcto o estaba al borde de lo correcto sin dejar de serlo, ahora puede ser incorrecto para las normas de la administración pública o difícil de explicar para el público en general. Y lo que antes se resolvía pagando una multa o con una causa, ahora se puede convertir en un escándalo político y mediático que te pone en la mira a vos, a tu familia y tus relaciones”.

Es el Síndrome Caputo que recorre el gabinete y que Macri reflejó en TV. Imperceptible para la audiencia, pero tema habitual en el poder.

Ministro íntimo. Caputo, el padre del Síndrome, comparte los pesares de sus colegas, aunque aclare que él en verdad no fue dueño de Princess International Group, radicada en las Islas Caimán y a través de la cual controlaba Affinis Partners II, a su vez dueña de Noctua, gerenciadora de fondos de inversión.

Esta trama accionaria es la que reveló PERFIL y los periodistas de los Paradise Papers, tras acceder a documentos de la Securities and Exchange Commision (SEC) en los que se confirma algo que él sigue negando: ser dueño de más del 75% de sus acciones.

Porque en privado Caputo haría una distinción entre ser dueño y ser accionista, como se lo habría explicado a sus jefes al decir que esas acciones no eran suyas, pese a estar a su nombre, sino de otro.

Habría que ver si ese mecanismo, por más habitual que él diga que es en el mercado financiero, pasaría el filtro de la ley y lo exceptuaría de la obligación de declararlo al asumir (haciendo la salvedad en todo caso de que esas acciones no eran propias).
Aun siendo cierta la hipótesis caputiana de que él no era el dueño de las acciones que muestra la SEC, restará determinar algo más: si cuando aparecía como accionista de esa offshore, su supuesto verdadero dueño tenía el dinero blanqueado en la AFIP. Demostrar esto no justificaría por qué no lo declaró al asumir, pero al menos mostraría que no prestaba su nombre a alguien con capitales en negro.

Otro punto en cuestión, del que le preguntarán en el Congreso, es sobre las inversiones que realizó cuando operaba para la firma Noctua.

En abril de 2014, Caputo reveló a la agencia Bloomberg que buscaba US$ 300 millones a través de Noctua para invertir en papeles argentinos. Pero meses después, la Justicia estadounidense frenó el giro de dinero a los tenedores de esos bonos hasta que la Argentina saldara la deuda con aquéllos que se habían negado a acordar con el país. Recién cuando en febrero de 2016 Caputo llegó a un arreglo con los buitres, se destrabaron los pagos al resto de los fondos, como Noctua, la firma que el ministro había administrado y aparecía como accionista hasta poco antes de asumir.

Por suerte para Caputo, el 27 de diciembre el juez Luis Rodríguez cerró otra causa que se había abierto a partir de una investigación de Noticias. La nota contaba que en mayo de 2016 la Anses había invertido 450 millones de pesos en el fondo Axis. El fiscal Gabriel de Vedia sostuvo que Caputo había sido el mayor accionista de ese fondo hasta 2015. Es probable que, pese al cierre de esta causa, los legisladores igual le pregunten al respecto.

El “irremplazable”. En el reportaje con Mariana Fabbiani, Macri también marcó como un avance el tipo de sospechas que pesan sobre sus funcionarios, en comparación con las que apuntan a los ex funcionarios K: “En lugar de explicar qué hicieron los funcionarios con la plata de los argentinos, ahora estamos discutiendo qué hicieron los funcionarios con su plata antes de haber entrado a la política... ¿Entendemos la diferencia de nivel, no?”.

Macri cortó la repregunta que Leuco le empezaba a formular sobre si no declarar bienes ni pagar los impuestos, no sería lo mismo que quedarse con “la plata de los argentinos”.

Luego mencionó, al pasar, la importancia estratégica de Caputo en la relación con las finanzas internacionales.
No fue casual. Ese es el argumento que usa en la intimidad para justificar por qué en casos como el de Gómez Centurión o el de Díaz Gilligan se decidió apartarlos hasta aclarar sus situaciones y en el de su ministro de Finanzas, no. Cree que Caputo es “irremplazable” por su conocimiento no solo del mercado financiero mundial sino de las personas que allí se mueven. Sin él, piensa Macri, hubiera sido más difícil salir con éxito del default y acceder a la canilla de los créditos a tasas razonables.

Por eso, la defensa de este funcionario no pasaría solo por cuán convencidos están Macri y Marcos Peña del proceder de su ministro, sino por la falta de opciones para reemplazarlo. Parece exagerado pero, si así fuera, representaría un grave problema para el Gobierno si Caputo no logra demostrar que lo que él consideraba lícito en el mundo de las finanzas internacionales, también lo es para la Justicia argentina.


Escuchas a Cristina

El domingo pasado en esta columna se advertía que, un año después, nadie investigaba la escandalosa filtración de escuchas sobre la ex presidenta. En la semana sucedieron dos cosas. Una: el bloque de diputados de Cambiemos impulsó, junto al resto de los bloques, un pedido de informes a la Corte, desde dónde se hicieron las escuchas. Otra: la misma Corte emitió una acordada en la que solicitó al Congreso una auditoría. Tarde. Pero mejor tarde que nunca.



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