El resultado victorioso que el Gobierno obtuvo en las elecciones del 22 de octubre pasado fue una bisagra. El mensaje de Mauricio Macri del 30 de octubre en el CCK lo hizo explícito: había llegado el momento de actuar y avanzar con medidas que necesitaban el envión y del sustento político que solo podía dar un triunfo electoral. Los que saben lo que pasa en los pasillos del poder cuentan que, a mediados de 2017, el Presidente había recibido un documento que contenía un diagnóstico de situación de la economía y una serie de decisiones que deberían adoptar en busca de las soluciones de fondo que demanda la compleja realidad argentina. Aparecía ahí como tema central el déficit fiscal y su principal efecto adverso, la inflación. Todos entendieron que ese plan de acción se podía ejecutar luego de la elección y –para ser precisos– solo en caso de ganarla.
Producido ese resultado, Macri supo que no había tiempo que perder. Consciente del impacto negativo que producirían algunas de esas medidas, actuó siguiendo las reglas del manual: las decisiones debían tomarse e implementarse en estos meses, a fin de aprovechar el impulso de la victoria electoral y de alejarlas lo máximo posible de las elecciones presidenciales de 2019. “Las resoluciones más duras las tienes que adoptar no bien comiences tu mandato”, es la frase que con acento madrileño le dijo el rey Juan Carlos I al Presidente pocas horas antes de comenzar su mandato. Por los hechos hasta aquí ocurridos, se ve que Macri no olvidó el consejo y se dispuso a actuar en consonancia con el consejo del hoy abdicado rey de España.
Como era previsible, todo esto –el recorte de las jubilaciones y los aumentos de combustibles y transporte– ha tenido un costo político que bien grafican las encuestas que muestran una caída de ocho puntos en la imagen positiva del Presidente. “Pasó lo mismo con las tarifas del gas”, recuerda una voz del Gobierno a la que Macri escucha con atención.
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La economía está en el centro de las preocupaciones del Gobierno y de la sociedad. El combate contra la inflación es la prioridad y, como lo expresa el bolsillo de los ciudadanos, el éxito aún queda lejos. Después del cimbronazo que representó el desplazamiento del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, de su rol central en la fijación de las metas de inflación, los remezones dentro del Gobierno no han cesado. De hecho, la semana terminó con rumores que hablaban sobre la incertidumbre existente acerca de la continuidad de Sturzenegger en el cargo.
Tan fuerte fue el rumor que hubo necesidad de que desde el Poder Ejecutivo se desmintiera la especie. Hay una norma de la política que dice que cuando hay que comenzar a ratificar a un funcionario es porque algo no anda bien.
Del paquete de medidas y leyes que el oficialismo trazó como hoja de ruta en el citado discurso presidencial del 30 de octubre pasado, queda la reforma laboral. La aspiración gubernamental es que esto sea tratado y aprobado por el Congreso en febrero venidero. La realidad es que, al día de hoy, esa posibilidad parece poco probable.
Palpitando la ley. Lo dijo con todas las letras y en voz bien alta el senador Miguel Angel Pichetto. Sin la venia de Pichetto no hay ninguna posibilidad de que se aprueben las leyes que el Gobierno requiere del Congreso. Claro que, como casi siempre pasa en la Argentina, los imponderables juegan un papel importante en momentos cruciales. Algo de esto ha pasado en esta primera semana del año.
El caso Balcedo se inscribe en esa dinámica. La cinematográfica detención y las evidencias de una riqueza obscena de Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Minoridad y Educación (Soeme) y empresario periodístico, ha convulsionado el mundo sindical y ha puesto la lupa sobre los turbios manejos de muchos de sus dirigentes. Ni lerdos ni perezosos, desde la Casa Rosada han aprovechado para insistir con un proyecto que, de concretarse, podría ser explosivo: la obligación de hacer pública la declaración jurada de bienes de los dirigentes sindicales.
En ese universo conviven dirigentes honestos con otros que no lo son. Esto no es novedad. Lo que sería novedoso e impactante es que saliera a la luz la riqueza de muchos de ellos. Esto sumado a la ley que impidiera su reelección indefinida –proyecto que presentó y fogonea el diputado nacional Facundo Moyano– serían pasos gigantes para cambiar un modelo de conducción sindical carente de transparencia y favorecedor de la corrupción.
La primera semana de enero ha dejado la foto del flamante titular del peronismo bonaerense, Gustavo Menéndez, con Sergio Massa. La foto denota una cruda realidad: si el peronismo no se une, sus chances de triunfo son nulas. También Máximo Kirchner ha tomado nota de esta circunstancia. El principal problema existente para ello tiene nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner. Hay cosas que no tienen retorno.
Es difícil imaginar una mancomunión entre Sergio Massa y la ex presidenta. El principal problema entre ambos no es una diferencia política, de las que son naturales en ese universo de contornos muchas veces difusos. Allí hubo algo más, mucho más: maltrato personal de CFK, un robo en la casa del ex intendente de Tigre y operaciones de inteligencia en su contra. Massa sabe, además, que nada tiene por ganar y sí mucho que perder con esa foto.
Ante estas movidas, en el Gobierno, donde todos estos movimientos se siguen con atención, alguien recordó una famosa frase de Sun Tzu: “Nunca interrumpas a un adversario cuando está cometiendo un error”.
