Tres millones de pesos le cuesta, en promedio, al Estado atrapar o desbaratar una organización narco. Por esa razón, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich buscará que los condenados por delitos complejos, como el narcotráfico, paguen las costas la investigación que derivó en su detención y juicio.
La resolución del Ministerio de Seguridad -que retoma los artículos 531 y 533 del Código Procesal Penal de La Nación- fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y persigue dos objetivos principales: en primer lugar, que los autores de delitos como el narcotráfico o la trata de personas, costeen los gastos realizados por las fuerzas de seguridad que participaron del proceso para su captura y condena, considerando este pago como una retribución al daño realizado al Estado con su accionar.
En segundo lugar, buscará que los jueces tomen conciencia de los costos de cada uno de las acciones solicitadas a los agentes. Pero también, significará un cambio radical en materia de control de gastos para una mejor asignación de recursos, indicaron fuentes de esa cartera a Perfil.
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La iniciativa, propuesta a la ministra por el Director Nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, Diego Nazareno, comenzará a regir a partir de este miércoles. Se pondrá en práctica mediante un formulario realizado por el área contable de la Fuerza de Seguridad interviniente, que detallará al juez de la causa el costo de las diferentes medidas desplegadas en una investigación.
Narcotest, pericias (balísticas, informáticas, contables, químicas, dactiloscópicas, forenses, entre otras), intervenciones telefónicas, rastreo, custodia de vehículos y domicilios, traslado de detenidos y de los grupos especiales, son alguna de las variables que figurarán en una planilla modelo, con valores estándares pero no fijos.
La resolución considera la complejidad y creciente valor de los recursos utilizados para desbaratar a las organizaciones criminales que cuentan con sofisticados sistemas para evitar ser atrapados. El pago podrá ser cancelado, en parte o en su totalidad, según corresponda, con los bienes incautados a los condenados.
La norma, que está vigente desde 1991 pero nunca había sido aplicada, estima que "las costas están integradas por los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa, la tasa de justicia y los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos (art. 533 del C.P.P.N.)".
Para el Ministerio a cargo de Bullrich, en vista de estas previsiones legales, corresponde a las fuerzas federales y de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigación o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares.
Además, la resolución solicita a las fuerzas federales y de seguridad que establezcan los procedimientos internos adecuados para presentar la planilla de gastos en la Justicia. Serán las áreas contables las encargadas de hacerlo.
